Alfredo Nava Pérez
Para nadie es una sorpresa que las corporaciones policiacas
municipales, no sólo en Guerrero, sino en toda la república mexicana, estén
infiltradas y cooptadas por la delincuencia organizada. De ahí lo ocioso de las
declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien no cesa de repetirlo
en los medios de comunicación, como una forma de justificar la violencia y
deslindarse de la responsabilidad de los crímenes ocurridos el 26 y 27 de
septiembre en la ciudad de Iguala, que dejaron como saldo 6 personas muertas,
20 heridas y, en primera instancia, 57 desaparecidas. Cifra corregida
posteriormente por el procurador del Estado Iñaki Blanco, quien aseguró que
sólo son 43 los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no localizados hasta el
momento. Sea la cifra que fuere, es una cantidad de personas desaparecidas
alarmante y, lo increíble, nadie sabe ni vio absolutamente nada que pudiera
ayudar a encontrarlos. No hay una sola pista a pesar de que tienen detenidos a
los autores materiales del crimen, son más de 20 policías municipales recluidos
en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Acapulco, que se niegan a
declarar, aún después de que las investigaciones confirman su participación en los hechos delictivos perpetrados en
Iguala. Guerrero.
Resulta pueril la forma como el gobierno del Estado,
encabezado por Ángel Aguirre Rivero, ha hecho frente a esta crisis de
seguridad. El anuncio de una recompensa de un millón de pesos para quien de
información que ayude a dar con el paradero de los estudiantes normalistas y la
búsqueda casa por casa en Taxco e Iguala, por parte de funcionarios estatales,
proporcionan elementos contundentes de la incapacidad de nuestras autoridades,
de los 3 niveles de gobierno, para diseñar una verdadera estrategia de
seguridad, que facilite la localización y rescate de los desaparecidos. O peor
aún, esta forma de enfrentar una situación tan grave como la que se vive hoy en
Guerrero, puede ser producto de la complicidad de nuestro gobierno estatal con
grupos del crimen organizado que controlan la parte centro – sur del país. Qué
gobernador en su sano juicio ofrece una recompensa, como si estuviéramos en el
viejo oeste, para obtener información, cuando el narco ha sembrado el terror en
la sociedad durante años y silenciado a todo aquel que se ha atrevido a hablar
en su contra. Qué gobernador en su sano juicio manda a personas sin
entrenamiento, armados sólo con su buena voluntad y unas fotografías, a
realizar funciones de policía investigadora ministerial. Con estas acciones, el
gobernador Aguirre Rivero ha caricaturizado la tragedia y quizás ni siquiera es
consciente de ello.
Tal vez por eso, el presidente de la república Enrique Peña
Nieto, marcó distancia desde el principio. Sus declaraciones en torno al caso
Iguala fueron un espaldarazo de la Presidencia al gobierno de Ángel Aguirre.
Afirmar que en Guerrero hay una profunda debilidad institucional y que el ejecutivo estatal debe asumir su
responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre,
no fue la mejor manera de ayudar al gobernador que ha dado muestras, en
repetidas ocasiones, de ingobernabilidad
en el Estado. Y por si fuera poco, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong aseguró que el gobierno federal coadyuvará en las
investigaciones para que se pueda llevar a cabo una “VERDADERA” búsqueda de los
43 jóvenes normalistas desaparecidos. Con estos pronunciamientos, la
Presidencia de la República da un mensaje muy nítido, desde su perspectiva, las
autoridades estatales han incurrido en negligencia, al no haber implementado
acciones eficaces para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
Además de que han habido omisiones graves, como la de haber permitido la fuga
del alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez, montando un operativo
tardío para intentar detenerlo al salir del Ayuntamiento en la ciudad de Iguala.
Pero “casualmente”, el munícipe se les adelantó por escasos 15 minutos y fue
imposible su aprehensión.
Igual que un malabarista, Ángel Aguirre Rivero ha tenido que
sortear situaciones difíciles desde los primeros meses de su gestión, que lo
han puesto en la cuerda floja en varios momentos, pero en esta ocasión el
ataque a normalistas y la desaparición de 43 de ellos, se da en una coyuntura
más compleja. Se avecina un proceso electoral y las fuerzas políticas de la
Entidad no dudarán en sacar raja para debilitar la figura del gobernador y su
proyecto político (hacer de su hijo el presidente municipal de Acapulco),
buscando posicionar a sus partidos como la mejor opción de gobierno para dicha
ciudad y para el estado de Guerrero. Los efectos secundarios se verán
reflejados en las urnas el próximo año, o si el problema se desborda, debido a
la movilización social, quizás presenciaremos la caída de un gobernador más en
la historia de este Estado.
POST DATA
Las muertes de civiles en Iguala, duelen, pero la
desaparición de 43 normalistas en total impunidad, indigna y llena de rabia. Ni
Houdini, en el mejor de sus actos de magia, hubiera logrado tal hazaña con
tanta pulcritud.
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