De Frente: Estado secuestrado

Miguel Ángel Mata Mata

Al camarada Florentino Cruz Ramírez, quien conoce del significado y significante del sustantivo Dignidad

Tres acontecimientos sucedidos en el estado de Guerrero en la última semana evidencian que el Estado de Derecho ha sido secuestrado en Guerrero  por un pequeño grupo de privilegiados burócratas empleados del Poder Ejecutivo para quienes la justicia existe, mientras que para el pueblo ésta es un anhelo inalcanzable al que puede accederse siempre y cuando se cuente con el Don Divino de la cercanía con déspotas que alguna vez fueron humildes. Hoy es diferente: a todos condenan a su triste realidad: no pertenecen a la casta divina del sur del país.

1)    El subdelegado del Registro Público de la Propiedad en la entidad llegó ebrio a la casa de su ex mujer. Frente a su suegra e hijos golpeó hasta desfigurar el rostro de quien se negó a tener relaciones sexuales con él. Cesó en su demostración de fuerza hasta que vecinos y familiares de la víctima entraron al hogar. Él amenazó, al huir. Ella tuvo el valor de subir  la fotografía de su rostro desfigurado a las redes sociales. Recibió miles y miles de comentarios de apoyo.  Todos exigieron el castigo al mal funcionario público. Los hechos sucedieron un 13 de junio. La indignación tocó el corazón del gobernador hasta el 30 de junio cuando instruyó el cese inmediato (¿?) del energúmeno. Posterior a los acontecimientos todos esperaban la aprehensión del fulano, a quien todos ubican como ente cercano al nepotismo guerrerense. La procuraduría de Justicia jamás informó del número de averiguación del caso ni la emisión de la orden de aprehensión correspondiente. El señor Medina, dicen, gozó de las libertades y beneficios de la familia en el poder para abandonar el país. ¿Justicia a los enemigos y justicia y gracia a los amigos? Tal vez.



2). San Luis La Loma y San Luis San Pedro son poblados de Técpan de Galeana que forman parte de las leyendas guerrerenses. Todo tipo de historias, leyendas o rumores tienen su origen ahí. Fue en esos lugares en donde, al igual que en otros municipios del estado, de pronto aparecieron ciudadanos armados e instalaron retenes para “auto defenderse” del crimen organizado. Cerraron la carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo. En menos de 24 horas estaban con ellos el secretario de gobierno,  el procurador de justicia y el asesor y jefe de gabinete de facto del gobierno estatal. Rápida solución y los bloqueadores retiraron el bloqueo, pero dejaron retenes “de revisión” en la zona. Semanas después otro grupo de ciudadanos instaló otro bloqueo en la misma carretera: protestaban porque los primeros abusaban, les tomaban fotos, los amenazaban. El bloqueo no mereció la llegada de la “nomenklatura” guerrerense. Les enviaron anti motines y al director de gobernación quien empantanó el conflicto al grado que el desalojo de la carretera se logró luego de 50 horas. Nadie informó de compromisos con uno y otro grupo. La única versión oficial la ofreció un comandante militar de Acapulco que sostuvo ante medios de comunicación: “los que bloquean en Costa Grande (se refería a los primeros) tienen nexos con el crimen organizado”. ¿Justicia a los a enemigos y justicia y gracia a los amigos? Parece que sí.
3). El Pedregoso es un poblado cercano al Puerto de Acapulco. Se llega al lugar luego de pasar el bello y famoso balneario Pie de la Cuesta. Asentado en una planicie cerca a otra comunidad llamada San Isidro ha sido mención constante en casos de ejecuciones aparentemente relacionadas con el crimen organizado, según boletines del gobierno. La semana pasada fue asesinado en su casa, con su arma de cargo, uno de los escoltas del Secretario de Trabajo del Gobierno de Guerrero. En las redes sociales se hizo mención del asunto. Antes de cumplidas 24 horas del homicidio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero emitió un boletín oficial en donde daban cuenta del caso: la esposa, los hijos y sobrinos pagaron ocho mil pesos para ejecutar a quien aun era elemento de la Policía Investigadora Ministerial. Rápida solución a un caso de homicidio en una entidad donde las muertes violentas llegan a 114 por cada cien mil habitantes y los asuntos resueltos no llegan al uno por ciento. ¿Justicia a los enemigos y justicia y gracia a los enemigos? Es evidente.               

Son tres casos que evidencian que la justicia en Guerrero esta secuestrada por un puñado de déspotas, quienes no dudan en beneficiarse con el aparato del estado para dar solución a sus asuntos personales o cercanos y echan al cesto de la basura los anhelos de justicia de quienes no gozan del privilegio de tener sus raíces en Ometepec.
El caso es grave según el punto de vista de los teóricos para quienes el Estado existe siempre y cuando garantice la seguridad personal, jurídica y patrimonial de los ciudadanos. En nuestro caso no hay seguridad personal ante la realidad del crimen organizado y grupos de autodefensa ilegales; tampoco garantiza la seguridad jurídica, evidenciado en tres ilustrativos casos en donde la ley se mueve por preferencias de familia o lugar de origen. ¿Se garantiza aun la seguridad patrimonial? De ser así estaríamos ante la realidad evidente y objetiva de un Estado Fallido.
  
TRASCENDIÓ

QUE la elección llevada a cabo en 14 entidades de la República atrajo la atención de operadores tanto del PRI como del PRD y MC del estado de Guerrero, quienes viajaron hasta entidades lejanas como Baja California o cercanas como Oaxaca para vivir con   intensidad la experiencia electoral.
QUE por el PRI viajaron a Baja California el coordinador de los diputados locales del PRI, Héctor Apreza patrón acompañado por Héctor Astudillo Flores. A Oaxaca viajó el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto. En redes se cuestionó el viaje de éstos pero, lamentablemente para los cuestionadores, el viaje en fin de semana no es considerado una falta legal grave. En todo caso sería un atentado a la moral y ética política que ni es conocida ni menos aplicada en Guerrero. Asi que…

NUMERARIA

1)    Las agresiones a la libertad de expresión durante el primer semestre del año se incrementaron más del 46% en comparación con el mismo periodo de 2012, reportó la organización Artículo 19, en su segundo informe trimestral de 2013 sobre el tema.
2)     A las 100 agresiones a la libertad de expresión, documentadas durante el segundo trimestre del año –del 1 de abril al 30 de junio-, se suman las 51 reportadas de enero a marzo, lo que arroja un total de 151 agresiones en seis meses.
3)    Durante el segundo trimestre del año se documentaron 32 agresiones físicas en contra de periodistas; un asesinato; un ataque con granada; 16 amenazas verbales, dos de ellas de muerte; cinco privaciones ilegales de la libertad; seis intimidaciones y seis sanciones judiciales.
4)    Las entidades más violentas para ejercer la libertad de expresión fueron: Tlaxcala con 17 casos, Veracruz con 12, Guerrero con 12, Chiapas con 10 y Coahuila con ocho. La información recabada por Artículo 19, revela que los principales perpetradores de las agresiones fueron servidores públicos y policías de los tres niveles de gobierno. A ellos se les vincula con 32 agresiones.

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