Rodrigo Huerta
Pegueros*
Lo sucedido en El Pericón, región de la costa
chica de Guerrero, no es una acción para la anécdota sino mas bien para la
reflexión, pues en estos hechos estuvieron involucrados, el ejército mexicano, altos funcionarios del
gobierno del estado, frente a un grupo numeroso
de ciudadanos alterados.
Los motivos que
dieron paso a esta confrontación es uno solo: que el ejército deje de operar en
territorios comunitarios y no hostigue a los policías ciudadanos y menos que
les decomisen su armamento.
Pero a pesar de en este conflicto se estiró la
liga al máximo, esta no se rompió y por lo tanto no se llegó a la confrontaran
y se evitó un suceso que por su magnitud hubiese resultado trágico y con
consecuencias políticas de gran calado y
por lo tanto inéditas.
El ejército está
actuando bajo petición expresa del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero,
para enfrentar no solo la ausencia de seguridad pública sino al crimen
organizado que actúa sin freno en varias regiones y municipios de la entidad.
La Marina, Armada de México, hace lo mismo en atención al mandatario y la
policía federal actúa también en consecuencia.
Sin embargo, el
operativo que implementan los miembros del ejército mexicano se ha visto
afectado por la presencia de los diversos grupos de ciudadanos que portan armas
y que se denominan policías comunitarios, autodefensas, etc. Quienes han
insistido en querer patrullar el estado sin restricción alguna y portando
armamento de grueso calibre que constitucionalmente está permitido solo para
uso exclusivo de las fuerzas armadas del país.
Este diferendo es
el causante de los constantes enfrentamientos entre militares y policías
comunitarias y el último suceso que prendió las luces rojas fue el ocurrido el
pasado martes en la región de la costa chica donde en un reten militar,
policías ciudadanos fueron detenidos y se les decomisaron armas que están
prohibidas para ser portadas por ellos, lo ucal provocó la irritación de los
dirigentes de este grupo quienes alentaron a la población para hacer frente a
los soldados y exigirles la devolución de los hombres y las armas
Mientras esto
sucedía en dicha región, en otras localidades del estado, otros grupos
similares iniciaron bloqueos intermitentes en las carreteras federales lo cual
desquició la actividad de cientos y miles de ciudadanos que transitaban por dichas
vías de comunicación.
El gobierno del
estado inició una serie de operativos para que estos grupos liberaran las
arterias bloqueadas, ofertando en contraparte, una entrevista con el gobernador
Aguirre un día después. La propuesta tuvo eco en una región, pero en la de
costa chica, los funcionarios del gobierno estatal no solo fueron víctimas de
desatención sino utilizados como rehenes mientras los líderes celebraban
asamblea con los habitantes de la región.
Los soldados estuvieron por más de 24 horas
rodeados por la población a fin de que no se fueran mientras se aprobaba una
solución por la vía de la asamblea popular. La desconfianza en la actuación de
algunos elementos del ejército fue también parte de la discusión en asamblea y
en pláticas con los funcionarios del gobierno estatal.
Sin embargo, la
tolerancia de los militares evitó que el asunto se saliera de curso y
finalmente fueron liberados los militares no sin antes haberles advertido los
comunitarios de no continuar hostigando ni presionándolos a los pobladores ni a
las mismas policías comunitarios.
Los esfuerzos por
evitar que las policías comunitarias rebasaran al gobierno del estado fracasó
estrepitosamente, pues ya los líderes de la UPOEG (Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero) y la CRAC (Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias) no quieren ya
mantener diálogo con el gobernador Aguirre sino que ahora solicitan entrevistarse
con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y con
el titular del poder ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
La reunión de este
miércoles (7 de agosto) en la capital del estado no logró amarrar acuerdos
sólidos para que los policías comunitarios no violenten los acuerdos firmados
anteriormente (en Xaltianguis) y sean respetuosos con quienes vigilan y hacen
prevalecer el estado de derecho como el ejército mexicano. En esta reunión solo
repitieron el guión sobre demandas sociales, aplicación de políticas públicas a
favor de las comunidades rurales pero nunca se planteó abiertamente la
inclusión de estos cuerpos de policías ciudadanos a la ley estatal que está
promoviendo el gobierno estatal ante el Congreso local.
Por lo tanto, las
cosas siguen igual, pero ahora con un nuevo elemento que es la reunificación de
los grupos comunitarios que abarcan ya decenas de poblados en igual número de
municipios donde la inseguridad pública y la violencia no ha logrado ser
mitigada por las fuerzas regulares y por ende deben intervenir las fuerzas
armadas como son el ejército y la marina.
El gobernador
Aguirre debe ser responsable al asumir compromisos con el gobierno federal,
pues muchas veces y en diferentes ocasiones, no solo no las cumple sino que
alienta a tras mano a quienes se oponen a integrarse a un sistema policiaco regulado
por las leyes y con mandos legalmente constituidos.
Periodista/Analista
Político*
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