Las “dos” acuiculturas

Efrén García Villalvazo

En un ambiente dominado por campañas en contra del hambre generalizada en nuestro país por la ya muy evidente pérdida desde hace años de nuestra seguridad alimentaria, con un soberanía alimentaria puesta en riesgo por un irresponsable favorecimiento de negocios de importación de alimento contra la producción modestamente alcanzada por el campo mexicano, pero que tiene como gran virtud la generación de autoempleo en la zona rural y utilización de su producción como autoconsumo, es que LA ACUICULTURA aparece en el escenario nacional y ofrece una vía de solución.

El gran movimiento hacia la producción por acuicultura se inició en México con la introducción de una especie exótica: la tilapia.  En los años 60 se consideró que sería una gran solución sembrar de manera indiscriminada este pez de elevada tasa de fecundidad y altamente competitivo en los cuerpos de agua de nuestro país y la consecuencia con los años fue la pérdida de especies pesqueras mexicanas que no aguantaron la presión que ejercía este animalito que sobrevivía en todos los ambientes acuáticos a los que tenía oportunidad de llegar.  En la práctica es ya una avecindada obligada del país y conforma una de las pesquerías más importantes de México, siendo considerada una especie de precio económico que forma parte de la canasta básica del mexicano.

Entre los años 70 y 80 se inició en los estados norteños de Sinaloa y Sonora la adecuación y desarrollo tecnológico del cultivo del camarón blanco y azul, los cuales crearon mucha expectativa debido al elevado valor económico que representaba esta especie y a la clara posibilidad de que fuera exportado a los Estados Unidos por empresarios que en ese momento tenían flotas camaroneras operando en las costas del Pacífico norte y sur de nuestro país.  El proceso de crecimiento apoyado por ventas casi exclusivas al vecino país ayudó a conformar una de las superficies de acuicultura más grandes del continente, con el consiguiente beneficio económico de las regiones que se pudieron involucrar en lo que en aquel entonces era un lucrativo negocio.

En la carrera a largo plazo y a trote corto que representa el desarrollo y el crecimiento en condiciones de sustentabilidad, dos versiones operativas se fueron perfilando en el horizonte de la producción acuícola de nuestro país: la acuicultura de los “ricos” y la acuicultura de los “pobres”.

La primera es una acuicultura con perfil fuertemente empresarial, muchos de ellos exportadores de pescados y mariscos antes de iniciarse en esta actividad; está conformada de grupos de inversionistas que tienen capacidad para contratar créditos de la banca comercial y presentar las garantías que son requeridas en este tipo de operaciones, y que cómodamente se acogen a los recursos del Estado pues al fin y al cabo “son a fondo perdido”.  La especie predominante es el camarón por las virtudes de este producto ya antes expuestas.  Las superficies de las granjas rebasan con facilidad operaciones de más de 400 ha.

La segunda es una acuicultura que se maneja sobre el filo de cumplimiento de las condiciones mínimas que se tienen que conjuntar para llevar a cabo una actividad que aunque debe generar excedentes no tiene la capacidad competitiva ni los volúmenes de producción necesarios para poder abordar el mercado interno del país, conformándose muy apenas con abastecer negocios locales ubicados cerca de las regiones productoras.    La especie predominante es la tilapia debido a las ya mencionadas capacidades de crecimiento en casi cualquier tipo de condiciones.  Las superficies de las explotaciones rondan las 2 ha, con muy pocos casos en el máximo de 5 ha.

Una competencia desigual por lo recursos aportados por el Estado para el desarrollo de esta actividad comenzó y a la fecha ha tomado dimensiones francamente absurdas por los propósitos a los que se apunta por seguir sosteniendo situaciones que de origen eran insostenibles.  El desarrollo de ambas acuiculturas fue asimétrico y una desigualdad aún mayor en la ecuación de producción acuícola se fue generando, dejando de lado la alimentación del pueblo por medio de una especie barata como es la tilapia para privilegiar una especie como el camarón que producía abundante ingreso de divisas para ser repartidas entre unos cuantos.

La versión del año 2014 de apoyo a la producción por acuicultura es un claro ejemplo de esta planeación que desactiva la participación del pequeño y mediano productor en nuestro país.  Las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la SAGARPA y CONAPESCA fueron diseñadas muy a modo para apoyar al sector fuertemente empresarial representado por los productores de camarón del noroeste, pues entre los requisitos que se pedían se incluía un Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental, permiso o concesión de CONAGUA para uso de agua de bienes nacionales, el ingreso al Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y demostrar que en especie o en cuentas bancarias se cuenta con una aportación por el 50% del costo del proyecto para poder ser favorecido por un apoyo.

Sobre esto hay que manifestar que el requisito de SEMARNAT tiene un costo aproximado de 25 mil pesos en el caso de un proyecto pequeño, más un ingreso del trámite en la dependencia con un costo de casi 9 mil quinientos pesos más; tratándose de CONAGUA tenemos casos de solicitudes no atendidas por la dependencia con más de 12 años de antigüedad, por lo que este requisito puede llegar a ser casi imposible de cumplir por una persona del área rural que no tiene los contactos ni los recursos para lograr que la maquinaria burocrática se movilice, teniendo como agravante además de que la Ley de Aguas Nacionales considera al agua para acuicultura en el mismo orden de prelación que el uso industrial y turístico, asunto absurdo desde el punto de vista que es una actividad que produce alimento tal como la agricultura o la ganadería ; el ingreso al RNPA es gratuito y no presenta mayor problema, sin embargo la atención en las subdelegaciones de CONAPESCA no facilita el primer ingreso ni se orienta al productor sobre las ventajas de estar empadronado, por lo que se tiene poca participación en general; en cuanto a la presentación del 50% de los recursos económicos para aspirar a un proyecto, si consideramos que una unidad acuícola modesta tiene un precio por arriba de los 350 mil pesos, es poco probable que un productor del campo pueda presentar 175 mil para cumplir con este requisito si es que el terreno en que se desarrolla no se puede aportar como parte de sus activos.

Obviamente el sector empresarial si los puede cumplir y por tanto tiene acceso a recursos que en teoría deberían orientarse al desarrollo de un sector acuícola en general, que en estos momentos quiere pero que definitivamente no puede ni nacer ni crecer en estas condiciones de falta de apoyo económico.

Como última noticia se recibió en las subdelegaciones la información de que los recursos se iban a limitar aún más debido a que se había destinado un monto  extraordinario por más de 600 millones de pesos para atender la situación de emergencia que se ha presentado en la camaronicultura del noroeste –la de los “ricos”- debido a la aparición desde el verano del año pasado de la enfermedad denominada como Síndrome de Necrosis Aguda del Hepatopáncreas o en su versión corta, Síndrome de Mortalidad Temprana, provocada por un activísimo virus que de la mano con una bacteria de presencia común en estanquería de engorda ha arrasado con las operaciones de cultivo de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, teniéndose el antecedente de que el año pasado se perdió nada menos que el 90% de la producción de camarón de cultivo de los estados citados.  El recurso será utilizado para la compra de cría para iniciar el segundo ciclo de producción del año, puesto que se tienen noticias de que ya se ha perdido por la misma causa casi la totalidad del primero, sin que hasta la fecha se haya presentado una solución razonable para eliminar los precursores de la enfermedad, asunto que por cierto a estas alturas del año es todavía tema de estudio.  En otras palabras, significa que lo más probable es que en cuanto se siembren los estanques con esta cría serán atacados por la enfermedad y morirán antes de un mes de cultivo.  Seiscientos millones de pesos que pudieran haber sido utilizados de mucha mejor manera serán tirados a la basura.

Para la “otra” parte de los acuicultores esto solo significa una cosa: si el año pasado recibieron poco y pocos son los que en este año tenían posibilidades de recibir recursos por haber cumplido con sus requisitos,  de seguro no recibirán nada.

Revisemos entonces las premisas planteadas por el Ejecutivo Federal en su Cruzada contra el Hambre: una de las principales es que el pueblo produzca el alimento que va consumir, generando de paso autoempleo que promueva el arraigo del campesino, ganadero y pescador a su lugar de origen.  En la práctica, con las iniciativas puestas en la mesa por las dependencias encargadas del sector primario, eso no va a suceder.

Los empresarios de la “acuicultura de los ricos” se cansarán de perder dinero –aunque sea del Estado- y migrarán sus bonos por medios electrónicos a otras inversiones menos riesgosas y más rentables.  Los de la acuicultura de los pobres abandonarán tierra y familia para migrar a medios urbanos, al extranjero o a campos de cultivo lejanos, en donde en el mejor de los casos se emplearan casi como esclavos para poder sobrevivir.  La oportunidad que entonces se perderá para consolidar la producción en el campo será inmensa y lamentable.