Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL EN MEDIO DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD

Ayer debió arrancar a nivel federal el proceso electoral de 2015, que permitirá renovar la cámara de diputados del Congreso de la Unión y el sábado próximo le toca al proceso estatal que es más completo, pues incluye gubernatura, diputados locales y presidentes municipales, además de los diputados federales que caen en el apartado anterior.

En muchas partes del país se enfrenta una situación delicada, con la amenaza del crimen organizado que busca penetrar más en la estructura política del país, por lo que debe cuidarse mucho que puedan colar a candidatos que sean parte de sus grupos, porque ya se ha visto que también hay legisladores ligados al narco, como ocurrió cuando menos en Michoacán con el diputado Godoy, aunque finalmente fue expulsado.

En Guerrero, la acción del crimen organizado ha provocado una situación muy delicada que aunque se va superando, habrá que arrancar con mucho cuidado para evitar la violencia y sobre todo para que no sean postulados candidatos que tengan alguna relación con las bandas criminales, como ya se vio en el caso de Iguala.

Desde hace tiempo se ha manejado que hay en el estado municipios que están controlados o semi controlados por los delincuentes y se había insistido en que se les identificara para combatirlos y evitar que se mantenga esa línea en la próxima elección.

COMPROMISO DE PEÑA NIETO PARA QUE NO HAYA IMPUNIDAD

Más de un mensaje ha dedicado el presidente Enrique Peña Nieto al caso de los normalistas desaparecidos y hasta posiblemente asesinados, en los que manifestó su indignación y su rechazo a esos hechos terribles, por lo que mandó a Iguala al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para que se haga una investigación a fondo de los hechos y sobre todo para que se haga el máximo esfuerzo para capturar a todos los implicados en ese crimen, especialmente al señalado como jefe de la plaza, al que identifican como “El Chucky” y a quien le servía en ese lugar, el ex alcalde José Luis Abarca, lo mismo que a su jefe de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.

Sin embargo, hay que hacer notar que el fiscal general del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, fue quien realizó la parte importante de la investigación y entregó los resultados a la PGR, pero fue la dependencia estatal la que llegó al fondo de la situación por el asesinato de varios normalistas, del jugador de futbol y otras personas y ahora sólo le deja a la procuraduría federal la tarea de capturar a todos los implicados, que son integrantes de la delincuencia organizada, que integran el cartel Guerreros Unidos.

Sin embargo, también hubo dilación en la PGR, porque desde marzo recibió la declaración de Nicolás Mendoza Villa de que Abarca era el asesino de Hernández Cardona y no se hizo nada. De ahí la importancia de  hacer las investigaciones a tiempo.

Lo importante es que existe la voluntad presidencial para que se castigue a todos los implicados en este terrible asesinato masivo, sea que fueran todos ellos normalistas o solo algunos, porque son muchos los cuerpos encontrados hasta ahora, ya que en total son 34 muertos, 6 iniciales y 28 encontrados después. Faltan todavía otros 15 desaparecidos.

Por lo pronto, ya se tiene en Iguala a 400 policías federales y de la Gendarmería Nacional, quienes asumieron el control de la ciudad, donde permanecerán hasta que la seguridad se restablezca y se aclaren totalmente los hechos en los que murieron varios normalistas y unos integrantes del equipo de futbol, según informó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos.

Aprovechando el viaje, el gobierno estatal pidió qua también se manden contingentes federales a Tierra Caliente, Chilpancingo y Acapulco, que aunque no viven situaciones tan graves como Iguala, si requieren de un apoyo suficiente para evitar las acciones de la delincuencia organizada, especialmente en la Tierra Caliente.

SE APLICARÁ LA LEY A RESPONSABLES SEA QUIEN SEA: AAR

En el mismo sentido se pronunció el gobernador Ángel Aguirre, quien insistió en que no habrá impunidad y se castigará a cuanta gente tenga alguna responsabilidad, “sea quien sea, sin importar su actividad o filiación política”.

Para lograrlo se ha alcanzado una estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, con lo que se confía en cancelar toda impunidad y castigar a todos los responsables, tanto los sicarios como a los intelectuales que los mandaron a ejecutar y desparecer.

Además de que ya se tienen a casi 30 detenidos, autores materiales delos crímenes, ya se obtuvo una orden de aprehensión contra el jefe de la policía, Felipe Flores, además que se espera que se presente la demanda de juicio  político contra el alcalde, para despojarlo del fuero y someterlo ante un juez y responda de la muerte de los normalistas, que todo indica él mandó detener y entregar a los delincuentes.

HACER JUSTICIA EN IGUALA, DEMANDA EL DIRIGENTE PRIISTA ESTATAL

A la demanda de justicia y esclarecimiento de los crímenes cometidos en la ciudad tamarindera se unió el dirigente del PRI estatal, Cuauhtémoc Salgado Romero, quien destacó que seguramente se lograrán buenos resultados gracias a las instrucciones directas del presidente Enrique Peña Nieto, quien además de condenar lo ocurrido envió a la PGR a hacerse cargo de la investigación y captura de los responsables, ya que se trata de un caso de delincuencia organizada.

Reclamó que se atienda a las familias de los estudiantes y se les brinde la ayuda necesaria que tanto necesitan en estos momentos.

Planteó que en este caso no corresponde responsabilizar a las expresiones políticas, sino que todo debe basarse en la investigación de los hechos y la aplicación de la ley, por lo que demandó que los partidos políticos no deben asumir un protagonismo que no tiene lugar en estos casos, sino que sólo debe buscarse aclarar los hechos y aplicar la ley sin distingos de ninguna naturaleza.

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