APUNTES DE UN VIEJO LÉPERO: Guerrero, inseguridad, corrupción y turbulencia política (Última parte)

Jeremías Marquines

Sumado a la enorme ola criminal que se cierne sobre Guerrero, la impunidad, producto de una pésima y corrupta procuración de justicia ha sido la constante en el gobierno de Ángel Aguirre. Todos los días los periódicos llenan sus páginas con asesinatos a plena luz del día que quedan impunes, todos los días hay ciudadanos extorsionados por delincuentes y por las propias autoridades locales y federales; jueces y ministerios públicos denunciados por usar los recursos de la ley de forma ventajosa, por coludirse con sinvergüenzas a cambio de paga. Y no hay nadie, ni en el Congreso ni en los partidos políticos que defienda, que interceda por los y las ciudadanas. Guerrero es un estado en la barbarie democrática y legal. Las injusticias son el pan que comen todos los días los guerrerenses. Mientras no exista una honesta, eficiente y capaz procuración de justicia, y la correcta aplicación de las leyes y reglamentos, este estado no se va apaciguar.

Ejemplos sencillos de la discrecionalidad con que el gobernador dispone para sus fines personales del aparato de justicia es el encarcelamiento del líder de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, a quien de facto cazaron y enviaron al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, maniatado y golpeado. El delito de Suástegui es ser un bocón petulante y grosero. Es cierto que se merecía la cárcel por chantajear con cerrar pozos que surten de agua potable a Acapulco, pero nunca lo hizo, por lo tanto no se merecía el trato de criminal de alta peligrosidad que recibió. En este hecho tuvo que ver el pusilánime y deficiente alcalde de Acapulco, Luis Walton, que ordenó una serie de denuncias contra Suástegui en venganza porque se sentía ofendido por el trato déspota que le daba el líder opositor. Sin embargo, lo que aquí importa es el uso faccioso, direccionado y discrecional de la aplicación de la ley. Ángel Aguirre se sirvió de las denuncias de Walton para hacerle un grandísimo favor a Peña Nieto que busca continuar el proyecto de construcción de la mega presa La Parota, justo por encima de donde pasa la inestable y peligrosísima falla de Cocos. La idea fue darles a los opositores una lección de lo que es capaz el poder del Estado en manos de canallas, como siempre ha sido.

Para contrastar este hecho está el sonado caso del ex alcalde de Tlapa Willie Reyes Ramos, acusado y prófugo por la probable responsabilidad en el asesinato de Moisés Villanueva de la luz, quien fue conocido como El diputado 500 a su paso por el Congreso de la Unión, así como de Erick Estrada Vázquez, chofer del extinto integrante de la fracción parlamentaria del PRI, ocurridos el 4 de septiembre de 2011.

El crimen del Diputado 500 ocurrió siendo procurador de Justicia Alberto López Rosas. Se logró la captura de dos de asesinos materiales del diputado Moisés, que a su vez señalaron a Willie Reyes como cerebro del crimen. López declaró acertadamente que un edil del municipio de Tlapa estaba relacionado, pero luego tuvo que pedirle disculpas a Willie, a petición del gobernador. Reyes Ramos llegó incluso a exigirle a Ángel Aguirre que revisara el desempeño del procurador y analizara la posibilidad de separarlo del cargo. El gobernador no separó del cargo a López Rosas pero sí le pidió cautela con el caso y la investigación comenzó a dilatarse. López pidió al Congreso un juicio de desafuero contra Willie Reyes para ser investigado pero se retrasó lo más que se pudo, y un juicio político quedó congelado.

Dos años después del crimen, el 4 de septiembre de 2013, Willie Reyes seguía libre y en su cargo de edil. Para entonces ya el procurador López Rosas había sido destituido por el caso de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, pero Willie seguía invicto, e incluso, se reunía con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo. Ante la prensa se decía que era el principal interesado en que el asesinato de Moisés Villanueva fuera esclarecido, porque se le acusaba “injustamente”.

Finalmente, Willie Reyes terminó su mandato como alcalde de Tlapa en septiembre de 2012. Nunca fue separado del cargo. Nunca le fue abierto juicio político. El desafuero fue una simple farsa. No fue sino hasta el 7 de noviembre de 2013, que se liberó orden de aprehensión contra Reyes Ramos, pero aún así, llegó el año 2014 y Willie seguía libre y paseándose por las calles de Tlapa, haciendo vida social. La viuda de Moisés Villanueva, Lucía Leyva Rojas recurrió en varias ocasiones a la dirección de la Policía Ministerial para solicitar la ejecución de la acción penal, pero ahí sólo le dijeron que estaban trabajando duro y que en su momento darían resultados. También fue a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), a solicitar que intercediera ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), sin lograr resultados. Ahora, tres años después del asesinato de Moisés Villanueva, el ex alcalde Willie Reyes anda prófugo. Desde lo más alto del gobierno una fuerza lo protegió.

El caso impunidad en el crimen de Moisés Villanueva no es el único, está también el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, en junio de 2013. Un testigo señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velazquez, de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Hernández Cardona. La Red Solidaria Década contra la Impunidad hizo pública la denuncia notariada de Mendoza Villa, quien se dice logró escapar, y exigió protección para familiares y activistas. A pesar de existir este señalamiento directo, el alcalde de Iguala nunca ha sido molestado por ninguna autoridad, es el mismo manto de impunidad que cubrió en su momento a Willie Reyes.

Caso Chavaría, una novela de ficción

Si los asuntos arriba reseñados parecen aberrantes, lo es aún más el tema del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, ultimado en agosto de 2009. A cinco años de ocurrido y tras pasar por el cargo cuatro procuradores de justicia, este crimen sigue sin resolverse.

En el 2011, Ángel Aguirre, llegó a la gubernatura de Guerrero apoyado por una coalición conformada por el PRD, PT, y Movimiento Ciudadano, tras ser ignorado en el que fuera su partido el PRI. En el PRD fue apoyado por el Grupo Guerrero que dirige el ex senador de la República David Jiménez Rumbo. A cambio, Aguirre se comprometió a investigar y resolver el asesinato de Armando Chavarría, amigo y mentor de Jiménez Rumbo.

En los últimos tres años la investigación no ha avanzado, por lo contrario, Ángel Aguirre la utilizó para mantener a raya al ex gobernador Zeferino Torreblanca contra el que pesa el principal señalamiento de responsabilidad de este crimen. Con cálculo político, el gobernador ha usado esta investigación y las acusaciones por un supuesto desfalco al erario público, que del que no se sabe si existe demanda, para evitar que Torreblanca incursione otra vez en la política, cosa que no debería hacer. Recién, trascendió en los medios de comunicación (pues a ningún reportero se le ocurrió preguntarle a Zeferino) que el ex gobernador estaría buscando el apoyo de partidos como el PAN o Morena para volver a competir por la alcaldía de Acapulco, lugar que ya el gobernador tiene apartado para heredar a su hijo, Angelito Aguirre.

En este contexto es que de pronto se filtró una supuesta declaración de un comandante de la Policía Ministerial de nombre Trinidad Zamora Rojo que habría hecho mientras estuvo al frente de la PGJE Alberto López Rosas. Zamora Rojo fue secuestrado, torturado y muerto varios días después de declarar que él y otros judiciales habían asesinado a Armando Chavarría por órdenes del ex gobernador Zeferino Torreblanca, también mencionó al ex Auditor general del estado, Ignacio Rendón. Su cuerpo fue arrojado frente a la PGJE.

La inusitada, extraña y dudosa autodelación de Zamora Rojo, puso otra vez a Torreblanca en el ojo del huracán de las acusaciones, en vísperas de un virtual regreso a la política electoral. La filtración de este fragmento de declaración funcionó, pues sacó del juego político a quien, según algunos opinadores alucinados, pudo haberle disputado la alcaldía de Acapulco al hijo del gobernador, cosa inverosímil y fantasiosa, pues Zeferino tiene un amplio rechazo social. Sin embargo, sí se volvió a refrescar la memoria sobre su supuesta participación en el crimen de Chavarría.

Derivado de esta filtración, y en el contexto de las acusaciones contra Ángel Aguirre por usar dinero y recursos de gobierno para favorecer a la corriente política Izquierda Progresista, creada para disputar cargos de elección en el PRD, el actual procurador de Justicia, Iñaki Blanco citó a declarar, en calidad de testigo, a David Jiménez Rumbo, quien ya lo ha hecho dos veces anteriores. Rumbo dijo que al que debieran llamar a declarar es a Torreblanca Galindo, a quien desde el primer día de ocurrido el crimen lo señaló como responsable.

La supuesta declaración de Zamora Rojo en lugar de clarificar más este asunto, lo enturbia. Ni en la novela policíaca peor escrita el asesino de un prominente político corre a decir que él lo hizo, y mucho menos, decir quién lo mandó. Ese es el caso de este hombre, lamentablemente ya fallecido. Hay versiones que dicen que López Rosas se reunió con él, y fue a quien le dijo su autoconfesión, otros dicen que fue una declaración ministerial formal, no hay ninguna certeza, más que el trascendido que publicó un diario cuyo opinador principal y suddirector editorial, insiste en darlo por bueno y de embarrar a quienes considera adversarios de ese periódico.

No obstante, de esta filtración se derivaron algunas interrogantes lógicas que hizo el propio procurado Iñaki Blanco, estas son: “¿Por qué si se entrevistó (el ex procurador López Rosas con Zamora Rojo), o hubo una declaración con uno de los autores materiales del hecho, el cual mencionó el nombre de dos más, a los cuales incluso se dice se entrevistó en Guanajuato; y por qué, si se mencionó quién era el autor intelectual del homicidio no se les detuvo? ¿Por qué no se les detuvo en el momento, por qué no se les arraigó, considerando que en ese entonces todavía estaba vigente la figura del arraigo y por qué no se les investigó y consignó”. Preguntas básicas que todos nos hacemos, pues es inaudito que alguien, por su propia cuenta, vaya y se autoincrimine en un asesinato enorme con el de Chavarría, y más increíble aún que, luego de decir lo que dijo, se regrese a su trabajo de judicial como si nada. Hay mucha ficción en todo esto. Pero la pregunta más importante que no se han hecho es ¿quién mandó a Zamora Rojo a decir todo lo que dijo? ¿Bajo qué presión? ¿En beneficio de quién o de qué?

Por estas irregularidades y omisiones graves en la investigación de Chavarría es que Iñaki Blanco citará a declarar (y con razón ) al ex procurador López Rosas para que explique por qué no detuvo a Zamora Rojo, asesino confeso que aparte incriminó a Zeferino Torreblanca. Hay mucha suciedad y turbiedad en el paso de López Rosas por la PGJE, aún así, es otro de los que se sienten con la limpieza moral suficiente como para competir por la gubernatura de Guerrero en el 2015.

En su tercera declaración, del líder de Grupo Guerrero, David Jiménez Rumbo ante la PGJE, agregó un dato relevante al expediente. Dijo que la mención que hizo Zamora Rojo del auditor general del estado, Ignacio Rendón, en la trama del asesinato, le recordó un incidente que éste tuvo con Armando Chavarría sobre un asunto de sobornos. Explicó que el asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, había recibido quejas de los alcaldes de que Rendón los extorsionaba bajo la amenaza de investigar sus cuentas públicas. Dice que Rendón trató de sobornar a Chavarría cuando fue descubierto pero que se negó y esa pudo ser una probable causa, especuló.

No obstante, hay otra versión que se escucha por los pasillos del Congreso local. Se cuenta que la película fue al revés, que Armando Chavarría y Héctor Vicario se enteraron de los negocios millonarios de Rendón y le pidieron parte de la ganancia, éste se negó, pero no se desquitó con Vicario pues lo protege el grupo Figueroa, se fue contra Armando Chavarría y de pasada, dicen le hizo un favor a su jefe Zeferino Torreblanca. Ignacio Rendón, cuentan, es un hombre que le gustan las armas, la bebida, el dinero, las mujeres y tener amigos entre la gente mala. Cuando dejó la Auditoría se autorizó un bono de despedida por casi cuatro millones de pesos. Quizá sabiendo todo esto es que el líder del Grupo Guerrero solicitó a la Procuraduría que también lo investiguen. El asunto es si lo harán. El caso del crimen de Amando Chavarría no parece tener final, ni en este gobierno, ni en el que sigue. Un montón de intereses y de complicidades se mueven en las sombras para tratar de impedir que se conozca la verdad histórica y jurídica. La impunidad más grave proviene del propio Poder Ejecutivo.

LA CONTRA

¿Por qué tiene el gobernador Ángel Aguirre que reunirse con los líderes de las corrientes del PRD a siete días de que se efectúe la elección de consejeros y delegados de ese partido? ¿Y qué calidad de qué asistieron a esa reunión la secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Mojica y el secretario de Finanzas Jorge Salgado Leyva? La elección interna para elegir delegados y consejeros nacionales del PRD el próximo domingo siete de septiembre en Guerrero, será a todas luces una muestra trapacerías e irregularidades que dejará por lo menos una enorme ola de protestas, pues el gobernador ha puesto todo su empeño en que el grupo Izquierda Renovadora que ha financiado con los recursos públicos se imponga. Ya se verá qué pasa.