Alfredo Nava Pérez
Por qué el gobernador
Ángel Aguirre Rivero se permitió llegar hasta esta encrucijada, en donde
parece que la única salida digna es la renuncia al cargo. De qué se le está
juzgando en este momento al gobierno del estado y por qué con tanta severidad.
¿Será que existe un complot en su contra, como muchos lo creen? ¿Será que
fuerzas políticas oscuras están conspirando en contra suya?, o ¿Será que
existen antecedentes reiterados de corrupción, impunidad y vínculos con la
delincuencia organizada por parte de su gobierno?
Si vemos como un hecho aislado el caso Iguala, suena
bastante lógico el razonamiento de las personas afines al gobernador Aguirre,
que argumentan: “si el ejecutivo estatal no dio la orden directa de balacear,
detener y desaparecer a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no tiene por
qué dejar el cargo, ya que no hay responsabilidad jurídica de su parte en los
hechos delictivos perpetrados el 26 y 27 de septiembre”. Sin embargo, si se
revisan los diferentes sucesos violentos que desde el inicio de su gestión se
han venido dando en el estado de Guerrero, la perspectiva del problema cambia
en un ángulo de 180 grados.
El primer acto represivo, porque no hay otra forma de
calificarlo, fue el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en el año 2011,
cuando un grupo de estudiantes de esa normal rural se manifestaba bloqueando la
autopista del sol y al tratar de dispersarlos, policías ministeriales del
estado dispararon a mansalva contra ellos. El segundo hecho violento se da
precisamente en Iguala, en donde fueron levantados, secuestrados, torturados y
ultimados 3 dirigentes perredistas, miembros de la organización Unidad Popular,
entre ellos Arturo Hernández Cardona. Este acontecimiento es uno de los más
lamentables, ya que los gobiernos federal y estatal tenían información que
señalaba al otrora presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez,
de haber orquestado el crimen e incluso de haber matado de dos escopetazos a su
correligionario Cardona, y no se hizo absolutamente nada, se le dio carpetazo
al expediente. En ambos casos, la corrupción al interior de la Procuraduría de
Justicia del Estado ha impedido que se esclarezcan los hechos, que se finquen
responsabilidades y que se procese a los culpables, consolidando con estas
negligencias u omisiones, la impunidad que impera en Guerrero. La Procuraduría
ha sido utilizada por el gobierno de Ángel Aguirre como tapadera de varios
hechos delictivos, en lugar de usarla como instrumento que permita la
impartición de justicia para los guerrerenses.
El hostigamiento, intimidaciones, detenciones y
encarcelamiento injustificado de otros dirigentes de organizaciones sociales (como
Marco Antonio Suástegui, CECOP) y de policías comunitarias (como Nestora
Salgado García, CRAC), son algunos botones de muestra de cómo opera el gobierno
del estado contra los grupos disidentes en Guerrero.
El linchamiento público que de la figura del gobernador
Aguirre Rivero se ha hecho en los últimos días, tanto en redes sociales, medios
de comunicación, como en las principales calles de diversas ciudades del país y
del mundo, no es producto de la casualidad ni de la mala fe de miles de
personas, es resultado de la forma tan obtusa de encarar el trágico
acontecimiento de Iguala por parte del ejecutivo estatal. Lo que la gente tiene
claro es cómo el gobierno del estado da bandazo tras bandazo, patina una y otra
vez, primero al intentar justificar su inacción, luego al querer deslindar responsabilidades y
finalmente al tratar de administrar el conflicto e implementar un plan para el control de los
daños.
La entrega de tarjetas de atención integral y la creación de
un comité encargado de valorar si las familias afectadas por las muertes y las
desapariciones forzadas de normalistas son merecedoras de algún apoyo
psicológico, médico o económico, no va a servir de mucho para contrarrestar los
efectos negativos de esta masacre colectiva y, lo más probable, tampoco ayudará
a revertir el enorme descrédito en que está sumido actualmente el gobierno de
Ángel Aguirre. Más que dinero, las familias quieren justicia, quieren a sus
hijos sanos y salvos de regreso en sus hogares. Un gobierno que ofrece billetes en lugar de
justicia, es un gobierno que debe de irse.
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