Rodrigo Huerta
Pegueros*
Alejarse un poco
del lugar donde uno habita permanentemente le da posibilidad de ver desde fuera
lo que ocurre en su entidad y tener una visión diferente sobre cómo los que no
son oriundos del lugar perciben lo que ocurre en estos lares a través de lo que
reflejan los diferentes medios de comunicación tradicionales, sean estos,
impresos, como periódicos diarios o revistas o en los diferentes portales de
medios de comunicación digitales o lo que informan cotidianamente los medios
electrónicos como son los noticiarios de radio y televisión.
De ahí la
importancia de lo que se dice y lo que se deja de decir y por lo tanto la
importancia que tienen las estrategias de comunicación de las autoridades
locales para responder a informaciones no precisas o puntuales pero nunca
tratando de desmentir lo que es obvio. Esta praxis de comunicación da lugar a
señalar que nuestras autoridades y sus voceros no han logrado coordinar una
narrativa que sirva a los propósitos de mantener una línea de información hacia
los que son potenciales visitantes, lo cual es desde cualquier punto de vista
un enorme error.
Luego entonces, lo
que hemos percibido desde fuera del estado de Guerrero es que esta es una
entidad con fuertes problemas de seguridad pública y de convulsión social y de
organización institucional. Solo basta revisar lo que nos han anunciado sobre
lo que sucede en este estado los medios de comunicación durante este mes de
julio que ha resultado caótico en comparación con el pasado mes de junio.
Si no fuera por lo
que ocurre en el vecino estado de Michoacán que le ha arrebatado el primer
lugar en violencia a Guerrero, tendríamos sobre la entidad los reflectores de
los medios y la problemática interna hubiese tenido hoy una difusión ultra
dimensionada.
El caso de los
policías ciudadanos, las autodefensas o comunitarias, es hoy por hoy un
conflicto con muchas aristas y que puede enfrentar a los diferentes niveles de
gobierno, ya que mientras la federación las califica como inconstitucionales y
fuera de la legalidad, el gobierno estatal las arropa y trata de darles un
cariz legal enviando al Congreso del estado una iniciativa para convertirlas en
policías rurales, iniciativa que por cierto no ha logrado cuajar y ha sido
rechazada por tener severas inconsistencias según una declaración del
legislador Rubén Figueroa Smutny.
Lo cierto es que en
Guerrero los problemas se acumulan y lejos de resolverse se complican, mientras
que la violencia se expande a todos los territorios municipales y el gobierno no
ha logrado evitar el distanciamiento con los mandos del ejército y la policía
federal. Pero lo mas grave es que la desatención a los problemas sociales va al
alza y esto podría convertirse en un problema de gobernabilidad a lo cual
evitan los políticos guerrerenses darle la importancia que merece.
Lo que ocurrió hace
dos días en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, es un ejemplo de
la división existente entre los gobiernos estatal y municipal, aún y cuando se
quiera vender la idea de que el gobernador del estado y el alcalde de Acapulco
estén en sintonía sobre lo que ocurre en dicha población donde se ha asentado
una célula de la policía ciudadana armada alentada por el gobierno del estado,
mientras que el ejército los ha descalificado al ubicarlos como un grupo fuera
de la ley y por otro lado lo dicho por el alcalde de Acapulco de que no se
permitirá que en este territorio haya gente armada que no esté legalmente constituida.
Sin embargo, el
gobernador del estado impuso su visión y en una reunión con estos grupos
armados ciudadanos en Xaltianguis les dio todo el espaldarazo y se comprometió
a ser intermediario con el ejército para que no vayan a ser detenidos ni
desarmados, lo cual no sabemos bien a bien cuál será la respuesta de los
uniformados federales a esta petición, pues quiérase o no se está anidando el
huevo de la ruptura constitucional entre federación-estado y municipios.
Estamos en un punto
de quiebre en Guerrero sobre la continuidad o no de la coordinación
interinstitucional en materia de seguridad pública, puesto que no es posible
actuar en contra de quienes infringen la ley cuando una parte proteje a quienes
insisten en actuar sin cortapisas y fuera del orden y la legalidad como son las
policías ciudadanas o las llamadas autodefensas, ya que las policías comunitarias
tienen debidamente reglamentadas sus funciones y por ello llevan 17 años de
actuación ininterrumpidas.
Luego entonces,
veremos que dicen los mandos del ejército, de la policía federal (Manuel
Mondragón y Kalb) sobre la propuesta del gobierno estatal de dejar que a
ciertos ciudadanos armados se les otorgue el título de policías cuando a todas
luces contraviene al Estado de derecho que el mismísimo gobernador del estado
Ángel Heladio Aguirre Rivero prometió respetar y hacer cumplir cuando protestó
como mandatario.
Periodista/
Analista Político*
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