Rodrigo Huerta Pegueros*
Los
obispos de Guerrero encabezados por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias
Merlo, dieron a conocer a la opinión pública su visión sobre lo que sucede en
el estado de Guerrero y solicitaron a gobiernos (en sus tres niveles) y a la
ciudadanía en general (organizada y no) para hacer esfuerzos supremos para
construir un estado de paz y evitar que la violencia siga incrementándose y que
la inseguridad pública trastoque la vida cotidiana.
El
manifiesto de los religiosos, no era ni ha sido el primero en darse a conocer,
sino que es la última versión de los acontecimientos que ellos han palpado y
vivido en cada una de las regiones que les ha tocado realizar su ministerio y
que a todas luces es mas que preocupante, sobre todo cuando somos vecinos de una entidad también envuelta en situaciones de violencia y crimen organizado
como lo es Michoacán.
A
este llamado que hicieron los obispos, el gobierno del estado, en voz del
propio gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, respondió que se está haciendo
todo lo posible por evitar un michoacanazo, lo cual evidentemente es solo una
declaración discursiva que confrontada con la realidad resulta ser no solo una
descalificación hacia los religiosos sino una incongruencia.
Para
poder constatar que los obispos tienen razón en estar alarmados por la
situación que se vive en la entidad, baste dar un vistazo a lo que ha sucedido
en los últimos meses en esta entidad y sobrarán argumentos para darles la razón
y sumarse al llamado por la construcción de la paz en Guerrero, la cual ha sido
desdeñada desde hace más de un año y medio por el propio gobierno estatal,
quien se comprometió a llevar a cabo acciones determinadas para reconstruir el
tejido social afectado en varias regiones (particularmente en la zona de la
tierra caliente) pero que al paso de los meses se olvidó de su responsabilidad
y todo pasó al olvido, con el consabido resultado de que la inestabilidad
social y política en la entidad se fue incrementando paulatinamente hasta
convertir a bastas zonas de Guerrero en territorios bajo la tutela del crimen
organizado.
Además
para alimentar el optimismo del gobierno, se debe de recordar que el
surgimiento de los grupos de policías comunitarias y de autodefensa armadas
siguen día a día apareciendo y reclamando con ello la atención del gobierno
estatal a su exigencia de dar protección y seguridad pública.
La
oposición al gobierno de parte de los policías comunitarios sigue
manifestándose y solo debemos abrir los periódicos para conocer esta realidad
que el propio gobernante pretende descalificar.
Pero
no solo en el ámbito de la seguridad pública hay incongruencias y
descalificativos en este gobierno estatal, sino también en la búsqueda de
justicia social que se pretende ejercer en el caso de los
responsables—funcioonarios, autoridades y empresarios—de la tragedia que afectó
a cientos de familias en la zona Diamante y en Llano Largo y anexas con el paso
de la tormenta tropical Manuel.
El
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Ante el clamor de justicia, se
comprometió a llevar a cabo no solo una investigación profunda del caso y
sancionar a los responsables, sino también se comprometió a que se constituyera
una comisión ciudadana para que vigile las obras de reconstrucción de los
territorios afectados y para que se revisen los planes de desarrollo urbano
local y estatal a fin de que nunca mas se vuelva a presentar un acontecimiento
de estas dimensiones.
Y
si la intención de Peña Nieto es buena, la constitución de un comité ciudadano
que tenga una visión sobre lo que aconteció y porqué, debería ser integrado por
organizaciones locales y no entes que no tienen que ver con la ciudad y puerto
de Acapulco y que sus intereses están mas allá de este territorio.
Luego
entonces, la incongruencia es que el gobierno estatal ha dado a conocer que
personajes de la vida económica, política, empresarial y social del país
integrarán este comité ciudadano para la reconstrucción de Acapulco, marginando
a los representantes locales, los cuales, algunos, cuando bien les vaya, serán
representantes de sus pares a nivel nacional.
No
es que el multimillonario, Carlos Slim o el ex político y hoy empresario, Miguel
Alemán o los dirigentes nacionales de la Coparmex, la concanaco, la cruz roja
nacional o los representantes de televisa o tvazteca, así como otros más, no
sean gente confiable, sino que ellos no tienen ni la intención ni la necesidad
de entregar su tiempo (porque no lo tienen disponible) para revisar lo que ha
acontecido o conocer el historial de la zona devastada y sobre las autoridades
y empresarios que deberían ser sancionados por haber cometido una serie de
ilícitos a sabiendas.
No
sabemos si esto es solo una ocurrencia del gobernador Aguirre, pero lo cierto
es que el comité carecerá de seriedad y sobre todo de legitimidad, pues lo que
se pretende es que los propios ciudadanos guerrerenses y en el caso particular
de esta ciudad, los acapulqueños, sean los que participen en este comité de
reconstrucción.
No
creemos que el presidente Peña Nieto vaya aceptar tal propuesta y eso lo
sabremos en poco tiempo. De ser así, entonces estaremos en el umbral de una
mascarada y una componenda entre gobernantes para que todo quede igual y la
justicia, una vez mas, quede eclipsada.
Periodista/Analista
Político*
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