Rodrigo Huerta Pegueros*
Lo
que faltaba en el estado de Guerrero es que ante la ausencia total de garantías
individuales, los ciudadanos amenazados por los grupos criminales, tienen que
solicitar protección permanente por parte de las policías estatales o
municipales o tener que desplazarse a otra entidad de la República o solicitar
asilo en el extranjero.
Esto
que se vive en la entidad no es mas que una demostración de que las
instituciones han sido rebasadas y que no tienen ningún plan alternativo para
enfrentar con relativo éxito esta situación caótica. Lo mas lamentable de todo
esto es que la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero que encabeza Juan Alarcón
Hernández ha recomendado al gobierno estatal proteger la vida de los
sobrevivientes cuando debería realizar una exhaustiva investigación sobre los
crímenes y las desapariciones ocurridas y los porqués familiares y amigos de
las víctimas sostienen que el alcalde de Iguala tiene que ver con estos hechos
sangrientos.
Al
igual que las demás instituciones en esta entidad, la Codehum también ha dejado
mucho que desear, desde el punto de vista operacional y como dique a frenar los
abusos del poder político y fáctico desde los lamentables sucesos de los
asesinatos contra los normalistas de Ayotzinapa en el no tan lejano año del
2011.
Y
si en Guerrero nuestras instituciones están debilitadas, las que ocurren a esta
entidad del orden nacional, como sería el caso de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, las recomendaciones que ha hecho sobre diversos
acontecimientos suscitado en este territorio no son del todo atendidas y
algunas solo a medias, lo cual lleva a pensar que aún y cuando hablamos mucho
de democracia y de desarrollo, estamos lejos de poder disfrutarlas ya que cada
día las garantías individuales se reducen y amplios sectores de la población no
solo tienen que enfrentar situaciones que parecían rebasadas desde hace muchos
años como son la reaparición de enfermedades como la polio, tuberculosis,
lepra, entre otras o quienes sufren de desnutrición crónica, hambruna y acceso
a servicios básicos como agua potable, drenaje y alcantarillado, luz eléctrica,
etc.
El
cuadro es realmente preocupante y si
deseamos conocer a fondo como estamos, no vayamos a organizaciones no
gubernamentales que llevan a cabo registros de lo que sucede en las entidades
del país respecto a seguridad pública, desarrollo, bienestar, educación,
empleo, medio ambiente, ecología, deporte y veremos que esta entidad está entre
las tres últimas del ranking nacional, sin contar los índices de corrupción,
impunidad, violencia, opacidad y falta de rendición de cuentas. Por lo tanto,
lo sucedido en Iguala es solo un evento más de los trágicos sucesos que en
forma sucesiva se registran en esta entidad y que las autoridades por su parte,
nunca han dado resultados positivos que nos lleven a pensar que están actuando
para que los delitos no se incrementen y que los delincuentes sean sancionados
según lo que marca la ley correspondiente.
Pero
en lugar de esto, lo que seguimos viendo es la frivolidad con la que las
autoridades se manejan y el desdeño que tienen ante la demanda ciudadana.
La
insensibilidad política ha permeado en estos gobernantes que tenemos hoy en día
actuando a lo largo y ancho del estado sean como gobernantes, alcaldes,
diputados, senadores, miembros de los poderes fácticos o públicos, entre ellos
el poder judicial o los institutos que tienen que vigilar el acceso a la
información, a los derechos humanos y a la promoción de conocer la verdad. La
falla es generalizada y esto no es mas que el efecto del mimetismo pues todos
actúan en función de cómo lo hace el virrey, los señores feudales del siglo XXI
en que se han convertido los gobernantes.
Lamentable
es lo que vivimos, pero mas lamentable es que la propia sociedad que resiente y
es afectada por esta clase de actuación de sus autoridades no reacciona y cree
que por si solo todo esto va a mejorar. Craso error y no hay mejorar ejemplo
para corroborarlo que la propia recomendación de la comisión estatal de los derechos
humanos que ha decidido que sea el gobierno estatal quien proteja a los
sobrevivientes cuando son las propias autoridades las que han sido cuestionadas
y son un ejemplo de incapacidad de proveer al pueblo de seguridad pública, ya
no digamos de la seguridad jurídica que tampoco existe en este mar de
corrupción en que se encuentra varada la nave del gobierno del estado que
encabeza Ángel Heladio Aguirre Rivero y a quien nadie puede contradecir o
cuestionar, pues conocen el estado de indefensión en que se encuentra el
ciudadano común frente al poder político ilimitado.
Lo
único que no debemos olvidar es que los tiempos vuelan y en un abrir y cerrar
de ojos estaremos en el umbral de un nuevo gobierno y entonces se podrá exigir
una revisión sobre los abusos del poder y la sanción correspondiente que se
debe aplicar tal y como ahora ocurre con otros gobernadores del país que sin
límite actuaron y con una voracidad igual para allegarse de recursos públicos y
llenar sus alforjas.
La
ambición ha sido sello distintito de este gobierno y esto está fuera de duda.
Habrá
que repasar nuestra historia reciente para recordar que el sello distintivo lo
aplicó alguien que conocía las tripas del tlacuache costachiquense.
Periodista/Analista
Político*
