Diversos sectores de la sociedad trabajan por un país que cuente con leyes modernas, claras y sencillas, que se cumplan y se hagan cumplir de manera imparcial y eficaz, en todos los ámbitos de la vida nacional. El principal interés consiste en afianzar un Estado democrático de derecho, en el que predominen los valores, y en el que las percepciones y las actitudes de los individuos hacia las leyes y las instituciones que las ejercen, sean cada vez más positivas.
En este contexto, el Estado mexicano ha impulsado, en los últimos años, una reforma de fondo a su sistema de seguridad y justicia. Esta reforma, fue discutida y analizada ampliamente en múltiples foros y por diferentes actores; en el ámbito legislativo, transitó por un arduo proceso, hasta que, finalmente, fue aprobada y publicada el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.
De manera paralela y para reforzar el proceso de implementación de la Reforma, el Gobierno de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND), establece el eje de Estado de Derecho y Seguridad, en cuyo rubro de Procuración e Impartición de Justicia, tiene como un objetivo de política pública modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
La Reforma constitucional antes mencionada, establece un plazo de ocho años para la implantación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en la totalidad de las Entidades Federativas del país, lo que presupone una reorganización de grandes proporciones en todas las Instancias Operadoras que deben intervenir en su ejecución.
En consideración a lo anterior, el Gobierno Federal creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y su Secretaría Técnica en la Secretaría de Gobernación, que tienen como propósito fundamental el de orientar a las instituciones estatales y federales en los trabajos de instrumentación de la Reforma al sistema de justicia.
En particular, el Estado de Guerrero ha mostrado un enorme interés por efectuar la implementación de la Reforma en los plazos establecidos, ya que ésta se entiende, más que como un imperativo constitucional, como una oportunidad histórica para transformar y modernizar los Sistemas de Justicia Penal de la entidad.
El Modelo de Gestión propuesto tiene como propósito establecer los métodos de administración y gestión que permitan implementar los cambios generados por la reforma constitucional, lo cual implica una transformación radical de las estructuras, pero más allá de ello, un profundo cambio en sus procesos de operación, lo cual queda definido mediante la elaboración de Manuales de Organización, Manuales de Políticas y Procedimientos, así como en las Cédulas de Puesto para cada una de los operadores del SJPA.
Para el diseño y definición de los procesos, estructuras orgánicas, cédulas de puestos e Indicadores de gestión se contó con la participación de personal directivo de todas Operadoras, lo que permitió que el Modelo de Gestión cumpla con las necesidades específicas del estado y se ajuste a las características particulares de cada dependencia.
El doctor Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, parte medular en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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