Noé Ibáñez Martínez
La renuncia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador la tarde
del jueves 23, no ha resuelto la crisis política y social que vive el estado.
La toma de alcaldías, la quema de oficinas gubernamentales y el saqueo de
tiendas departamentales continúan por parte de maestros de la Ceteg,
normalistas y otras organizaciones sociales; a pesar de que una de las razones
por las que dijo que se separaba del cargo era para "favorecer el clima político".
Esto demuestra que el problema no era un solo hombre, sino
el sistema, que compete también gobierno federal. Es decir, el conflicto pasaba
por un hombre, pero su solución no radicaba solo en ese hombre. En este caso, a
pesar de la magnitud del problema (cuyo antecedente ya tenía conocimiento la
Federación) el primer error fue deslindarse y evadirse la responsabilidad como
Estado, cuando bien se supo que policías municipales estaban ligados con el
crimen organizado.
A tres días de la renuncia de Aguirre y a un mes de la
matanza y desaparición de 43 normalistas, la PGR no los ha localizado como
tampoco a los responsables quienes también convirtieron a Iguala en un
cementerio; esto motivó que los padres de los estudiantes rompieran el diálogo
con la Procuraduría. Ahora, buscan reunirse con el inquilino de Los Pinos,
quien seguramente no les dará otra respuesta más que decir que los seguirán
buscando… a través de la PGR.
La salida de Aguirre no ha mejorado el ambiente político. Al
contrario, la atención ya no es por la búsqueda de los normalistas sino saber
quién quedará de gobernador interino y qué intereses podría representar en cara
a las elecciones del 2015; que es punto primordial que le preocupa y ocupa al
PRD.
Entonces, si la administración de Peña Nieto era el ejemplo
internacional con el rosario de reformas estructurales a debutar en el inicio
del 2015, ¿qué ocurrió en tan pocas semanas como para desplazar la tranquilidad
y esperanza que despertaba el llamado “Mexican Moment”?
¿Era falso que todo estuviera bajo control y se vendieron
soluciones que no atacaron los problemas? ¿O es que algunos grupos –legítimos e
ilegítimos- vieron amenazados sus intereses, sus cotos de poder y se dedican
ahora a desestabilizar a un gobierno que amenazó sus privilegios?
Que el gobierno federal no tenga respuestas a estas
preguntas como tampoco encuentre a los desaparecidos después de un mes, aun
teniendo las pruebas, no habla bien de los sistemas de inteligencia en
operación que presumen en los medios de comunicación, como la compra millonaria
de drones y sofisticados equipos de intervención telefónica. Además de contar
con corporaciones policiacas y fuerzas especiales que podrían (si quieren)
encontrar fácilmente a los delincuentes y, por supuesto, a los normalistas.
Entonces esto hace pensar que existen otros intereses más
perversos detrás de las desapariciones, que podría ir más allá del ámbito
municipal y arruinar el “Mexican Moment” de Peña Nieto; pero lo que buscan
mientras es ganar tiempo, ¿para qué? Solo ellos saben. Pero lo que sí es cierto
es que el Estado mexicano ha demostrado cabalmente su incapacidad.
Por eso insisto, en que algunos celebren como victoria
política la salida de Ángel Aguirre, no será suficiente para detener la
descomposición social que comenzó hace décadas con la complicidad entre
gobiernos (de los tres niveles) y crimen organizado; cuya consecuencia es la hoy
atraviesa Guerrero.
hist23@gmail.com
@ibanez_marti
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