Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

UN ATENTADO POLÍTICO CONTRA GUERRERO, LA PRESUNTA DESAPARICIÓN DE PODERES

Del exterior del estado surgió la exigencia de que se aplique en Guerrero la desaparición de Poderes por los hechos de violencia registrados en Iguala, donde murieron 6 personas y se encuentran desaparecidos 43 normalistas, los que fueron enviados irresponsablemente a provocar problemas en una ciudad controlada por el narco.


Hay un problema de violencia en uno de los municipios del estado, pero en esa delicada situación tienen una responsabilidad compartida el gobierno del estado y el gobierno federal, el primero, porque no contuvo a tiempo los excesos de los normalistas que los llevaron hasta Iguala, donde ya se tenía claro conocimiento de que había un problema grave de inseguridad, por una policía corrupta e infiltrada por la delincuencia y un alcalde que incluso estaba acusado de homicidio, por dar muerte personalmente al también perredista Arturo Hernández Cardona.

Es problema es también del gobierno federal que tiene la responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada, que en Guerrero ha alcanzado proporciones alarmantes y que en una medida insuficiente había sido enfrentada por la PGR, a pesar de que hubo denuncias frecuentes hechas por el mandatario estatal, Ángel Aguirre Rivero, quien insistió en que había un problema serio con la delincuencia organizada en el estado que debería ser enfrentado, sin que hubiera una respuesta adecuada por la PGR, el Ejército y la Marina, aunque las fuerzas armadas dependen de los pedidos de apoyo y colaboración de la Procuraduría federal.

También hubo denuncias directas de René Bejarano y su esposa Dolores Padierna por el asesinato de Hernández Cardona, que fue señalado por un testigo que logró salvar la vida, pero nada se hizo.

Hay, pues, una responsabilidad claramente compartida entre ambas instancias de gobierno, aunque habría que ver donde recae el peso mayor de la no acción legal si se toma en cuenta que este grave problema surgió de acciones de la delincuencia organizada.

No se vale, pues, que yodo se lo quieran cargar al gobierno estatal, porque no le corresponde.

EL PRESIDENTE PANISTA, Ricardo Anaya, es quien encabeza la demanda de desaparición de Poderes en Guerrero, con los que se pretende anular la representación del Ejecutivo, con el gobernador y sus principales colaboradores; la del Legislativo Estatal, que sería anulado en su totalidad, lo mismo que el Judicial, que tendría que quedar también acéfalo y sin funciones.

¿Eso va a resolver los problemas de Guerrero o sólo los va a complicar? Es lo que debe preguntarse.
Hay que investigar por qué los normalistas fueron enviados a Iguala a crear problemas, que se les revirtieron dramáticamente. Ese sería un primer paso.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, no puede decirse que los poderes no funcionen, que el gobernador esté ausente y no colabore en la solución del grave conflicto que le provocaron ni que el Legislativo se haya desintegrado y que no haya diputados pendientes de los hechos y que tampoco esté trabajando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y toda la estructura judicial del estado, que se mantiene vigente y trabajando.

Desaparecer Poderes como reclama ese panista que desconoce la realidad estatal sería multiplicar los problemas que ahora se viven, pues toda la estructura del gobierno dejaría de funcionar y habría que meter a más gente en todos los puestos que tendrían que quedar vacantes. Los nuevos funcionarios traerían sus propios planes, sus colaboradores, sus propuestas y sus “ideas geniales” para salvar a Guerrero, pero eso se llevaría meses para que pudiera aplicarse, de modo que se llegaría a las elecciones de junio prácticamente con un gobierno que estaría buscando cómo ubicarse y qué hacer para mantener la actividad económica, el turismo y demás acciones que corresponden al gobierno estatal.

DESAPARECER PODERES o provocar la licencia del gobernador traería más problemas de los que supuestamente se pretende solucionar, aunque si se trata de una maniobra política para desacreditar al gobierno perredista actual, podría funcionar, pues se buscaría desacreditarlo hasta el nivel de que quede impedido de ganar algo en la elección del año próximo.

Lo peor para los perredistas es que los dirigentes nacional y estatal del PRD ya cambiaron y aunque no piden la renuncia de Aguirre Rivero, si la aceptan como una posibilidad.

¿Supone que eso los va a salvar? Definitivamente no,  porque el daño contra el PRD está hecho y sólo la unidad y una acción inteligente para superar el problema actual puede detener la debacle perredista.

Está claro que hay una maniobra, una conjura en el centro del país, entre el gobierno y sus socios panistas, que buscan descabezar al gobierno estatal, como si eso fuera una solución a la crisis y no una ampliación y profundización de la misma.

YA EL GOBERNADOR MANDÓ UNA INICIATIVA para que el Legislativo resuelva sobre la revocación de mandato, lo que puede hacerse en breve, con la ventaja de que se trataría un elemento legal, aceptado por las partes, para decidir la permanencia o salida del gobernador, lo que permitiría, además, que la situación actual en el estado fuera decidida y determinada por los propios guerrerenses y no por gestores oficiosos, como el presidente panista, Ricardo Anaya, que pretende encabezar una acción contra el Ejecutivo estatal, aunque se trata de un partido que en Guerrero tiene una presencia marginal pues tiene una baja aceptación de los guerrerenses, de modo que no le corresponde andar proponiendo o imponiendo falsas soluciones, en un lugar donde no tienen una presencia significativa.

YA NO ES TIEMPO DE QUE LA FEDERACIÓN intervenga para imponer las decisiones políticas que les corresponden a los guerrerenses.

Que se apruebe la iniciativa de revocación de mandato, para que sea el pueblo del estado el que determine si Ángel Aguirre puede permanecer o debe irse en bien de la salud del estado y sus habitantes, pero que se decida aquí y no que se quiera imponer desde el centro del país una determinación política, enarbolada por un panismo que aquí no tiene ninguna aceptación.

Imagínense si el PAN, partido reaccionario y clerical, va a venir a imponer a los guerrerenses sus propuestas absurdas y antipopulares, apoyado por el gobierno federal.

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