Hago presentación a
ustedes de una iniciativa que tiene que ver con uno de los temas que más le
duelen a la sociedad mexicana, especialmente cuando hablamos de bienes de
consumo y cuando vemos el comportamiento del mercado mexicano, el acaparamiento de artículos de
consumo popular, se ha vuelto una práctica cotidiana que afecta millones de
hombres y mujeres en este país.
Especialmente es
importante esta discusión o este planteamiento en el contexto general del
debate que tenemos en este momento en pleno, en el Senado de la República,
alrededor de la Ley Federal de Competencia Económica.
Y la propuesta que yo
quiero someter a ustedes, tiene que ver con que verdaderamente le demos la
dimensión que requiere al cambio constitucional que recientemente aprobamos el
11 de junio del 2013.
Es cierto, aprobamos
darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica; estamos
trabajando en una minuta que nos han mandado los diputados federales y que
consideramos que tiene avances, tan es así que ya fue votado en comisiones
unidas.
Estamos todavía
afinando algunos puntos de cambios que están discutiéndose entre los distintos
grupos parlamentarios, pero me parece que este avance, aun cuando es un avance
significativo, no es el del todo integral como requiere nuestro país,
especialmente cuando hablamos de acaparamiento de artículos de consumo popular.
Y quiero detallar
precisamente por qué nos interesa que nos ciñamos al espíritu de lo que fue la
reforma al artículo 28 de la Constitución Política, ¿qué es lo que nosotros
aprobamos cuando hablábamos de darle autonomía a la Comisión Federal de
Competencia Económica?
Pues entre otras
cosas, que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con
eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos
de consumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.
¿Por qué es
importante subrayar, compañeros y compañeras este planteamiento? Porque sí, le
hemos dedicado un buen tiempo y mucho énfasis a la Ley Federal de Competencia
Económica; subrayo, consideramos que tenemos avances positivos, pero no hemos
logrado en esa ley, tener una clara identificación sobre cuáles son los
artículos de consumo necesario.
¿Sobre cómo poder
nosotros, darle instrumentos y capacidad y potencia, especialmente al Poder
Ejecutivo para garantizar que ahí donde haya acaparamiento, pueda contar con
elementos suficientes para ir en contra de aquellos que hacen este tipo de
acción y que es verdaderamente lastimosa para el bolsillo de los mexicanos.
El tema más
recurrente en tiempos recientes es el limón; el limón que estaba en quince
pesos el kilo, ha llegado a tener entre 60 y 80 pesos el kilo de limón. Y esto
no es solamente porque haya disminuido la producción o porque haya un conflicto
en Michoacán; esto sin duda alguna impacta, pero manda una señal a los
mercados, y especialmente a la red de distribución, que lo que hace es caer
precisamente en la lógica del acaparamiento; al prever que van a subir los
precios, pues obviamente se hace una restricción a la distribución y entonces
empiezan a subir por una intervención artificial de la red de distribución, los
precios.
El ejemplo –repito-
que más nos ocupa en los últimos tiempos es el asunto del limón, pero hace dos
años, ustedes pueden recordar, cuando se presentó el tema de la gripe aviar,
como el precio del huevo, del kilo de huevo, pasó de trece pesos el kilo a más
o menos 40 pesos el kilo.
Incluso la Unión Nacional
de Avicultores, en aquel momento, cuando se le preguntaba el por qué había tal
incremento, señalaba que era en gran medida, parte del problema, la red de
distribución que prevalece en este tema.
O si quieren otro
ejemplo, en el 2007, -yo recuerdo- me tocaba ser secretario de Desarrollo
Rural, el precio del kilo de tortilla, de seis pesos que estaba en Acapulco
subió hasta 14 pesos el kilo de la tortilla. Otra vez un fenómeno de
acaparamiento que necesitamos regular con toda claridad.
Por eso la propuesta
que yo presente a consideración de ustedes, compañeros y compañeras, es
precisamente que regulemos en una ley específica para darle capacidades al
Poder Ejecutivo y poder responder a la demanda popular, para regular aquellos
abusos que se presentan en precios de alimentos y energéticos esenciales.
Esto con la finalidad
de garantizar la alimentación y la subsistencia de la población, con la
finalidad –repito- de ir en contra de todo acto de acaparamiento.
La propuesta que
ponemos a su consideración; se propone una ley contra el acaparamiento de
artículos de consumo popular, que faculte a la Secretaría de Economía para
iniciar investigaciones contra acaparadores e investigadores de alimentos
básicos, de consumo popular, que busquen alterar los precios al consumidor
final.
Estamos proponiendo
una definición que hoy no tenemos en el marco normativo de la Ley Federal de
Competencia, y que es importante, si lo que queremos es una profunda
reglamentación de la visión y del espíritu que tiene el artículo 28
Constitucional; definimos como artículo de consumo necesario, todos aquellos
que a nivel nacional o regional, sean fundamentales para la alimentación de
nuestra población.
Estamos hablando de
la tortilla de maíz, el pan, el arroz, el frijol y un sinnúmero de productos
que son indispensables para el consumo de nuestra gente. Así como el abasto de
gasolina, y diésel para la población.
Se establece en la
iniciativa que estamos presentando, un mecanismo de investigación y criterios
para determinar la existencia de precios extraordinarios, previos a la
solicitud de declaratoria de control de precios, y otras acciones para combatir
el acaparamiento de alimentos de consumo popular.
Y por último, se
elevan de cuatro a diez años, y con mil a dos mil días de multa, aquellos
especuladores y acaparadores de alimentos de consumo popular, los artículos de consumo
básico necesario, o con las materias primas necesarias para elaborarlos.
Creemos, compañeros y
compañeras, que si bien hemos hecho un muy sano y muy amplio debate alrededor
de la Ley Federal de Competencia, que estamos a punto de lograr un acuerdo en
pleno sobre este marco normativo que viene a regular la reforma Constitucional
que hicimos al artículo 28, pues será insuficiente, y especialmente dejaremos
un importante cabo suelto, ahí donde le duele el bolsillo a la gente, ahí donde
de pronto, por la falla que tiene nuestro esquema de comercialización, por los
problemas que existen de distribución, y por los incentivos claramente
alineados para poder tener incrementos que muchas veces sean en beneficios de
esos actores que acaparan, pues entonces será un marco normativo que quede
incompleto, sino logramos avanzar en una propuesta de esta naturaleza.
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