Disertaciones : Noé Ibáñez Martínez
La evaluación docente sin duda es necesaria. A lo largo de los años el sistema educativo mexicano ha transitado de privilegiar la universalización de la educación y la enseñanza hacia uno que da prioridad a la calidad y pertinencia de la educación y el aprendizaje.
Hoy, de manera paulatina, se ha buscado la profesionalización del maestro, de asegurar un sistema de accesos y promociones, y de liberarlo de la discrecionalidad y algunas prácticas de corrupción con que se había conducido, por “usos y costumbres” a lo largo de las décadas.
Luego de que la Secretaría de Educación Pública presentara los resultados de la primera etapa de evaluación docente, la prensa y los medios destacaron las cifras como la parte medular del informe; y en realidad son importantes.
“El 15.3% de los profesores no logró el puntaje mínimo y, por tanto, obtuvieron un resultado insuficiente, 36.2% alcanzó un nivel apenas suficiente, es decir, la puntuación mínima, mientras que 40.5% tuvo una calificación buena y sólo 8% alcanzó un nivel de excelencia”.
Desde luego son cifras alarmantes, aún con las deficiencias del examen, su aplicación y su contextualización, indican que algo anda muy mal en la educación nacional. Sin embargo, no se debe culpar a los maestros, las fallas son de todo el sistema educativo, que incluye a las autoridades.
Podemos mencionar algunas de estas deficiencias, por ejemplo, a los maestros evaluados no se les explicaron los criterios por los cuales fueron seleccionados; hubo demoras en las notificaciones debido a que los estados no tenían buenas bases de datos, incluso, hubo desinformación por la pugna entre los propios maestros, las cuales hicieron que en esta primera etapa hubiera muchas irregularidades, de ahí la necesidad, como lo ha demandado el SNTE, que se conozcan las circunstancias por las que 3 mil 360 maestros no se presentaron al proceso de evaluación, razón por la que serán separados del cargo y sin liquidación.
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No obstante, lo primordial de este proceso de profesionalización docente, es conocer y saber qué hacer con los resultados de las evaluaciones, y desde luego, superar las deficiencias de dicho proceso, para tomar decisiones y emitir directrices y acciones de política pública que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza.
Para ello, se debe considerar el tamaño y contenido del cambio, el cual tiene que ser transexenal o una razón de Estado que sea respetada sin importar quien gobierne.
Además, otros de los desafíos es lograr que los actores involucrados comprendan los cambios, que formen parte y participen en el diseño de las de las evaluaciones, de acuerdo al contexto socio-cultural en que se desempeñan.
En otras palabras, se trata de garantizar tanto el derecho a una educación de calidad, como el derecho de los docentes, en su calidad de trabajadores al servicio del Estado, con un proyecto ideológico propio que sirva como instrumento político para educar, concientizar, democratizar y organizar a la sociedad.
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@ibanez_marti
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