Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

AVANZAN GOBIERNO Y PGR EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CUERPOS ENCONTRADOS

No hay duda que la delincuencia organizada ha provocado una grave situación de inseguridad e inestabilidad en el estado, a partir de los hechos violentos ocurridos en Iguala, hace más de una semana, lo que hace necesario que se avance con la mayor rapidez posible en la investigación que ahora llevan de manera conjunta el gobierno del estado y la PGR, porque mientras no se tengan datos ciertos y contundentes, la especulación y los rumores son los que más daño provocan por la gran incertidumbre que generan.

Oficialmente la Fiscalía General del Estado (FGE), antes Procuraduría, fue la que inició las investigaciones y permitió que se llegara a la conclusión de que se trataba de una agresión premeditada y armada por integrantes de la delincuencia organizada y la certeza de que esos grupos atacaron a los normalistas fue lo que obligó a la intervención de la PGR.

Queda claro que desde el ataque a los normalistas y los jóvenes futbolistas, se advirtió una colusión entre policías preventivos y sujetos encapuchados, que todo indicaba eran parte de algún grupo de la delincuencia organizada.

Lo grave es que en esa ciudad ya no hubiera una distinción clara entre policías uniformados y delincuentes y sicarios, porque la corporación oficial estaba totalmente infiltrada, ya que el alcalde José Luis Abarca tiene, ahora se advierte, nexos directos con los grupos delincuenciales que habían hecho de Iguala un territorio propicio para sus actividades ilícitas, que ahora llevaron hasta el sacrificio y desaparición de los normalistas.

EL GOBERNADOR Ángel Aguirre Rivero demostró en la conferencia de prensa que se estaba trabajado para esclarecer los hechos y castigar a todos los que estuvieran implicados, por lo que ya se tenía a 30 personas detenidas y sujetas al proceso penal correspondiente, lo que muestra un avance importante en la determinación de hacer justicia a los normalistas muertos, además de insistir en localizar a todos los desparecidos.

Hasta ayer no había elementos suficientes para determinar la identidad de los cuerpos, de modo que no había la certeza de que se tratara de los secuestrados por los delincuentes, aunque ya se trabaja en ese sentido y desgraciadamente, los hechos que rodean todo este problema indican que podrían ser los estudiantes los que fueron localizados en esas fosas.

Eran muchos los desaparecidos pues de dio el dato de que se trataba de 43 jóvenes y lo grave es que todo muestra que algún grupo perverso o provocador los encaminó a Iguala, donde sabían que dominaba la delincuencia organizada. Por el conflicto entre los grupos delincuenciales los utilizaron como carne de cañón.

En este espacio manejamos siempre que por costumbre cuando se daban hechos de violencia, los normalistas que no eran heridos buscaban escapar y se ocultaban en diversos lugares, con sus familiares o incluso en la escuela, donde no todo mundo puede acceder, y mientras se espera que sigan haciéndose presentes algunos de ellos, lo cierto es que no ha ocurrido y eso genera un gran temor e intranquilidad en las familias.

ES OBLIGADA la intervención de la PGR, aunque hay que señalar que resulta tardía, porque es a esa dependencia a la que le corresponde investigar y combatir al crimen organizado en todo el país, situación que en Guerrero se ha descuidado bastante y que ahora se comprueba con este caso de Iguala, además de la delicada situación que se vive en la Tierra Cliente del estado, colindante con la michoacana y que no ha sido atendida suficientemente y que alcanza a otras regiones de la entidad, como la Costa Grande y la región Norte.

Lo urgente en estos momentos es lograr la localización de los desaparecidos y si ese fuera el caso identificar a los que estaban en las fosas clandestinas, al mismo tiempo que se acelere la investigación y se detenga a quien todo indica fue el autor intelectual de esa batida contra los normalistas el alcalde igualteco, José Luis Abarca Velázquez, porque si se logra su captura y la de los sicarios y policía que participaron en esa agresión, podrá hacerse justicia a los muertos y a los que hasta ahora no aparecen.
LOS QUE TRATAN de llevar agua a su molino son los que insisten en culpar al gobernador del estado de estos hechos trágicos, pero la responsabilidad no recae directamente en él, porque, obviamente, no tiene ningún contacto con los grupos violentos de Iguala, incluida su policía, ni tiene elementos para enfrentar a la delincuencia organizada, que es la que se manifestó en esta ocasión y que ha sido descuidada por la PGR, que seguramente no cuenta con todos los elementos suficientes para hacerle frente en todo el país a este grave problema, que está muy lejos de solucionarse.

Si de algo pudiera culparse a Ángel Aguirre podría el haber sido muy tolerante con los ayotzinapos, porque siempre prefirió que cayeran en algunos excesos, pero nunca buscó ni permitió que se les reprimiera y mucho menos que aceptara llenarse las manos de sangre, provocando una represión grave contra quienes asaltaban autobuses o secuestraban camiones con alimentos y refrescos.
Detener a todos los que tengan una responsabilidad en los lamentables acontecimientos que se viven, permitiría aplicarles la ley con el mayor rigor posible para hacerles justicia a los muertos y desaparecidos y a sus familias que justamente claman porque no se permita la impunidad para ninguno de los implicados.

REAPARECE EL EPR ayer al mediodía o la mañana, que encapuchados y con armas de alto poder, se mostraron y se pronunciaron en rechazo de la violencia contra los normalistas y para señalar, como suelen ser sus comunicados que llamarán a la unidad del pueblo para luchar contra los delincuentes y contra los gobiernos que los utilizan para reprimir a los jóvenes del estado y de todo el país.
Todo muestra que son apariciones oportunistas de un grupo que no tiene la fuerza ni la presencia para cumplir sus objetivos, pero que sirve para que gente como los ayotzinapos crean que es posible la lucha armada en el país para cambiar el orden de cosas, lo que ya definitivamente quedó el pasado, porque la apertura política actual permite que todo mundo participe, sin importar su ideología, en las acciones que impulsen los cambios que cada grupo considere necesarios.

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