Los partidos y sus consultas populares

Noé Ibáñez Martínez

En una democracia, la consulta popular es un mecanismo por el que se somete a consideración de los ciudadanos una pregunta sobre un tema considerado de trascendencia nacional, la cual tiene dos intenciones básicamente: permitir que sean los mismos ciudadanos quienes directamente decidan sobre asuntos que se consideran fundamentales para la vida nacional y abrir a los ciudadanos vías institucionales para controlar el poder de sus representantes.

Cuatro partidos políticos han acudido a esta figura de la consulta popular para presentar una conveniente pregunta de trascendencia nacional, induciendo la pretendida respuesta. Por un lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que quieren preguntar sobre la reforma energética; el Partido Acción Nacional (PAN), sobre el aumento al salario mínimo, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya propuesta es consultar al pueblo sobre la reducción de diputados y senadores plurinominales.

Desde antes de que se aprobara la legislación, el PRD y el todavía potencial partido político Movimiento de Regeneración Nacional ya habían expresado su intención de convocar a una consulta popular sobre la reforma energética. Aunque el tema de la consulta y el objetivo de la misma es idéntico, revertir la reforma en la materia, decidieron duplicar esfuerzos, dificultar más su trabajo y eventualmente convertirse en factor determinante –suponiendo que haya ciudadanos que firmen las dos solicitudes– para fracasar en el intento.
Hace algunas semanas el PAN decidió impulsar una consulta popular sobre el tema de los salarios mínimos, por lo cual ya inició su campaña de recolección de firmas.

Y, por si todavía no fuera suficiente, el PRI decidió llevar a consulta popular la reducción a la mitad de los diputados plurinominales y la eliminación de dicha representación en el Senado, y aunque el Revolucionario Institucional tiene el número suficiente de legisladores en ambas cámaras para hacer la solicitud con 33% de los legisladores, decidió hacerlo por la vía de conseguir 2% de las firmas de los ciudadanos del padrón.

Sin embargo, más allá de estas acciones, la intención real es llevar más electores (que eventualmente simpaticen con sus candidatos) a las urnas, pues no hay que olvidar que son elecciones intermedias, que normalmente tienen un mayor abstencionismo que las presidenciales, y la izquierda podría tener una ventaja importante si el único tema de consulta (en la jornada electoral del primer domingo de junio de 2015) fuese el de la reforma energética, que evidentemente tiene más detractores entre los votantes de la izquierda. Es fundamentalmente una estrategia de mercadotecnia electoral.

Si no tuvieran otro interés que el de impulsar estos temas, hubieran utilizado una ruta distinta, por ejemplo, los legisladores del PRI pueden con sus firmas pedir la consulta popular, ya que se necesitan las firmas del 33 por ciento de los legisladores de cualquiera de las cámaras para promover una consulta, es decir, que no hacía falta que el PRI gastara millones de pesos en publicidad y en logística para recoger las firmas de casi dos millones de mexicanos, porque bastaba con pasar un formato entre sus legisladores para cumplir el requisito.
Y lo más lamentable es que los partidos políticos buscan que los ciudadanos se sumen a sus demandas, no ellos retomar las demandas ciudadanas; lo que sucede con las eventuales consultas populares es una muestra clara de la distorsión del papel de los partidos políticos en la política mexicana: En lugar de abanderar las demandas ciudadanas se dedican a intentar aprovecharlas para la consecución de sus intereses partidistas.

Mejor pudiera ser que se sometiera a consulta popular temas que verdaderamente perjudican a la nación y estoy seguro sobrepasaría el número de firmas requeridas: ¿Está usted de acuerdo en eliminar la corrupción, la prepotencia de los gobernantes y la ineptitud de los dirigentes políticos?

hist23@gmail.com

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