Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

RECTIFICA EL PRI EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE SU CANDIDATO

La directiva del PRI estatal que el pasado domingo aseguró que el candidato a la gubernatura del estado saldría de la Convención de Delegados, estaría negando la intervención del Comité Nacional y las encuestas que se han estado levantando para conocer la aceptación y popularidad de los cuatro aspirantes a la postulación del partido tricolor para la elección del año próximo.

Se advierte ahora que desde el CEN priista rectificaron lo que aquí se dijo el pasado fin de semana y dieron la indicación de hacer la corrección del método de selección, que se hará, primero, por las encuestas y que una vez hecha la medición de los aspirantes, el Comité Nacional definirá al candidato y el comité estatal ratificará la decisión tomada, en la Convención de Delegados, que no tendrá la posibilidad de elegir entre varios de los aspirantes, sino que le corresponderá ungir al candidato en la reunión correspondiente.

La directiva estatal, que encabeza Cuauhtémoc planteó en días pasados que habría un proceso interno entre los cuatro que buscan la candidatura y que hasta febrero se tendría un candidato, pero las instrucciones del CEN dejan claro que será ese comité el que definirá la forma en que se va a seleccionar al abanderado y que eso no está a discusión ni puede ser modificado por el comité estatal, donde se advierte un intento de los dirigentes por imponer sus condiciones, porque de esa manera tratarían de manipular la selección del candidato, pero eso ya quedó descartado, porque se les hizo saber que la conducción del proceso de elección del candidato estará en manos del CEN, para evitar que se trate de bloquear o favorecer a alguno de los aspirantes que no cuente con la simpatía de los dirigentes partidistas locales.

Los cuatro aspirantes acudieron a las oficinas del CEN, donde se les hizo saber la forma y las condiciones en que se desarrollará el proceso selectivo del candidato a la gubernatura y al resto de las posiciones, como diputaciones federales, las locales y las presidencias municipales.

Lo más seguro es que no haya una contienda interna como había dicho el comité estatal, sino que la medición se hará por medio de varias encuestas y de otros análisis del CEN, que puede definir al candidato antes de que concluya el año o a más tardar en enero y ya entonces se convocaría a la Convención de Delegados, que tendrá la responsabilidad de hacer formal y oficial la candidatura de quien sea señalado por el comité nacional.

Se ratificó que los aspirantes que están considerados en ese proceso son: el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; el diputado local, Héctor Astudillo Flores; el diputado federal, Manuel Añorve Baños, y el dirigente del PRI, Cuauhtémoc Salgado.

Todos confirmaron ante la dirigencia nacional que respetarán la decisión que tome la dirigencia nacional, además de comprometerse a trabajar y colaborar en la campaña electoral, para hacerlo ganar.
Claro que hay algunos casos entre los participantes que no tomaron de la mejor manera la decisión del CEN, porque los grupos de poder en el estado esperaban tomar el proceso en sus manos para definir al candidato de acuerdo a sus intereses y los convenios mutuos que han establecido, casi como lo hicieron en el 2011, cuando por esas mismas razones, dejaron fuera de la candidatura a Ángel Aguirre Rivero, quien finalmente les impuso una derrota contundente, frente al candidato que impusieron, Manuel Añorve.

Nada más que ahora no los van a dejar que vuelvan a hacer lo mismo, sino que se buscará al mejor candidato y se le dará todo el apoyo para que recupere la gubernatura del estado.
Todo indica que quien tiene las mayores posibilidades de lograr la candidatura es Mario Moreno, por el trabajo desarrollado y la buena imagen que ha mantenido todo el tiempo, a pesar de los ataques perversos e interesados.

ORGANIZACIONES SOCIALES RECLAMAN BUSCAR DESAPARECIDOS, CASTIGAR A VÁNDALOS Y FORTALECER EL DIÁLOGO

Un total de 23 organizaciones sociales de Chilpancingo se unieron en el Movimiento “Guerrerenses por la Paz”, quienes señalaron que se vive una crisis de derechos humanos  en Guerrero y en el país y reclaman que se termine con la inseguridad y la violencia, incluso la que han generado los grupos que al protestar supuestamente por los 43 normalistas desaparecidos, en realidad pretenden desestabilizar al país y dividir a la sociedad, para lo cual se han infiltrado en las marchas pacíficas, a fin de cometer actos vandálicos, que afectan la vida económica del estado y creado psicosis en la sociedad.

Ayer dieron a conocer su integración como movimiento social, en el que intervienen organizaciones sociales que buscan promover la paz y tranquilidad, agrupaciones de profesionistas e incluso los presidentes de los cinco barrios tradicionales de la capital, San Mateo, Santa Cruz, San Antonio, San Francisco y Tequicorral, quienes plantearon tres demandas básicas:

Uno: Exigencia a los tres órdenes de gobierno para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas y la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas y la aplicación de la ley a los responsables.

Dos: Que se aplique la ley a todos los que realicen actos vandálicos, porque debe cuidarse la legitimidad del movimiento social surgido en el estado.

Como tercer punto, convocar a la realización de mesas de diálogo, antes de que termine el año, en las que participe el gobernador Rogelio Ortega Martínez, para plantear políticas públicas en materia de seguridad, educación, economía, deporte y cultura, que presenten soluciones de largo alcance, que faciliten la recomposición del tejido social, que es el mayor problema actual.

QUE BUENO QUE SURJAN este tipo de movimientos de la sociedad civil, porque es necesario que la gente participe en la solución y definición de las políticas públicas, porque en la medida en que se logre un mayor involucramiento en la atención de las necesidades y los problemas, mejores soluciones se podrán alcanzar, además servirá para que las autoridades en sus tres manifestaciones, actúen con mayor celeridad y responsabilidad, para no permitir más acciones fuera de la ley que sean privilegiadas con la impunidad.

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