Carlos Reyes Romero
Hasta encontrarlos. La prioridad nacional sigue siendo
encontrar a los normalistas desaparecidos. La exigencia se ha extendido por
todo el país y también por el mundo. Es un reclamo humanitario urgentísimo.
No es para menos; la mayoría de ellos son jóvenes de primer
año de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Además, son jóvenes
de escasos recursos cuya única opción real de estudios es esta escuela. En ella
obtienen estudios, hospedaje, alimentación, libros, material escolar y una
pequeña partida recreativa estudiantil para sus gastos menores. Aunque todo
ello de manera muy, muy raquítica y en instalaciones muy deterioradas y
ruinosas por la falta de mantenimiento.
Aun así, los egresados de Ayotzinapa son los normalistas del
estado con las más altas calificaciones ˗ellos sí presentan exámenes de
conocimientos, mientras que desgraciadamente en las otras normales públicas los
maestros califican a los alumnos al “tanteo” o de acuerdo al “regalito” que les
dan; por otra parte, los despectivamente llamados “Ayotzinapos” son los profesores
que más aguantan las difíciles condiciones para el ejercicio docente en las comunidades
rurales donde los mandan.
No son flores de pavimento, ni gente de pensamiento
sometido.
La esperanza está en el aire. En los últimos días ha corrido
muy fuerte el rumor de que los normalistas desaparecidos están vivos y en poder
de un grupo delictivo, que pide una fuerte suma ˗y seguramente impunidad˗ por
dejarlos en libertad.
El gobernador Rogelio Ortega ha manifestado que sí esto es
cierto, está dispuesto a negociar y también puede interpretarse como una señal
positiva en tal sentido, la reciente negociación que el gobierno federal
patrocinó para lograr la liberación de los ciclistas secuestrados en días
pasados en el Ajusco.
Ojalá esto sea cierto y los normalistas sean encontrados con
vida.
No importa el monto de lo que haya que pagar, lo importante
es rescatarlos.
Excelente desempeño.- La activa participación de integrantes
del sistema de seguridad y justicia ciudadana de la UPOEG en la búsqueda de los
normalistas desaparecidos, contrasta con la morosidad e indolencia mostrada por
los funcionarios de la feneciente administración aguirrista, particularmente de
los encargados de seguridad pública y justicia.
Sin aspavientos ni protagonismos estériles, indagando aquí y
allá, recogiendo las voces e informaciones del pueblo, como sólo saben hacerlo
quienes son pueblo, los policías comunitarios recorren los intrincados caminos,
brechas y senderos de nuestra agreste orografía en busca de los muchachos.
El ejército, la marina y la policía federal han aprendido a
trabajar codo a codo con ellos, olvidando, aunque sea temporalmente, los roces
y encontronazos que anteriormente se han dado. En el fondo saben, por
experiencia propia, que los comunitarios tienen razón y que sólo el pueblo
puede ser efectiva salvaguarda de la seguridad y la justicia.
Para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones,
urge la renovación de mandos en la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad
Pública y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ello contribuirá a avanzar
en el restablecimiento de la paz, la armonía social y la reconciliación en
Guerrero.
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También debe ser investigada la conducta de los mandos
superiores y medios de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de Protección
Civil y sus fallas y omisiones en cuanto a garantizar la seguridad pública, así
como sus posibles colusiones con el crimen organizado.
En el Tribunal Superior de Justicia hay un extendido rechazo
al retorno del Doctor Martínez Garnelo a la presidencia del Poder Judicial.
Pesa mucho en el ánimo de magistrados y jueces, la intervención que aquel tuvo
en la liberación del delincuente Carlos Alberto García Castro, conocido como
“El Calilla”.
Aferrados al cargo. Parecen chamacos los funcionarios del
sector central y paraestatal de la administración pública, designados por el anterior
gobernador Ángel Aguirre, que se niegan a presentar su renuncia.
Ora sí que las leyes no escritas, el protocolo y las buenas
costumbres obligan a todos los ocupan un puesto de mando o de confianza en gobierno
a presentar su renuncia cuando hay un cambio de titular, máxime cuando se trata
del gobernador del estado en quien reside constitucionalmente la titularidad
del Poder Ejecutivo.
Mal se ven los funcionarios que nadando de muertito actúan
como si nada hubiera pasado y se hacen como que la virgen les habla, cuando se
trata de dejar en libertad al nuevo gobernador de nombrar gente de su confianza
en los cargos públicos.
Como en todo hay sus excepciones. Enhorabuena por Beatriz
Mojica Morga, Alberto López Rosas y Juan Larequi Radilla, quienes en tiempo y
forma presentaron sus renuncias. Héctor Manuel Popoca Boone, en un acto de
dignidad política y de solidaridad con los jóvenes masacrados y desaparecidos lo
hizo semanas antes de que Aguirre se fuera.
Afortunadamente, a todos los demás ya les recordaron y pidieron
la inmediata presentación de su renuncia. Ya no pueden hacerse como el tío
Lolo.
Llama la atención que en un inédito acto de gobierno, se les
haya pedido también que aquellos que tengan interés en colaborar con el nuevo
gobierno, anexen a su renuncia una solicitud escrita donde expresen claramente su
petición junto con las razones que la motivan, la cual prometen será valorada
y, con las reservas del caso, dictaminada. Es una oportunidad no esperada para
todos.
Los nombramientos hasta ahora expedidos por el gobernador Rogelio
Ortega Martínez muestran un necesario ejercicio de concertación con las fuerzas
políticas y sociales tanto a nivel federal como estatal, no obstante que la
mayoría de ellos proviene o han ocupado cargos en la Universidad Autónoma de
Guerrero.
Por el bien de todos los guerrerenses, ojalá den prontos y
buenos resultados.
Noviembre 1 de 2014
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