Carlos
Reyes Romero
Los
acontecimientos en Guerrero se desarrollan de una manera vertiginosa desde el 2
de abril pasado.
Dos
son los elementos claves de esta nueva circunstancia: la radicalización de las
acciones de las partes: a) el gobierno ha puesto en marcha un operativo de
disuasión y contención del movimiento que va desde el desalojo de la Autopista
del Sol el viernes pasado y la amenaza de hacer efectivas las ordenes de
aprehensión contra 6 dirigentes, hasta el anuncio del despido de los maestros
paristas y la detención de un comandante de la Policía Comunitaria de Tixtla,
que había comprometido el apoyo de su contingente a los maestros; b) por su
parte la CETEG ha preparado un plan de acción que incluye la convocatoria a una
Asamblea Popular, el recrudecimiento de las movilizaciones y el hostigamiento
al gobernador Aguirre Rivero y al Congreso Local, sin descartar nuevos bloqueos
a la Autopista.
Aun
así, las posibilidades de negociación no están cerradas por ninguna de las dos
partes. Al final del día tendrá que haber una negociación. Adelantándonos a ese
desenlace y para contribuir desde una visión ciudadana a una posible solución,
presentamos las siguientes alternativas de acuerdo:
El
gobierno del estado de Guerrero asume el compromiso de hacer las gestiones
pertinentes ante el gobierno federal, con la concurrencia estatal que
corresponda, a fin de incrementar el número de plazas para maestros, en
particular de los egresados de las normales públicas de la entidad. Todas las
plazas de nueva creación y las vacantes definitivas o provisionales, las horas
de secundaria, las becas-trabajo y cualquier otro instrumento de contratación
se someterán a concurso de oposición.
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Se
seguirá aplicando el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de
la Secretaría de Educación Pública[1], que
es el que rige en el estado de Guerrero, exclusivamente en lo que atañe al
personal no docente, al cual se refiere el Artículo 34 de dicho ordenamiento.
Para
efecto de elaborar el Reglamento de Promociones del Personal Docente de la
Secretaría de Educación Guerrero, se integrará una Comisión Mixta Paritaria en
la que participarán la Secretaría de Educación Guerrero y las organizaciones:
Sección XIV del SNTE y CETEG. Los trabajos de esta Comisión deberán concluir en
un plazo no mayor de seis meses.
Se
procederá a legislar una Ley para la Evaluación de la Educación en el Estado de
Guerrero, que tendrá como propósito mejorar la educación de los niños y jóvenes
guerrerenses y normará la creación y estructura orgánica del Instituto Estatal
para la Evaluación de la Educación, el cual será un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá la facultad de
conducir, coordinar, regular, operar y trasparentar el sistema estatal de
evaluación.
La
evaluación será democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e
integral, con base en los lineamientos emitidos por las autoridades en la
materia y la diversidad sociocultural del estado; en la evaluación participarán
los propios maestros, los estudiantes, los padres de familia y las comunidades,
en los términos que establezca la ley. Se someterá a Foros de Consulta el proyecto
de dictamen de la Ley.
Se
procederá también a elaborar las Condiciones Generales de Trabajo del Personal
de la Secretaría de Educación Guerrero, en las cuales con pleno respeto a los
derechos constitucionales de los trabajadores de la educación se fijaran sus obligaciones
y derechos.
Para
este efecto, se integrará una Comisión Mixta Paritaria conformada por la
Secretaría de Educación Guerrero y las organizaciones: Sección XIV del SNTE y
CETEG. Los trabajos de esta Comisión deberán concluir en un plazo no mayor de
seis meses.
Con
fundamento en el Artículo 54 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero[2],
la Secretaría de Educación Guerrero procederá a crear la Subsecretaría de
Educación Indígena de la propia SEG, instancia encargada de coordinar e
integrar el Sistema de Educación Indígena, desde la educación básica hasta la
superior, el cual deberá garantizar a las comunidades y pueblos indígenas la
educación de las nuevas generaciones en su propio idioma y en el marco de
formación bilingüe e intercultural a que se refiere el Capítulo II Educación y
Lenguas Indígenas de dicha Ley. Los ordenamientos correspondientes establecerán
el objeto, las finalidades pedagógicas, el universo curricular y las
atribuciones, estructura y jurisdicción de este sistema y de su instancia
coordinadora.
(Esta
es una de las demandas principales que los pueblos indígenas y afromexicanos incluyeron
en su propuesta para la nueva Constitución del estado)
Las
partes reafirmamos el precepto constitucional de que: “Toda la educación que el
Estado imparta será gratuita”, por lo que queda prohibido el cobro obligatorio
de cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tengan que ver con
las necesidades de las escuelas públicas.
El
gobierno de Guerrero hará las gestiones pertinentes ante el gobierno federal,
con la concurrencia estatal y municipal que corresponda, a fin de obtener
recursos adicionales para implementar un programa emergente de construcción,
reconstrucción o remodelación de escuelas, así como para su sostenimiento y
mantenimiento, prioritariamente en los pueblos originarios.
En
lo que concierne a la participación social en la educación y a las asociaciones
de padres de familia, así como a la intervención de los padres de familia y
maestros en la determinación de los planes y programas de estudio de la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, se estará a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[3], la
Ley General de Educación y a lo que establece el Acuerdo número 280 por el que
se establecen los Lineamientos Generales a los que se ajustarán la constitución
y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación[4].
Las
partes convienen en promover la integración de los Consejos escolares y
municipales de participación social y en fortalecer el Consejo Estatal en la
materia, procurando que la composición y funciones de estos Consejos propicien
“una vinculación activa y constante entre la escuela y las comunidades, con el
fin de promover la colaboración de padres de familia, maestros y autoridades
educativas en las tareas cotidianas del plantel escolar.[5]”
En
mi opinión estos serían los puntos de acuerdo básicos para que, sin
contrapuntearse con las reformas constitucionales en materia educativa, tanto
el gobierno como la CETEG puedan arribar a un acuerdo honorable que beneficie a
las dos partes, pero sobre todo al pueblo de Guerrero.
Tendría
la virtud de ser un acuerdo endógeno, propio, tomado por la decisión libre y
autodeterminada de las partes y eso es vital para la recuperación, reordenación
y saneamiento del sistema educativo del estado de Guerrero, que tanta falta
hace.
Por
supuesto tanto el gobierno de Guerrero como la CETEG, pueden tomarlo como base
o no de sus negociaciones o hasta desecharlo. Están en su derecho.
Si
el gobierno y los maestros de Guerrero, logran llegar a un acuerdo positivo,
estarán despejando el camino para la revisión, mejoramiento y transformación
del modelo educativo que México necesita y que constituye el problema de fondo
de nuestro sistema educativo. Ojalá lo logren.
[1]
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1973.
Pág. 7. Consultar en: http://www.snte.org.mx/?P=snte_legislacion
[2]
Portal Web del Gobierno del Estado de Guerrero.- Leyes y Reglamentos. Págs. 23
y 24. Consultar en: http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/L701RDCPCIEG1.pdf
[3]
Portal Web de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Febrero 26 de
2013. Consultar en:
[4]
Secretaría de Educación Pública. Emitido el 21 de julio del año 2000. Consultar
en:
[5] Ídem. Pág. 2.
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