Jeremías Marquines
(Primera parte)
Apenas tenía cien días de haber asumido el cargo de gobernador de Guerrero, cuando Zeferino Torreblanca Galindo, declaró: “Ni quiero, ni puedo, ni tengo qué combatir la inseguridad y el narcotráfico”. La fecha fue el 8 de agosto de 2005. Casi nueve años después (agosto de 2014) su sucesor, Ángel Aguirre hace una declaración, si no similar, sí en el mismo contexto de claudicación y sometimiento ante una criminalidad que desde 2005 no da tregua, esta semana afirmó: “No quiero buscar culpables, pero se dejó de atender el tema de la seguridad pública durante muchos años”, dejando entrever que a un año de que deje el cargo, no pudo “recomponer” la seguridad en el estado.
Hasta donde se alcanza a percibir, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que llegó al cargo en medio de una gran expectación de los ciudadanos que esperaban un cambio notable en la seguridad ciudadana, mejores niveles de transparencia en el manejo de los dineros públicos, mayor combate a la corrupción y limitación del uso del aparato del gobierno para fines particulares, dejará más inseguridad, desorden social, corrupción, impunidad y frustración entre quienes lo eligieron.
Aguirre tuvo, por fortuna para las y los ciudadanos, una gubernatura corta, de 2011 al 2015. Su ambición económica y su nepotismo descarado, hicieron que perdiera la oportunidad de pasar a la historia como el gobernante que recompusiera el estado de Guerrero. Ahora, a un año de que concluya su regular mandato, esta entidad se mantiene en los mismos índices de desarrollo humano que en el 2010, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues la política de desarrollo social en el estado está desarticulada, a cargo de una secretaria, Beatriz Mojica, que se dedica a promocionarse con fines a una candidatura, por lo consiguiente, es una política de desarrollo social que se aplica con criterios estrictamente electoreros como se ha demostrado tras el paso de las tormentas Manuel e Ingrid, donde el hijo del gobernante, Ángel Aguirre junior y el hijo del secretario de Finanzas, Jorge Salgado Parra usan, según reportes de prensa, el apoyo enviado para los damnificados de esas tormentas con fines de proselitismo electoral. Aún ahora, Ángel Aguirre junior, se ha montado en la infraestructura creada por su madre, la presidenta del DIF, Laura del Rocío Herrera, para disputarle la candidatura, vía estructura de gobierno, a Evodio Velázquez, un nativo del PRD.
Imponer al hijo
Paradójicamente, Aguirre Rivero ha seguido los mismos pasos que su odiado rival, el ex gobernador Torreblanca Galindo. Desde la gubernatura, con los recursos públicos disponibles: concesiones de transporte, bases laborales, promesas de espacios en el gobierno y dinero público, ha constituido una agrupación política, Izquierda Progresista, que ha insertado en el PRD para influir en la selección de las próximas candidaturas con el afán de que su hijo se quede como candidato del PRD a la presidencia municipal de Acapulco. Torreblanca hizo lo mismo al crear la desaparecida agrupación Izquierda Renovadora, pero tampoco logró su objetivo.
Más preocupado en tratar de postergarse en los espacios de poder y de cuidarse la espalda ante una posible investigación por malversación de fondos públicos al final de su mandato, tal como le ocurriera al denostado ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, Ángel Aguirre busca por todos los medios congraciarse con Enrique Peña Nieto, acatando al pie de la letra la estrategia de desarticulación de grupos sociales que son incómodos a la política nietista. Por esa razón ordenó el encarcelamiento del líder de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui sobre el que pesa una variopinta cantidad de denuncias. El mismo tratamiento le dio al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido, quien pasó de ser protegido e interlocutor de Aguirre, a prófugo de la justicia, en menos de lo que canta un gallo, aun cuando la autodefensa que lideraba Plácido estuviera dando resultados en el combate al crimen.
El estado de Guerrero es una entidad en constante descomposición política, económica y social, no hay día en que los medios no reporten crímenes brutales en Acapulco y Chilpancingo, extorsiones y secuestros. La excusa del gobernador para obviar tanto asesinato es la misma que dio Zeferino Torreblanca: “el crimen está focalizado en una lucha entre organizaciones y no en contra de la sociedad o los turistas”. Por su parte Aguirre dice: “Es una disputa entre grupos de la delincuencia organizada”. Estas explicaciones sobran, eso ya lo sabe la ciudadanía sin necesidad de que se lo repita un gobernador que no fue puesto para dar explicaciones sino para dar soluciones.
Ante una criminalidad que se ha convertido en forma aberrante de vida en Guerrero, el gobierno de Ángel Aguirre, al igual que lo hizo el de Zeferino Torreblanca, se declara incompetente de detener. La única estrategia que han aplicado es dejarle el problema a la federación. Recién el gobernador, y el también incompetente alcalde de Acapulco, Luis Walton –que desde hace más de un mes no puede poner orden en la policía, ni logra que los semáforos funcionen adecuadamente- fueron a la ciudad de México a pedirle a Peña Nieto que envié a la recién creada Gendarmería Nacional, reconociendo su fracaso como gobernantes para darles seguridad a los ciudadanos.
Pero si la creciente inseguridad es la muestra más evidente de su fracaso como gobernador, no menos lo es en otros rubros de la administración estatal donde los resultados faltan. En el sector Salud, se ha dejado de fumigar contra el dengue por el simple hecho de que la Secretaría de Salud, a cargo de Lázaro Mazón (otro de los que dedican parte de su tiempo para promocionarse como candidato para la próxima contienda electoral), no tiene vehículos y faltan los químicos, esto a pesar de que cada mes anuncian inversiones millonarias en ese sector, ¿entonces dónde se ha quedado el dinero de la Secretaría de Salud?
Año de Hidalgo
Ya el tiempo de Ángel Aguirre para dar explicaciones pasó. El que sigue es su último año al frente del gobierno de Guerrero, y hasta el momento la sensación que persiste es que ha hecho un mal gobierno; la corrupción y el nepotismo son sombras que empañan toda su administración. Se cuentan por decenas los reportes de prensa que dicen que desde el gobierno, Ángel Aguirre y sus amigos más cercanos han hecho jugosos negocios con la obra pública y las adquisiciones. Sin nadie que controle y supervise el gasto público, pues la Auditoría Superior del Estado ha estado en manos de vivales y serviles, y en el Congreso del Estado las y los diputados se prostituyen descaradamente a cambio de sobornos millonarios, las finanzas públicas son manejadas a criterio del secretario de Finanzas Jorge Salgado Leyva, un individuo rapaz que sólo le rinde cuentas en secreto al gobernador, y maquilla las comprobaciones de la supuesta inversión pública.
Sabedores que este es, en términos prácticos, el último año de gobierno para tranzar, pues el que sigue es para maquillar el hurto, el gobernador y su secretario de Finanzas le han abierto un enorme boquete al presupuesto público que se refleja en la falta dinero en las distintas secretarías de gobierno. Durante todo este año, esas secretarías han recibido migajas de su presupuesto acordado en la cuenta pública para 2014. Gota a gota, de acuerdo a como se porten, los secretarios van recibiendo ministraciones apenas para mantenerse a flotación, pero por miedo a perder la chamba ninguno dice nada, aún cuando esta falta de presupuesto afecte a la ciudadanía que no recibe los bienes y servicios a los que tiene derecho.
Promesas incumplidas
De todas las promesas que Ángel Aguirre hizo durante su campaña, sólo cumplió algunas, a medias y mal. La entrega de uniformes gratuitos se hace mal y con mucha corrupción y falta de transparencia. Se entregan a las y los niños de Guerrero uniformes que se rompen a la primera puesta, o se destiñen a la primera la lavada, tallas enormes, y materiales de bajísima calidad. No hay ningún control de calidad en esas adquisiciones que las maneja con absoluta impunidad y bajeza el secretario de Finanzas. La creación de la Secretaría del Migrante y la de Cultura sólo existen en decreto, pues ningún peso extra recibieron para constituirse en verdaderas secretarías; siguen funcionando de la misma forma como lo han hecho siempre y quizá peor por la falta de recursos presupuestales. La promulgación de una nueva Constitución resultó un fiasco y cuyos efectos tampoco se perciben por ningún lado. La puesta en funcionamiento de un Acabús, negocio que compartió con Marcelo Ebrard, despedazó el centro de Acapulco y alteró la imagen urbana de la ciudad, sin que hasta el momento ese proyecto funcione y tampoco logró disminuir la cantidad de camiones de pasajeros que son un peligro constante para los acapulqueños. Donde no ha escatimado dinero este gobernador es en el pago a las televisaras, sobre todo Televisa que se lleva casi cien millones de pesos en los distintos convenios que tiene con el gobierno de Aguirre; más que pago por publicidad, lo que Aguirre paga a esta televisora es el derecho para no ser criticado, de ahí que para los noticiarios de Televisa en Guerrero no pasa nada y los guerrerenses se la pasan bomba, felices con su gobernador que a la menor provocación repite que la inseguridad es sólo la percepción equivocada de algunos cuantos. Corrupción no hay, menos nepotismo y eso lo dice su sobrino en quien descansa casi toda la responsabilidad del gobierno, y la mayor parte de del desastre político que existe en la entidad.
Mañana la segunda parte.
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