Alfredo Nava Pérez
Finalmente sucedió lo
inevitable. La solicitud de licencia al cargo de gobernador del Estado de
Guerrero, presentada ayer al Congreso Local por parte de Ángel Aguirre Rivero,
es apenas el primer paso firme en lo que debiera ser un proceso de
investigación más transparente, que derive en un verdadero deslinde de
responsabilidades jurídicas y políticas, por omisión y comisión de delitos
graves (homicidio, desaparición forzada, delincuencia organizada), sin importar
la persona y/o el grupo político que lo respalde. Es decir, llevar a cabo una real aplicación de la
justicia en el caso Iguala.
Las revelaciones que da a
conocer el presidente del CEN del PRD, Carlos Navarrete, en torno a la
conversación que sostuvo con Aguirre Rivero el pasado miércoles en la ciudad de
México, abren una perspectiva distinta
de lo que hubiera pasado con el gobernador de haberse mantenido en su postura de
no dejar el cargo. Según las propias palabras de Navarrete, el gobierno
federal, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), ya
tenía preparada una averiguación en contra del ex titular del ejecutivo
estatal. Hecho que le confirma a los guerrerenses, sobre todo a los escépticos,
que efectivamente el gobernador sí tiene responsabilidades jurídicas y
políticas en la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a pesar de no haber sido él,
quien dio la orden directa de atacar a los normalistas el 26 y 27 de
septiembre. Ahora se entiende que la renuncia al cargo no sólo se debió a la
enorme movilización social en el país o a las presiones de la comunidad
internacional, fue resultado también del amago de la presidencia de la
república, que de ser necesario tomaría la decisión de proceder en contra del
gobernador, lo que clavó la estocada final e hizo sucumbir al Ángel de
Guerrero.
La petición de inmunidad,
negociada por medio de Carlos Navarrete ante el gobierno federal, para el
secretario de Administración y Finanzas del Estado de Guerrero y para el propio
Aguirre Rivero, pone al descubierto los temores del gobernador, sus cargos de
consciencia que lo mantienen desde hace un mes con problemas de sueño. Lo laxo
de su comportamiento político, sus omisiones, negligencias, nepotismo y sus
presuntos vínculos con la delincuencia organizada, son probablemente algunas de
sus peores pesadillas en este momento.
A diferencia de lo que
algunos sectores opinan, la salida de Ángel Aguirre sí sirve y era
indispensable para disminuir la presión social y política en el país. Sin
embargo, esto no será suficiente, la PGR debe mantener una línea de
investigación y actuación medianamente creíble para las familias afectadas y la
sociedad en su conjunto. La paz en el Estado de Guerrero será producto de dos
cosas: la localización con vida de los 43 normalistas desaparecidos y la
detención de todos los responsables, intelectuales y materiales, de los
trágicos acontecimientos de Iguala. Ojalá que la Procuraduría no cometa el
error de vincular a los estudiantes de Ayotzinapa con grupos del crimen
organizado, como ayer fue denunciado por líderes estudiantiles y padres de
familia de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, porque esa estrategia incriminatoria,
planteada por las autoridades federales, sí puede provocar un nuevo estallido
social.
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