Incapacidad oficial y desconfianza popular

Rodrigo Huerta Pegueros*

Cuando el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero solicitó formalmente a la PGR que atraiga el caso del triple asesinato de los dirigentes de la Unidad Popular de Iguala, nos debemos preguntar los porqués de esta decisión tan precipitada.
La única respuesta que salta a la vista es la incapacidad que tiene este gobierno de realizar investigaciones exitosas y sobre todo cuando se trata de asuntos con tintes políticos.
Pero también, nos llega la información nítida de que esta solicitud a la PGR proviene también de parte de los familiares, simpatizantes y militantes de esta organización, quienes no le tienen confianza a la PGJE de realizar una tarea pulcra y sin desvíos de orden político.
Lo cierto es que el gobierno de Aguirre sigue sumando puntos pero en contra, ya que la desconfianza hacia su administración es auténticamente un escándalo, si es que sumamos a los miles de guerrerenses que no le tienen confianza a los cuerpos policiacos, a los funcionarios públicos y a la falta de transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que maneja.


Luego entonces, si tenemos un gobierno que no puede otorgar seguridad pública, no desea investigar crímenes cometidos en su territorio contra dirigentes de organizaciones sociales, si es omiso en sancionar a los funcionarios que abusan de su poder y menos a quienes saquean las arcas públicas, luego entonces, se podría decir que no hemos tenido un gobernante al frente de la administración pública estatal sino un gerente a quien solo le gusta conocer de negocios que le rindan pingues ganancias como son las obras tan cacaraqueadas como el acabús, el macro túnel y del maribús, así como de otras vías de comunicación que se construyen con la complicidad de empresarios conocidos de México y del ex hombre mas rico del mundo, Carlos Slim Helú.
Luego entonces, pidamos que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación federal, se haga cargo de los asuntos políticos y sociales en el estado de Guerrero y que el Procurador General de la República, José Murillo Karam se haga cargo de los asuntos de investigación de crímenes y de violencia promovida por los delincuentes comunes y del crimen organizado y que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor se haga cargo de los asuntos que tienen que ver con el sindicato de maestros, la coordinadora estatal, los normalistas y las pruebas enlace y el funcionamiento de la nueva instancia evaluatoria, pues es de sobra reconocido que el gobierno de Ángel Aguirre ha fracasado de punta a punta tal y como lo muestran y demuestran las intervenciones de la federación para resolver los conflictos que se generan en el territorio guerrerense.
Nunca hemos visto tanta intervención federal en una entidad como Guerrero, pues inclusive en el vecino estado de Michoacán las cosas no han tenido esta relevancia y lo mismo podríamos decir del estado vecino de Oaxaca.
Claro está que la desconfianza en el gobierno aguirrista no es novedad pero su incremento entre la ciudadanía si lo es y debería de preocuparnos cuando todavía faltan muchos meses para que se de el relevo del gobierno estatal.
Lo cierto es que cuando esto se empiece a mover—el asunto de la sucesión—las cosas se van a complicar mas pues habrá mayores vendettas y hechos violentos pues unos y otros se van a enfrentar sin importarles ni colores ni siglas de partidos pues esto está hecho una revoltura que ni los priistas ni perredistas pueden dormir tranquilos ya que no saben si quien ocupa el lugar de al lado es en realidad un compañero o es un enemigo enfundado en una piel prestada.
Lo de Iguala apenas se inicia y podemos apostar doble a sencillo que no habrá soluciones inmediatas sobre el caso y solo se congelará en manos de la PGR como sucedió con el caso de Moisés Villanueva o del propio Armando Chavarría Barrera, quien por cierto todavía saca chispas su caso, pues David Jiménez Rumbo tendrá que desembolsar una gran suma de dinero para pagarle el daño moral que le hizo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo por haberlo acusado de ser el autor intelectual del asesinado del entonces secretario general de gobierno del estado.
Pero esto es otro cantar.
Lo que pasa es que el gobierno estatal se mueve entre la incapacidad y la desconfianza popular.

Periodista/Analista Político*