Carlos
Reyes Romero
Les
cabe toda la razón al presidente del PRI, César Camacho Quiroz y a Mario Moreno
Arcos, el presidente municipal de Chilpancingo y representante de los
ayuntamientos priistas de Guerrero, cuando afirman que la reciente XXI Asamblea
Nacional del PRI no aprobó la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.
Pero
en honor a la verdad, debieron haber dicho que lo que sí se aprobaron fue
eliminar del numeral 154 del Programa de Acción del PRI, la única mención al
IVA que había en los 438 numerales del documento, la cual rezaba: El PRI
defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y
medicinas.
Así,
aunque no se haya hecho ninguna declaración directa a favor del mencionado IVA,
lo real es que el PRI ya no se opone a la aplicación del IVA en alimentos en
alimentos y medicina; lo cual ciertamente no es lo mismo pero es igual.
Para
coronar el plato, los participantes en la XXI Asamblea Nacional del PRI, también
acordaron deshacerse del numeral 302 de su Programa de Acción, que de alguna
manera les amarraba las manos ˗y sostenía lo poco del nacionalismo
revolucionario que les quedaba˗ para apresurarse a poner la renta petrolera a disposición
de los grandes consorcios extranjeros y nacionales, que son quienes realmente mandan
en el país.
Sin
miramientos, de un solo plumazo y bajo el ojo supervisor del presidente Peña
Nieto, la cúpula priísta echó abajo el numeral 302 que estipulaba: “De manera
complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera
subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex,
el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera.”
César
Camacho Quiroz, Peña Nieto y el resto de salinistas que ahora dirigen
abiertamente al PRI y al gobierno, están felices. Vuelven a tener el poder de
malbaratar el país. Pero son tan inútiles que ni siquiera eso podrán lograr.
Afortunadamente,
muchos, muchísimos mexicanos, entre ellos muchos priístas, se opondrán a tan
sombríos designios.
Lo
que no entiendo es por qué Mario Moreno Arcos, se empecina en hundirse en
semejante estercolero. Allá él; de todas maneras no le van a soltar la
candidatura del PRI para la próxima gubernatura. Al tiempo; por lo pronto ya
tiene en contra a los Figueroa, a Manuel Añorve y a Héctor Astudillo.
¿En
qué piensan quienes nos gobiernan? ¿De veras creerán que el país y los
mexicanos somos los mismos de hace cinco décadas, cuando se incubaron las
negativas reformas hacendarias que todavía nos rigen?
Veamos:
Luego
de un largo proceso de gestación, en diciembre de 1978 se promulgó por fin la
Ley de Coordinación Fiscal, que en los hechos terminó de despojar a los estados
y municipios de la potestad concurrente de cobrar impuestos y dejó en manos del
gobierno federal el 80% de la recaudación federal participable, dejando sólo el
20 por ciento restante a las 32 entidades federativas y a los 2445 municipios
del país. Desde la década de los 90´ se le ha arrebatado al gobierno federal, mediante
los diversos fondos que integran el ramo 33, no más de un 8 por ciento
adicional. Es un verdadero estrangulamiento fiscal.
En
1982, se aprobaron las reformas al Régimen de Consolidación Fiscal de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, por las cuales se autorizó a los grupos
consolidados de empresas (aquellas donde un solo accionista concentra la
mayoría de las acciones) a diferir ilimitadamente el pago de impuestos. El
resultado fue que durante 30 años los grandes consorcios nacionales y
extranjeros prácticamente no pagaron impuestos y cuando Calderón les reclamo,
simple y sarcásticamente le respondieron: “La Ley lo permite.”
La
Nueva Hacienda Pública Distributiva implementada por Fox, les otorgo más
prebendas: en la nueva Ley del ISR, aprobada en enero de 2002, se disminuyó la
carga fiscal de las empresas al 30 por ciento; se les quitó el pago del 5% por
dividendos obtenidos en la Bolsa de Valores; se les permitió deducir el total
de sus inversiones; se les exoneró de pagar la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas; y, de remate, se les
autorizó a deducir de impuestos “Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro
Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores”.
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Además, las mineras se llevan gratis el oro,
la plata y el bronce del país, no pagan el ISR y solo se les cobra una mísera
cuota por concepto del derecho de minería, la cual es un insulto a la dignidad
nacional. En el 2011 la producción minera en México fue de 13, 900 millones de
dólares, mientras la inversión mundial en minería ni siquiera alcanzó los 9,000
millones de dólares. De ese tamaño es el saqueo de nuestros recursos no
renovables.
Una sola empresa nacional, Pemex, genera el
7.7 por ciento del producto interno bruto y aporta el 40 por ciento del gasto público.
Aún así, afirma César Camacho Quiroz, que dado
que Pemex entrega el 100 por ciento de sus ingresos a Hacienda, hay que abrir
está empresa social a la inversión privada a fin de que de esa manera obtenga
recursos frescos para inversión. ¡Qué enorme falacia y cuánto cinismo!
Compartir la renta petrolera, las ganancias de
Pemex, con el capital privado no sólo reducirá los ingresos y el gasto público,
sino que estrechará más aún las posibilidades de inversión de la empresa. ¿Acaso
no saben hacer cuentas?
Urge poner fin al confiscatorio régimen fiscal
de Pemex, para que esta empresa pueda reinvertir y consolidar su desarrollo. Lo
otro sería traición a la Patria.
Por otra parte, la actual recaudación fiscal, lo
mismo que la de hace 50 años, sigue siendo insuficiente porque se recauda mal y
se distribuye todavía peor.
Los excesivos privilegios fiscales que se
otorgan a las empresas consolidadas y a las mineras, son un innecesario
derroche de los recursos que el país necesita para el financiamiento de su
desarrollo. Estas empresas facturan el 53 por ciento del producto interno bruto
y sólo pagan el 1.78 por ciento del ISR.
Se continua cargando el mayor peso de la
recaudación fiscal, como siempre, sobre el más de un millón de empresas que no
pueden acceder al régimen de consolidación fiscal, las personas físicas y los
asalariados, es decir, sobre los casi 38 millones de causantes que en conjunto
generan el 39.3 por ciento del PIB y aportan el 58.22 por ciento del gasto
público.
En esta mala recaudación hacendaria tiene su
origen la creciente desigualdad social que padecemos y que es caldo de cultivo
para el fermento de la inconformidad social.
Además, los privilegios fiscales que gozan las
empresas consolidadas y las mineras, constituyen una enorme sangría para los
ingresos de los estados y municipios, porque son recursos que dejan de ingresar
a la recaudación federal participable, de donde se distribuyen las
participaciones entre el gobierno federal y los de los estados y municipios y
de donde también proviene el Ramo 33, lo cual genera graves desequilibrios en
el desarrollo regional.
5 de marzo de 2013
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