Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

TODO INDICA QUE DESAGRACIADAMENTE ES CIERTA LA INFORMACIÓN DE LA PGR

Claro que para los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa es muy cruel y por lo mismo inaceptable la versión que les presentó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los 43 desaparecidos fueron llevado al basurero de Cocula, donde fueron asesinados los que seguían con vida, para luego quemarlos totalmente, recoger las cenizas y huesos que quedaron para tirarlos en las aguas del río San Juan, donde desaparecieron la mayor parte de esos vestigios.

Los padres tienen todo el derecho de exigir que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y que la realicen organismos internacionales que no puedan ser tachados de parciales o de buscar favorecer al gobierno, pero en realidad no hay ninguna pista, ningún indicio de que esos muchachos sigan con vida y que alguien los esté ocultando y que el gobierno no se esfuerce por encontrarlos y presentarlos con vida.

Ojalá fuera así de sencillo y el mismo gobierno seguro que desearía que esa versión fuera cierta, pero todo indica que no hay manera de que fuera real y de que en un momento dado algún grupo que los mantuviera ocultos se pronunciara y reclamara un rescate por ellos, pero no hay posibilidades de que eso pudiera suceder.

Todos los datos y el seguimiento de la información muestran que los cuerpos incinerados en Cocula eran de los normalistas, porque no hay otro grupo que igual hubiera sido desaparecido y que los sicarios que los recibieron de los policías de Iguala y Cocula los llevaran al tiradero. No hay más grupos desaparecidos, sólo los normalistas que coinciden en número y en las expresiones ante los sicarios en el sentido de que eran estudiantes.

Es una desgracia enorme, sin duda, que no puede ni debe quedar impune.

Los autores intelectuales, los que dieron la orden de actuar contra ellos ya están detenidos y son José Luis Abarca y su mujer, María de los Ángeles Pineda, también presos los policías que los detuvieron y los entregaron y hasta varios de los sicarios y su jefe, que dio la orden de asesinarlos. Sólo falta el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez y el resto de los sicarios que intervinieron.

Obviamente que todos ellos van a recibir las condenas máximas que establece la ley, mientras que Abarca, su familia y demás implicados en sus negocios se van a quedar sin nada, porque el gobierno les va a decomisar todas las propiedades que hayan sido adquiridas con recursos ilícitos, que son la mayoría, y las hijas y demás familias que andaban presumiendo su riqueza y haciendo derroche, es muy probable que se queden en la indigencia o casi.

Que no están identificados los normalistas, es cierto, y casi es seguro que nunca se podrá hacerlo, porque los delincuentes buscaron desaparecer toda evidencia, pero la investigación, que inició el estado y continuó la PGR tiene elementos suficientes para demostrar la agresión a los normalistas, el secuestro por los policías, la entrega a los delincuentes y los evidentes rastros y elementos físicos que demuestran su muerte y su incineración.

No hay duda que todos serán castigados con el mayor rigor de la ley.

LA VIOLENCIA NO RESUELVE NADA, SÓLO AFECTA LA ECONOMÍA DEL ESTADO: ORTEGA

Más que los padres de familia y la gente cercana a los muchachos sacrificados, que aunque indignados y exigentes de que se haga justicia, como tienen derechos a hacerlo, quienes se han dedicado a vandalizar las oficinas del gobierno estatal son grupos ajenos, con objetivos políticos, que buscan dañar a las instituciones con la intención de buscar beneficios personales y de grupo, pero que no ayudan a la solución y superación de los problemas y sí, en cambio, dañan severamente la imagen del estado y de sus centros turísticos.

Por eso, el gobernador Rogelio Ortega hizo un llamado a todos los activistas que promueven acciones de protesta por el caso de los normalistas a no caer en acciones agresivas y destructivas que atenten contra terceros y afecten la economía estatal, porque lo que se requiere es reconstruir la paz, la tranquilidad, la armonía social, para recuperar la gobernabilidad democrática.

En una reunión con representantes de la iglesia católica de varias entidades, el mandatario estatal dijo reconocer y respetar el dolor de las familias de los estudiantes, pero pidió que ese sentimiento no lleve a los actos de violencia que se han visto, como la agresión al palacio de gobierno y la destrucción de vehículos de empresas particulares.

Es evidente que esos actos de violencia irracional no conducen a nada, porque las grandes cadenas comerciales pierden algunos vehículos que tienen asegurados, pero la disminución de la actividad económica afecta al pueblo porque habrá choferes, cargadores y otros trabajadores humildes que se van a quedar sin trabajo, además de que los productos que roban o impiden que lleguen a las tiendas se encarecen artificialmente.

Reconoció el funcionario que es totalmente comprensible la situación de dolor de los padres de los desaparecidos, pro hizo ver que eso no justifica los actos de violencia que infunden terror e impiden la llegada de turistas, que son la base de la economía del estado, porque no sólo los hoteleros sufren pérdidas, sino que los más afectados son los trabajadores que se quedan sin trabajo, tanto en hoteles, como en restaurantes, tiendas, centros de diversión y hasta en las calles donde mucha gente obtiene su subsistencia.

POR ESO, LA IMPUNIDAD Y la tolerancia no se pueden extender de manera permanente, porque los vándalos son los mismos que llevaron a los normalistas más novatos al sacrificio, aparte de los infiltrados que tienen otras intenciones políticas o simplemente de daño a la sociedad.

No se trata de reprimir con violencia las manifestaciones que se producen diariamente, sino evitar el saqueo y la destrucción de bienes públicos y privados.

Para eso, debe hacerse un trabajo de inteligencia para ubicar e identificar a los vándalos y los delincuentes y aprehenderlos en acciones especiales de la Policía Ministerial, estatal o federal, y someterlos al imperio de la ley. Si se hace, ya se verá que más pronto que tarde todas esas acciones violentas y destructivas irán bajando de intensidad y frecuencia, hasta desaparecer.

No se trata de reprimir los movimientos sociales, como rechaza el gobernador Rogelio Ortega, sino de capturar a los delincuentes que operan encubiertos bajo el manto del rechazo popular a lo ocurrido.

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