Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

EL SENADO DECLARARÍA IMPROCEDENTE LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO

Ya ayer en la tarde se frenaron las actividades de la comisión del Senado que analizaría la presunta desaparición de poderes en Guerrero, porque la mayoría de los participantes se dieron cuenta que no existía una base legal real ni política para que pudieran declarar que en el estado no están funcionando los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los legisladores en su mayoría vieron que la propuesta del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, no hacía una evaluación correcta de lo sucedido en el estado, donde todos o casi todos los integrantes del gobierno de Guerrero están trabajando normalmente, aunque con las alteraciones que han surgido del problema de los normalistas, por los muertos y los 43 desaparecidos.

De plano se declaró un receso, aunque no se fijó fecha para reanudar la sesión, por lo cual lo más seguro es que se quede sin que se cumpla el trámite siguiente, por falta de elementos o de información para continuar.

Mientras, unas encuestas realizadas en días recientes, tanto por el propio Aguirre como por el CEN del PRD mostraron que el 60 por ciento de la población está de acuerdo en que el mandatario permanezca en el puesto, sin facilitar la intervención de otras instancias gubernamentales o legislativas que busquen cambiar el status político de la entidad.

De los senadores salió un “exhorto respetuoso” al gobernador, para “que tome las determinaciones que sean necesarias, en el ámbito de sus facultades y de acuerdo con el régimen constitucional y legal de la entidad, así como a llevar a cabo las acciones que contribuyan a que el pueblo de Guerrero retomen la confianza y legitimidad en su gobierno”.

El tema de la renuncia se trató también en el Consejo Político Nacional del PRD y ahí 272 consejeros, del total de 291, se pronunciaron en favor de no pedir la remoción del gobernador, además de rechazar su presunta culpabilidad política, como lo había propuesto Pablo Gómez Álvarez.

PERREDISTAS DEL ESTADO DIERON SU TOTAL RESPALDO AL GOBERNADOR AAR

Como se recordará en Acapulco se reunieron legisladores y dirigentes del PRD estatal, quienes manifestaron su total solidaridad y respaldo al gobernador AAR, para que se mantenga en el cargo y colabore en la medida  de sus posibilidades al esclarecimiento de la muerte de varios normalistas y la desaparición de 43, que se mantiene hasta ahora.

Ahí estuvo el presidente del CEE, Carlos Reyes Torres, el senador Sofío Hernández, varios diputados locales, en una reunión celebrada en días pasados, en la que destacó la presencia y la actividad del diputado federal Jorge Salgado Parra, quien fue uno de los promotores y organizadores de ese cónclave, uno de los primeros en solidarizarse con el mandatario estatal cuando otros más insistían en que debería pedir licencia.

Incluso se supo que ese mismo día el senador Armando Ríos Píter estaba en una reunión paralela en el DF, encabezada por Alejandro Encinas, quien reclamaba la salida y la licencia definitiva del gobernador Aguirre.

ESTA CRISIS POLÍTICA ha servido también para definir posiciones, lealtades y deslealtades, aunque algunos de los actores políticos han cambiado de opinión en varias ocasiones, según como se movían las cosas dentro del ambiente estatal.

EXHIBE LÓPEZ ROSAS A DIPUTADOS QUE DESCONOCEN LA LEY Y QUIEREN INHABILITARLO

Desde hace algunas semanas el presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Omar Majul Flores, ha divulgado versiones de que ese órgano legislativo que preside propondrá inhabilitar al ex procurador Alberto López Rosas, por varios años, por su supuesta responsabilidad en la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa y el empleado de la gasolinera, el 12 de diciembre del 2012, sin que hasta ahora se haya concretado nada al respecto.

El ahora secretario del Trabajo dio una respuesta a esa actitud del legislador, que señaló: “no es ético, no es moral ni jurídico, hacer público un proyecto de dictamen que aún no está aprobado y que además, se aparta  de los principios de legalidad…”

El juicio político que se le sigue lo pidió la CNDH, que explicó no tiene facultades para pedirlo, porque no existe la denuncia de un ciudadano sobre tales hechos.

Además, esos hechos del 12 de diciembre aún no terminan de investigarse y los resultados están archivados, de modo que “es improcedente que el Congreso del Estado emita una resolución sancionadora, sin tener antes los resultados completos”.

Por eso hace falta reabrir esa investigación, como propuso el gobernador Ángel Aguirre para evitar que se sigan cometiendo más arbitrariedades derivas de ese hecho.

Hizo ver López Rosas que “no he sido inculpado de homicidio alguno, (en todo caso) se me imputa haber dejado en libertad a los jóvenes manifestantes y no haberlos puesto a disposición de la PGR. Libertad que se dio en presencia del Lic. Juan Alarcón Hernández, entonces presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos” y de otros funcionarios y medios de comunicación.

Recordó que presentó una demanda de juicio político contra la CNDH por su mala y deficiente intervención y contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, por su responsabilidad en las muertes señaladas y que ya llevó hasta la ONU, por la falta de respuesta en el país.

Espera que lo ocurrido en Iguala no haga endurecerse la actitud del diputado Majul en su contra y que se quiera adoptar una actitud de usar esa circunstancias para impedirle participar en el proceso electoral venidero, con “una resolución alejada de los principios del derecho que están obligados a respetar. Seguiré esperando justicia, después de tanto daño moral que se me ha ocasionado”, señaló.

Es bastante clara la postura legal de López Rosas, por lo que sería absurdo e ilegal que Omar Majul Flores siguiera adelante con su determinación de pasar por encima de la ley.
Habría que ver qué lo mueve en ese sentido, porque sería lamentable que un diputado local actuara de esa manera con total desprecio a la ley y a los derechos humanos y políticos de un ciudadano como ALR.

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