Comisión investigadora sobre Ayotzinapa: Posicionamiento del diputado Ricardo Mejía Berdeja

La respuesta y el manejo que se ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurrida en el municipio de Iguala, así como la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano.

No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como estas, y la realidad indica que a 19 años de distancia, las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como se debe, y las víctimas no reciben justicia, ni reparación.

La larga historia diplomática de México, que ha brindado figuras de derecho internacional importantísimas y que hasta la fecha se aplican en la materia, se ve pisoteada en el propio suelo mexicano, en donde no existe tratado internacional que se cumpla a cabalidad, mucho menos en lo que se refiere a los derechos humanos.

Aquí la justicia se imparte por amiguismo, aquí el botín político de unos es la ruina de otros, la sanción es casi siempre una destitución para los personajes incómodos, y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.

En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la secretaría de Gobernación, ante la falta de acciones contundentes y la presión social, por lo sucedido en la masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Y no sucedió nada más.

En 1996, el entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas del año anterior. Y no sucedió nada más.

El gobierno actual ha puesto en bandeja de plata la cabeza de otro gobernador, pretendiendo con ello silenciar a la sociedad que clama la aparición con vida de los 43 estudiantes y no ha sucedido nada más.

Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada más, porque la exigencia principal, el motivo de la lucha de familias y amigos sigue existiendo: una desaparición forzada que no es responsabilidad de nadie más que del propio Estado, que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil.

La polarización social que actualmente se vive, en la que un sector recibe todos los privilegios, mientras que la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo, la discriminación, la violencia criminal, la falta de servicios de seguridad social, la falta de educación y muchos otros, agrava las profundas heridas que ha causado la desaparición de estos 43 estudiantes, que en sí mismos representan la lucha por vencer todos los retos que el propio sistema le impone a la clase más pobre de nuestro país.

Sin dejar de lado la gravedad del caso Tlatlaya, me centraré en lo sucedido en Iguala, debido a que es el epicentro de los trabajos de la Comisión Especial, pero además ha marcado el patrón de las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país.

En este caso, el Estado mexicano ha manifestado su compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantizar la atención a las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos que representan sus intereses, sin embargo, hay un cambio constante de narrativa, pero nunca de realidad.

A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, queda claro que Peña Nieto encabeza un gobierno que miente, y no sólo eso, maquilla los hechos.

Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas que lo colocaron mediáticamente como un gran hombre de Estado porque, ¿cómo puede serlo, cuando los jóvenes de su país son la principal víctima del crimen organizado, y no puede responder por su seguridad o un trato digno para sus familias?

¿Cómo puede ser un gran estadista cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos, que no sólo se focaliza en un grupo, sino en todos los grupos sociales, en mayor o menor medida? Nadie queda a salvo de esta barbarie, sólo un minúsculo grupo cercano al poder, que es intocable.

El fracaso de la política de combate al crimen organizado es evidente, el único resultado que ha tenido hasta ahora es la generación de cientos de miles de víctimas: niñas, niños y adolescentes huérfanos o incorporados a las filas del crimen organizado, familias destrozadas, y una cantidad incierta de personas desaparecidas.

Ante ello, se ha creado una Ley General de Víctimas, que le da un pretexto perfecto al gobierno para argumentar que existe diálogo, cooperación y contacto con los familiares, cuando en la realidad la lucha por un presupuesto digno para la comisión encargada de que dicha Ley tenga una aplicación real, ha sido una batalla constante en el congreso.

Ante ello, y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa y, como siempre, los grupos más vulnerables son los que reciben la peor parte.

Y, como si no fuera poco para las familias de los desaparecidos, ahora se acusa a los jóvenes de estudiar en una normal rural, en donde presumen que el crimen organizado ha infiltrado la estructura, por lo que presumen que ellos desaparecieron como consecuencia de sus actividades, revictimizando a las familias.

Las palabras “ustedes se lo buscaron”, que según los testimonios de los jóvenes fueron pronunciadas por militares, hablan del nivel de violencia y crueldad con la que los jóvenes fueron tratados.

Hasta ahora, la búsqueda se ha centrado en la tierra, en buscar muertos, y la misma tierra arroja datos crueles: ¿de quién son hijas e hijos las personas que están siendo encontradas en las fosas clandestinas? ¿Por qué están ahí? ¿Desde cuándo? ¿Quién les asesinó?

Permitieron que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que siquiera el Procurador Jesús Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de una desaparición forzada, negándose así a reconocer el delito que se debía perseguir desde un inicio.

Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales la Segob anunciara que se estaban concluyendo diligencias  para acreditar el delito de desaparición forzada, mismo que, repito, se tipifica en un plazo máximo de 72 horas.

Por su parte, Peña Nieto actuó con incomprensible indiferencia y negligencia: se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones; se ha negado a realizar una sola conferencia de prensa o una entrevista con un periodista independiente, no ha respondido a una sola pregunta sobre el tema; y tuvieron que pasar 33 días para reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos.

Diputadas y diputados, México está en una crisis humanitaria. Nos encontramos en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades.

La realidad está afuera, en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en las cientos de mujeres asesinadas en el Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato… Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes, y hoy nos explota tras pisar la mina sobre la que nos balanceamos durante años.

Iguala se ha convertido en un caso extremo que ha causado indignación y hervir de sangre en nuestro país y a nivel internacional, un país que ha dejado al joven presidente sin el apoyo de los jóvenes, sin el apoyo de los campesinos, de los electricistas, del magisterio, del sector obrero.

Ayotzinapa revive la masacre de San Fernando, y nos recuerda que no se ha hecho nada por los migrantes. Revive el caso Acteal y nos recuerda que tampoco se ha hecho nada por los campesinos. Revive Atenco y nos recuerda que no se ha hecho nada por detener el abusivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiacas, ni se ha hecho nada por impedir que la tortura sea parte integrante de los procedimientos policiacos y de investigación.

Ayotzinapa es además una omisión viva del Ejército, que negó ayuda a los jóvenes que pidieron auxilio en el vigésimo séptimo batallón, que no se encuentra a más de 400 metros del lugar donde fueron vistos por última vez los jóvenes.

Nicolás Andrés Juan, padre de Edgar Andrés Vargas, uno de los lesionados por los sucesos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, ha denunciado públicamente que su hijo casi muere asfixiado, tras ser herido en el segundo ataque.

Después de que sus compañeros lograran resguardarlo en una clínica a la que entraron apoyados por el personal que ahí laboraba, lugar al que posteriormente entraran militares a golpearlos, acusándolos de allanamiento de morada, golpeándolos salvajemente, incluido el estudiante lesionado, impidiendo que se le atendiera a tiempo hasta que finalmente se alejaron del lugar.

¿Qué dice la Sedena sobre esto? Porque hasta el 21 de octubre de 2014, ni la CNDH, ni la Comisión estatal, ni ninguna autoridad había mencionado siquiera una investigación relacionada con los integrantes del Ejército que en el mejor de los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes al momento desconocidos, y en el peor de los casos se sumaron al tiroteo, asesinato de personas y posterior desaparición forzada de 43 estudiantes.

De los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) celebrado el año pasado, México aceptó 166 de 176 recomendaciones hechas por los Estados y justamente entre las 10 recomendaciones de las que sólo tomó nota, es decir que en la práctica quedan rechazadas, se encuentra no reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales, argumentando que México se encuentra en vías de instaurar sus propios mecanismos. Ayotzinapa confirma que tal hecho no sólo fue grave, sino profundamente falso.

En la minuta firmada por Peña Nieto después de su “diálogo” con los padres, el gobierno eliminó del documento el delito de “desaparición forzada”, que los padres exigieron reconocer.

¿Sería a caso porque sus mismos secretarios rechazaron la jurisdicción internacional en materia de desapariciones forzadas? ¿O porque no quiere abrir la puerta a la Corte Penal Internacional conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Constitución?

Para Naciones Unidas “lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de Derecho [...] Pedimos asimismo que se castigue a los responsables y que se proteja a los familiares de las víctimas y todos los que están investigando o apoyando los esfuerzos para determinar la suerte y el paradero de las víctimas”.

La extrema gravedad de los hechos –agregó–, ligada a la desaparición de tantas personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible su paradero”, indicó la ONU en un comunicado.

Mientras que para la Organización de Estados Americanos (OEA), los hechos representan “un crimen inhumano y absurdo”, a la vez que solicitó a México realizar una investigación completa y transparente.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las siguientes medidas dirigidas al gobierno mexicano, por lo que se dio un plazo de diez días (a partir del 3 de octubre) para que el Estado respondiera sobre el avance de la aplicación de las mismas:

A) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal;

B) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital;

C) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y

D) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

Amnistía Internacional, por su parte, ha sido incisiva y firme al sostener que México no cuenta ni siquiera con los elementos periciales para extraer cuerpos e investigar las zonas de hallazgos como es debido, y que las autoridades están más interesadas en brindar información a los medios, que a las familias, quienes se enteran de más hallazgos de cuerpos por la prensa y a radio

Y ni siquiera estas recomendaciones se han cumplido a cabalidad. Recomendaciones de organismos internacionales, especializados en materia de derechos humanos, que Peña Nieto, su gobierno, y los gobiernos locales, todos, se han negado a implementar y defender a cabalidad.

Hemos propuesto que conforme al artículo 4º de la Ley General de Víctimas, se considere como víctimas a toda la comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa; así como a sus familias, pues han sido excluidas y perseguidas por gobiernos locales y federales que buscan la desaparición de esa escuela y las normales rurales, como la de El Mexe, Hidalgo, que fue cerrada cuando Osorio Chong fue gobernador de la entidad.

El total general de los hechos nos habla de una responsabilidad absoluta del Estado, las contradicciones entre las versiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno así lo manifiestan, las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos lo confirman, y el desamparo en el que se encuentran las víctimas, y la desaparición de los estudiantes sentencia que así es.

La comisión sigue trabajando, arduamente, procurando que las tareas se realicen de manera imparcial y expedita, quedan pendientes las reuniones con el secretario de Defensa, con estudiantes normalistas y con familiares de las víctimas. En Movimiento Ciudadano nos comprometemos a no permitir que los tintes políticos o intereses proteccionistas se interpongan en el camino de nuestra colaboración a lograr justicia para las víctimas.

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!