Carlos
Reyes Romero
“Educar
no consiste en llenar un balde; sino
en encender una hoguera”
William
Butler Y.
Los
acuerdos entre el gobierno de Ángel Aguirre y la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), son
una suma cero donde nadie gana y todos pierden.
Algunas
cosas son rescatables, pero mientras no haya una transformación profunda en la
vocación y el sentido de responsabilidad del magisterio, tanto el gobierno como
las mafias sindicales y algunas autoridades educativas corruptas seguirán imponiéndoles
su voluntad y descomponiendo y desordenando el sistema estatal de educación
para privilegiar sólo sus intereses particulares.
Aunque
se apruebe tal cual la iniciativa de
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 21, 25, 29 y 65 de
la Ley Estatal de Educación Número 158, que el gobernador del estado mando al
Congreso del Estado, sus efectos serán prácticamente nulos porque ni el
gobierno ni las expresiones sindicales
tienen la fuerza material ni moral para imponerle al país sus criterios; contribuirán,
eso sí, a mantener el rezago educativo en que está hundido Guerrero, porque son
acuerdos de carácter regresivo que afectarán profundamente la formación de las
nuevas generaciones de la entidad. Lástima.
Dichos
acuerdos ni siquiera benefician a las y los maestros del estado, quienes
seguirán a merced de determinados líderes sindicales venales que son los únicos
beneficiarios del actual estado de cosas. Veamos:
El
control de las plazas
A
esto se reduce el fondo del asunto. Las corrientes sindicales de la Sección XIV
y de la CETEG, ambas del SNTE, saben que someter a concurso de oposición, todas,
absolutamente todas, las plazas vacantes o de nueva creación que se generan,
afecta profundamente sus bolsillos, para decirlo de manera llana y directa.
Hasta
ahora se han reservado y repartido entre ellos el 50% de estas plazas, las
cuales se venden arriba de los 200 mil pesos; son plazas que el gobierno le
entrega por convenio a las dirigencias sindicales, quienes disponen de ellas a
su antojo y sin rendirle cuentas a nadie, absolutamente a nadie.
El
sistema funciona de tal manera, que antes de que un profesor finalice sus
trámites de jubilación ya tiene cliente para su plaza, a través de líderes sindicales
especializados en este tipo de gestión. Lo mismo sucede con los maestros
fallecidos. Es un uso indebido de recursos públicos.
El
gobierno ha ofrecido gratificar a los docentes que se jubilan a cambio de ceder
su plaza para congelarla y cubrir el déficit presupuestal que se arrastra al
respecto, pero los líderes no permiten que eso ocurra.
La
pregunta obligada es: ¿Se puede hacer de otra manera?
¡¡Claro
que sí!! Lo que se requiere es vocación de cambio, ética profesional y voluntad
de todas las partes, del gobierno, de los maestros y de la sociedad, para
corregir lo que está descompuesto.
Por
ejemplo, los maestros de la Sección X IPN del SNTE, le han demostrado al país, que
si es posible hacerlo, que sí se puede y que además da buenos resultados. De
ahí proviene la excelencia académica alcanzada por el Instituto Politécnico
Nacional en los últimos 25 años.
En
agosto de 1988, luego de un proceso de lucha de más de 6 años, los profesores de
la Sección X IPN del SNTE, renunciando a su porcentaje de plazas, lograron que la
Institución aceptará que el ingreso del Personal Académico del IPN se definiera
mediante concurso de oposición, es decir, “mediante la evaluación de sus
conocimientos, competencia pedagógica, experiencia y trabajos realizados”; lo
cual quedó plasmado en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo
del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional[1],
que firmaron y publicaron en aquel entonces el Director General del IPN y la
Sección X IPN del SNTE. En 1995 se hizo una nueva edición del mismo, que es el
que está en el portal internet del IPN.
Este
Reglamento es el antecedente más directo del Servicio Profesional Docente que
se pretende ahora implantar en el país y que los maestros podrían enriquecer
basándose en el modelo adoptado bilateralmente entre el SNTE y el IPN.
El
Reglamento está vigente y nunca fue recusado por Elba Esther Gordillo.
Sobre
el escalafón y las promociones
En
el Capítulo IX del reglamento mencionado se establecen también las bases para
la promoción del personal académico, que aspire a pasar de la categoría que
ostenta a la inmediata superior del tabulador vigente.
También
pactaron bilateralmente el SNTE y el IPN, el Reglamento de Promoción Docente
del IPN[2],
donde se detallan todos los procedimientos y condiciones para el ascenso de los
profesores del Politécnico.
No
se trata ya del obsoleto sistema de escalafón que rige actualmente entre el
magisterio, el cual se ha descompuesto y pervertido por el uso político que se
hace de él, afectando los derechos humanos de amplios sectores del magisterio que
casi nunca puede llegar por esa vía a los cargos de dirección y de supervisión.
¿Cuántas profesoras y cuántos profesores no han padecido las injusticias de
este arcaico sistema?
Hay
que cambiar el sistema de escalafón vigente por un verdadero y moderno sistema
de promoción docente, vertical y horizontal, que sea justo, equitativo y
dinámico. Son de las cosas que hay que introducir en las leyes secundarias.
Lo
que realmente está en litigio no es si hay que cambiar o no el sistema de
promoción docente; sino la oposición a cambiar la manera de nombrar a quienes
van a ocupar los cargos de dirección y supervisión, es decir a los
subdirectores y directores de escuelas, a los supervisores de zona y a los
jefes de sector. Porque el sistema vigente se presta a muchas corruptelas,
genera conflictos innecesarios y abre la puerta a la compraventa de cambios,
licencias y “comisiones”.
Se
ha vuelto una práctica común que las escuelas nombren e impongan a los
subdirectores y directores, aún a costa de pisotear los derechos de otros
maestros. También es habitual que los mismos maestros corran a su director, para
que otro compañero se beneficie del sobresueldo correspondiente. En estos
asuntos no rige el criterio académico, sino la codicia salarial.
Estas
sí constituyen violaciones directas y reiteradas al escalafón que la mayoría de
las veces es imposible echar atrás.
Algo
similar acontece con las supervisiones de zona y las jefaturas de sector, tan codiciadas
porque desde ahí se maneja la otra forma de descomposición del sistema
educativo: la compraventa de cambios de adscripción, permisos, licencias y
“comisiones”. El abandono de las escuelas y la fuga del pizarrón se realizan
con el contubernio de estos dos niveles de supervisión.
¿Qué
se puede hacer? Que las direcciones se concursen dentro de cada escuela; que la
titularidad de las supervisiones de zona se concurse dentro del conjunto de
escuelas que las integran; y que las jefaturas de sector se concursen dentro
del conjunto de supervisiones de zona que las forman.
Y,
por supuesto, que las autoridades educativas se fajen bien las naguas para
prevenir y corregir las anomalías descritas.
Eso
es lo que en el fondo pelean los maestros en cada conflicto por un cargo de dirección
o de supervisión; quieren tener derecho efectivo a promoverse a esos cargos,
hasta ahora vedados a la mayoría del magisterio.
La
carencia de plazas para los egresados
Aquí
es donde más se refleja el desorden existente en el sistema educativo estatal,
agudizado desde 1992 cuando el gobierno del estado se hizo cargo del mismo.
Aunque
Guerrero tiene el sistema de formación docente más grande del país ˗42
planteles públicos y privados con 14 mil alumnos˗, la verdad es que cada año
egresan de las normales públicas del estado un promedio de 750 nuevos maestros.
Aproximadamente
la mitad de ellos ya tienen garantizada su plaza porque se las heredan sus
padres.
En
cambio, los egresados de las normales privadas generalmente las compran a
maestros jubilados que no tienen a quién dejarle su plaza o a familiares de
maestros fallecidos, o las heredan de sus padres.
De
tal manera, cada año el gobierno del estado tiene el problema de conseguir plazas
para un promedio de 300-350 egresados de las escuelas públicas.
¿Hay
manera de resolver esto? Si realmente se quiere, sí.
De
entrada habría que acotar la herencia de plazas a familiares directos de los
que se jubilan. La herencia de plazas a terceros, está demostrado que es pura y
llanamente, una venta de plazas. El gobierno bien puede otorgar una
gratificación a quienes accedan a entregar sus plazas para concurso.
La
otra medida es que la Sección XIV del SNTE y la CETEG acepten que también se
pongan a concurso todas las plazas que reciben por convenios y que se
comprometan a ya no intervenir a favor de terceros, para que de esta manera contribuyan
a aligerar esta pesada carga estatal. Nada justifica que la parte sindical
retenga y use en beneficio propio los recursos fiscales que dan sustento a
dichas plazas.
La
tercera medida sería implementar un audaz programa de retiro voluntario para
los miles de maestros “comisionados” sin realizar labores docentes en escuelas,
supervisiones de zona, jefaturas de sector y en oficinas centrales.
Hace
5 años los comisionados sindicales eran cerca de 400 para el SNTE, 200 para la
CETEG en sus dos vertientes y 80 para las delegaciones sindicales del ex INEBAN;
a la mejor en estos años han crecido o disminuido pero el grueso principal de
los “comisionados” está en las escuelas, donde a muchos maestros que todavía
están en condiciones de laborar frente a grupo se les libera de la carga
académica. El caso de Iguala es escandaloso, pero hay otros muchos.
Le
siguen los que están en oficinas centrales y en las supervisiones de zona y
jefaturas de sector; estos constituyen aproximadamente la tercera parte de los
12 mil comisionados de que se tiene noticia.
También
habría que trabajar en el diseño de una estrategia para reorientar la formación
de maestros hacia aquellos niveles donde son más necesarios sus servicios: la
educación preescolar, la indígena, la secundaria, la media superior y la
superior, así como en reordenar y sanear el sistema de educación normal. La formación
de maestros para la educación primaria está sobresaturada.
La
evaluación de la educación
Nadie
quiere un sistema de evaluación punitivo, que sirva para despedir a alguien de
su trabajo, ni que se sustente en evaluaciones tan rígidamente estandarizadas
que no tomen en cuenta las condiciones de cada entidad federativa.
Esa
es la preocupación fundamental del magisterio y tienen razón, ya que hay
algunos sectores sociales que lo quisieran ver crucificados por los malos
resultados que reporta la educación en el estado.
Se
puede establecer una relación de colaboración entre el magisterio y el Congreso
del Estado, en cuanto a las características del sistema y del Instituto para la
evaluación de la educación que se requieren en Guerrero.
Por
lo pronto, los diputados Laura Arizmendi Campos, Jesús Marcial Liborio, Olaguer
Hernández Flores y Héctor Apreza Patrón, ya presentaron en enero pasado una Iniciativa
de Ley para la Evaluación de la Educación en el Estado de Guerrero, que entre sus
postulados establece que “en ningún caso, los resultados de
las evaluaciones serán utilizados para tomar decisiones punitivas contra
individuos” y “que los referentes con los que se deberán comparar los
resultados obtenidos en la evaluación de la calidad educativa atenderán a las
condiciones de nuestro estado”.
Además,
sí es legalmente posible tener un sistema de evaluación propio, estatal y
autónomo porque nada lo prohíbe y porque la evaluación de la educación ha sido
desde su inicio una función concurrente de las autoridades educativas federal y
locales.
Así
lo establecen la Ley de Educación No. 158 y la Ley General de Educación y hasta
el nuevo INEE deberá: “Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades
educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que
les corresponden”, lo cual no riñe con el planteamiento magisterial de que: “Para
la elaboración de sus lineamientos ˗se entiende que de la evaluación y del
Instituto estatal˗ se tomarán en cuenta los resultados de los foros de consulta
a todos los actores educativos.” Hay mucho sustento legal para ello.
La
reforma de las instituciones debe provenir de su propio interior, para que tenga
la dimensión y el alcance que se requiere, pero también para que la sociedad no
se harte e intervenga con su propio impulso, como está aconteciendo con la
seguridad pública que también es una función estatal. Esto lo saben bien los
maestros, por eso procuran tener buenas relaciones con los padres de familia y
con las comunidades donde laboran.
Una
muestra positiva de una manera endógena, interna, propia, de avanzar en la
evaluación educativa, es nuevamente el Instituto Politécnico Nacional, el cual
adelantándose a la Ley General de Educación de 1993, estableció en 1991 su
propio sistema de evaluación[3], lo
que le permitió, junto con los otros instrumentos normativos que hemos
mencionado, alcanzar los niveles de excelencia académica que todo mundo le reconoce
ahora.
La
permanencia en el empleo
Sin
duda esté es el tema que más preocupa a todos los maestros. El “coco” que más
les asusta.
No
hay manera de cambiar las normas legales que garantizan la permanencia en el
empleo de los trabajadores al servicio del estado, por dos razones: a) se afectaría
a más de 3 millones de servidores públicos y b) no hay recursos fiscales
suficientes para indemnizar a todos los posibles afectados. Ningún gobierno
está lo suficientemente loco como para meterse en tal enredo.
Los
trabajadores universitarios pudimos lograr, en 1980, que por fin se nos
reconocieran nuestros derechos a la sindicación, la huelga y la contratación
colectiva y que no se nos confinara a un limitante Apartado “C” del Artículo
123, lo cual quedo establecido en la Fracción VII del Artículo 3º Constitucional,
donde también se estableció que: “Las universidades y las demás instituciones
de educación superior a las que la ley otorgue autonomía (…) fijarán los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico”; desde
entonces han pasado más de 32 años y nunca he sabido que se haya despedido a
ningún académico, en ninguna universidad, como resultado de una evaluación.
No
es por ahí el asunto. Los del Poli resolvieron este tema ratificando en el Reglamento
de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del Instituto
Politécnico Nacional, que los académicos de nuevo ingreso obtendrían la
inamovilidad en su empleo luego de seis meses de servicios, lo cual viene desde
el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, las
Condiciones Generales de Trabajo de la SEP y ha sido ratificado en el Apartado
“B” del artículo 123. También establecieron al detalle las causales de despido para
un académico y en ninguna de ellas están contemplados los resultados de una
evaluación.
Tomo
reiteradamente la referencia del Instituto Politécnico Nacional, por lo
avanzado de los ordenamientos jurídicos que promovieron los propios profesores
de esa Institución, por su impacto positivo en la excelencia académica del
Instituto y porque fue la primera vez que el SNTE suscribió normas de tal
naturaleza y envergadura, que además han acreditado su nobleza. Justo es decir
que las mejores universidades del país se rigen por los mismos parámetros.
En
Guerrero existe la posibilidad de hacerlo. ¿Tendremos la determinación necesaria
para lograrlo? ¿O seguiremos condenados a la autoflagelación y a la eutanasia
social y política? Al tiempo.
La
privatización de la enseñanza
Hace
rato que el gobierno tiene la intención de transferir el costo de algunos
servicios educativos a los padres de familia, eso hace que los ciudadanos nos
mantengamos en alerta para echar atrás tal despropósito.
En
el caso que nos ocupa, el Dictamen inicial del Senado de la República sobre la
reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales introducía cambios importantes
para frenar esta tendencia, adicionando “un párrafo tercero al artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigna
expresamente que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación
obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”
Al
mismo tiempo que se proponía suprimir el inciso a) del numeral III, del
transitorio V, que a la letra decía: “a) Fortalecer la autonomía de gestión de
las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela
enfrenta.” Planteamiento que es el núcleo central del intento privatizador de
la enseñanza que promueve el gobierno federal.
Hasta
ahí parecía que no habría mayor problema, pues la supresión había pasado prácticamente
inadvertida para el conjunto de los senadores. Hasta que la senadora por el PT
Martha Palafox Gutiérrez metió su cuchara o mejor dicho la pata, solicitando se
restableciera el texto suprimido, agregándole lo siguiente: “a) Fortalecer la
autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que
corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela
enfrenta.”[4], lo
que según ella era “una adición que nos dé una garantía de que esto no es una
privatización”.
De
inmediato los priistas y panistas rompieron alegremente el acuerdo logrado en
las comisiones unidas de dictaminación y restablecieron el texto que se había
suprimido, con la adición mencionada.
Era
mejor la propuesta del Dictamen en el sentido de suprimir dicho inciso, porque
ahora va a venir un permanente forcejeo en las escuelas acerca de si los padres
de familia deben o no pagar cuotas para “mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”…
Por
supuesto, ahí están los dictámenes, las minutas y los diarios de debates que
dan cuenta clara y específica del espíritu del legislador, para hacer la
correcta interpretación de estas disposiciones constitucionales que obligan al
gobierno a mantener la gratuidad de la enseñanza.
Los
propios docentes han permitido y prohijado esto, cuando obligan a las sociedades
de padres de familia a cobrar cuotas en las escuelas, para “mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación
básicos”…
Habrá
que implementar un amplio movimiento de presión social y legislativa para que
se retire el inciso a) del numeral III del transitorio V de la reciente reforma
en materia de educación.
El
Congreso del Estado debiera enviar al Congreso de la Unión una iniciativa al
respecto y solicitar el respaldo de las legislaturas locales y de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal. Y los maestros abstenerse de andar
promoviendo el pago de cuotas escolares.
La
educación no la paga el gobierno, sino los ciudadanos que sí pagamos impuestos.
Somos 36 millones 980 mil los mexicanos sí cumplimos
con nuestras obligaciones fiscales, generamos el 39.3 % de la riqueza nacional
y aportamos el 58.2 % del gasto público del país; mientras que las 422 empresas
consolidadas que facturan el 53% de la producción del país solo aportan el 1.78%
de sus ganancias al gasto público. Pemex aporta el 40% restante, por supuesto
en nombre de todos los mexicanos que, según esto, somos los propietarios de la
empresa.
Hacer obligatorias las cuotas escolares, de
inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las
escuelas públicas, es aplicarnos un nuevo impuesto, aunque éste sea oculto.
La
participación de los padres y de los maestros
Una
de las cosas positivas de la reforma en materia educativa, es que los diputados
y senadores del Congreso de la Unión hayan incluido expresamente la
participación de los maestros y los padres de familia en la determinación de “los
planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria
y normal para toda la República.”
Eso
implica la legalización de la participación de los maestros y padres de familia
en todo el proceso educativo. Es algo que los demócratas del país vienen
impulsando desde las luchas magisteriales de 1956-1958.
Esto
abre la pauta a la formación de verdaderas comunidades de aprendizaje y a la
creación y efectivo funcionamiento de cuerpos colegiados académicos en la
educación básica, media superior y normal.
Pero
no será fácil, hay mucha resistencia de las autoridades educativas a que los
maestros intervengan en estas determinaciones y, al mismo tiempo mucha reticencia
de los maestros a que los padres de familia participen más allá del apoyo al
proceso educativo de sus hijos. El lugar de los padres es afuerita de la puerta
de la escuela, opinan no pocos maestros.
Cuando
menos, eso es lo que refleja la propuesta magisterial, que piden se incluya en
la Ley de Educación No. 158 y que a la letra dice: “Los derechos y obligaciones
de los padres de familia, son participar en la comunidad escolar únicamente con
fines de apoyo al proceso educativo de sus hijos.” ¡¡Mejor no me ayudes
compadre!!
Además,
nos dejan la honrosa tarea de vigilar que “los alimentos que se expendan o se
proporcionen en las instituciones educativas, cuenten con los requisitos
mínimos de nutrición, que apoyen al sano desarrollo del educando. Siendo su
obligación, la de colaborar con las autoridades educativas para evitar la venta
de alimentos con bajo o nulo valor nutricional.”
¿Cómo
le vamos a hacer los padres de familia para cumplir con este encarguito, cuando
todo mundo sabe que los directores en colusión con las delegaciones sindicales
concesionan a incondicionales, mediante una “módica” suma de dinero, la venta
de alimentos y papelería en las escuelas?
Las
famosas cooperativas escolares son otra fuente de descomposición moral y política,
que en no pocos casos llega hasta la división de las escuelas.
No
hay de otra, tiene que hacerse efectiva la participación social en la educación.
Y eso se logrará más temprano que tarde, por las buenas o por las malas, porque
no son pocos los pueblos y comunidades que están hartos de la hueva, el
ausentismo, la simulación y la indolencia magisterial.
Ciertamente,
no todos los maestros actúan así; pero tampoco son pocos los que sí lo hacen.
Hasta
ahora los pueblos y las comunidades están esperando a que este tipo de maestros
y de escuelas cambien por iniciativa propia, sino los van a obligar; como están
obligando a las autoridades a cumplir con su función de brindar seguridad
pública.
No
quiero saber cuándo el pueblo les pida cuentas.
[1]
Portal Web del
Instituto Politécnico Nacional. Consultar en:
[4][4]
Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, Diario de debates No. 39, del 20 de diciembre de
2012. Consultar en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&fecha=2012-12-20&sesion=2
