Carlos Reyes Romero
“Nuestros sueños no caben en sus urnas”
Del movimiento por los 43 de Iguala
Los males que pretendía evitar el financiamiento público a
los partidos políticos, regresan agrandados por las nefastas y corruptas
prácticas de estas formaciones políticas que no han sabido corresponder a la
confianza que la sociedad mexicana depositó en ellas.
El principal de estos males, el negativo impacto del poder
del dinero en la vida política de México, renace una y otra vez, como Medusa de
mil cabezas, a pesar de las múltiples
reformas electorales, siempre inacabadas por incumplidas, que le ponen candados
y más candados.
Pese a todo, el dinero de los muy ricos y del crimen
organizado, el dinero del poder, sigue mandando.
A ciencia y paciencia de los poderes públicos y ante la
incapacidad, en términos y tiempos reales, del Instituto Nacional Electoral y de
los organismos electorales de los estados para controlar el gasto de los
partidos políticos en las campañas electorales y de transparentar las
aportaciones privadas que reciben ni el origen de las mismas, el dinero sucio corre
a raudales en los procesos electorales.
De esto se acusan mutuamente los principales partidos
nacionales: el PRI, el PAN y el PRD y sus aliados: El PVEM, el PANAL y el PT,
al cual ahora le toca desaparecer por haberse plegado a los designios de su
aliado el PRD, de aceptar el incremento del 2% al 3% en el “umbral de registro”,
así le llamaron al requisito para obtener y mantener el registro de partidos
políticos.
También se acusan, aunque con más mesura y a la calladita,
de recibir recursos ocultos del crimen organizado, otro de los males que se
pretendía evitar.
Todos lo niegan, pero para el gran público eso es una
realidad incontrovertible.
La lógica popular es muy sencilla: si el crimen organizado
ha penetrado y casi capturado y sometido al gobierno, las policías, a los jueces
y ministerios públicos, ¿por qué no habría de hacer lo mismo con los partidos
políticos y sus candidatos? No tienen madera de ángeles y el dinero los subyuga
y pervierte.
Los propios promotores del actual modelo de financiamiento
público a los partidos políticos, los “Mapaches” –así se reconoce en la jerga
política a los fundadores del Movimiento de Acción Popular (MAP)− grupo al que se
asocia a José Woldenberg, Rolando Cordera, Héctor Aguilar Camín y una pléyade
de intelectuales orgánicos, están preocupados por el mal uso que han hecho los
partidos políticos de los recursos públicos que se les han otorgado durante los
últimos 18 años (1997-2015).
Así Héctor Aguilar Camín en sus artículos “Aquellos Tiempos
I y II”, publicados en Milenio, los días 23 y el 25 de junio, recuerda el
escándalo que armaron el PAN y el PRD por las estratosféricas cantidades que
les dio el IFE en 1997.
Recuerda Aguilar Camín que el PRD que en 1996 había gastado
9 millones 215 pesos, iba a recibir más de $194 millones de pesos para 1997;
mientras que el PAN que en 1996 había gastado $24 millones 576 mil pesos, iba a
recibir más de 259 millones de pesos al año siguiente.
Y agrega: “Las cifras escandalizaron al PAN al punto de que
devolvió el primer cheque de sus nuevas prerrogativas. El PRD dijo que
utilizaría ese dinero en comprar libros y repartirlos entre la población.”
En realidad, Héctor Aguilar Camín se quedó corto. Lo que
realmente recibieron en 1997 el PAN y el PRD como prerrogativas ascendió a $527
millones 248 mil 111 pesos para el PAN como partido nacional y $82 millones 388
mil 479 pesos como partido local en el DF; mientras que el PRD recibió $391
millones 336 mil 040 pesos como partido nacional y $68 millones 717 mil 472
pesos como partido local en el DF. Tal como lo informa el INE en la sección
financiamiento de los partidos políticos de su portal Web.
Con estos “cañonazos” tanto el PAN como el PRD rápidamente
se avinieron a su nueva situación y disfrutaron su condición de “nuevos ricos
electorales”.
Lo malo es que el modelito que se inventaron los Mapaches le
está costando millonadas al país y no parece tener fondo.
De acuerdo con los propios datos del INE de 1997 a 2015, se
les ha pagado a los partidos políticos nacionales la cantidad de $58, 603 millones
272 mil 721 pesos; ni más ni menos.
Pero como también se les paga como partidos estatales,
locales, pues por ahí les entra una feria más, a la que tampoco le hacen el feo.
Al respecto Juan Carlos Mondragón Quintana, exdirigente del
PAN en Puebla, opositor a Moreno Valle y columnista del diario digital “La
Silla Rota” escribió un interesante e ilustrativo artículo denominado “El
(verdadero) financiamiento público de los partidos en México”, donde muestra
con datos del año 2012 el impacto porcentual que tiene el financiamiento
estatal, local, sobre los ingresos de los partidos políticos.
Así, si por concepto de prerrogativas los partidos políticos
nacionales recibieron en 2012 del entonces IFE, la cantidad de $3, 119 millones
352 mil 241 pesos; en las entidades federativas se les otorgaron además $1, 798
millones 326 mil 093 pesos por los órganos electorales locales, lo que en
conjunto suma la cantidad de $4, 917 millones 678 mil 334pesos; es decir, que recibieron
vía el financiamiento estatal poco más del 57% adicional en sus prerrogativas.
Somos el único país en el mundo donde a los partidos
políticos se les paga su gasto de operación, sus gastos de campaña y sus
actividades específicas, es decir les pagamos por partida triple. En la mayoría
de los países se les apoya con fondos públicos solamente para el gasto de
campañas.
Pero además les pagamos nacional y estatalmente los mismos tres
conceptos, es decir les pagamos de manera séxtuple… nada más por existir.
Por eso no quieren soltar el hueso. Por eso han corrompido
el sistema electoral mexicano. Por eso para los principales partidos políticos
y sus aliados la compra y coacción del voto es una inversión, que les reditúa
mayores prebendas por cada voto que logren incrementar a su porcentaje de
votación.
La muestra más palpable de lo anterior es el caso del
Partido Verde, que desafió a todo el sistema político y electoral mexicano pasándose
por debajo del arco del triunfo las multas que le impusieron. Sus resultados
electorales confirman con creces que la artimaña les rindió frutos y que su
fuerza electoral creció sensiblemente… y sus cargos públicos también.
Este modelito de financiamiento público a los partidos
políticos nació en México, cuando en Italia por primera vez, mediante
referéndum, la ciudadanía decidía por aplastante mayoría retirarle el
financiamiento público a los partidos.
Ya estaban hasta la madre de lo mismo que nosotros padecemos
ahora.
En Italia, igual que en México los dueños del dinero y los
capos de la delincuencia organizada, las mafias pues, le inyectaban subrepticia
y abiertamente dinero sucio a los partidos y a los candidatos, mientras éstos se
regodean en la corrupción, el despilfarro y la impunidad.
Ahora, los italianos han pasado a un sistema de
financiamiento social donde las empresas y los ciudadanos pueden hacer
aportaciones a los partidos políticos y a los candidatos, deduciéndolas de
impuestos.
Eso es lo que hay que hacer en México.
Con este tipo de financiamiento se puede sufragar el gasto
ordinario de los partidos por un lado y por el otro las campañas electorales
tanto de los candidatos de partido como de los independientes y los de usos y
costumbres, con reglas equitativas para todos.
También habría que considerar la reducción del tamaño del
INE, de los órganos electorales locales, de los tribunales electorales y los
sueldos de sus funcionarios.
Los mexicanos no tenemos por qué sostener tan pesada
partidocracia,
El que quiera dedicarse a la política que tenga sus propias
fuentes de ingresos.
La política es para servir, no para servirse. Ya es tiempo
de que los mexicanos nos pongamos las pilas y hagamos los cambios democráticos
que urgen en el país.
Está ampliamente demostrado que el actual sistema de
partidos solo genera corrupción, impunidad, venalidad y colusión con el crimen
organizado y que crea más conflictos electorales de los que resuelve. Urge
cambiarlo.
26-27 de junio de 2015.
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