Jose M. Gómez
Al escuchar la retórica
de la administración Obama respecto a la libertad de prensa en Estados Unidos,
no podemos evitar pensar que el sueño ha terminado, que la sensación de
renovación que la llegada a la Casa Blanca de un afroamericano, fue solo una
ilusión y que ahora Washington ha retomado los viejos vicios de la Guerra Fria:
hurgar en todos los recovecos, supuestamente en aras de la seguridad nacional,
a costa incluso de cualquier consecuencia ética implicada.
Ahora el ocupante
de la oficina oval está en el ojo del huracan debido a una serie de escándalos
de espionaje. Más de 50 organizaciones de medios estadunidenses protestaron por
la intervención de registros telefónicos a periodistas de la agencia The
Associated Press (AP). A raíz de una historia difundida por dicha agencia de
noticias en mayo del 2012 sobre la existencia de un espía reclutado por saudíes
para infiltrar a la red Al-Qaeda en la península arábiga.
Y por si esto no
fuera suficiente, recientemente han sido divulgadas 100 páginas de correos
electrónicos en donde se exponen las deliberaciones gubernamentales tras el
atentado en la ciudad libia de Bengasi en septiembre de 2012, que por meses ha
generado acusaciones de un probable encubrimiento de negligencias en
torno al ataque en el que murieron el embajador Christopher Stevens y elementos
del personal consular.
Todo esto ha
llevado a poner en tela de juicio la honorabilidad de las acciones emprendidas
por el gobierno norteamericano, por un lado afirman estar comprometidos con el
acceso de los ciudadanos a la información, al otro lado de la mesa tenemos a
Jay Carney vocero del gobierno diciendo que los actos de espionaje están
justificando dichas intrusiones en aras del bienestar de la nación.
Tal esto no deba
caernos de sorpresa basta con recordar aquel 8 de agosto de 1974 cuando el
entonces presidente, Richard Nixon se veia obligado a dimitir debido a su
implicacion en el escandalo Watergate de que se revelara que Nixon tenía un
sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y que había grabado
una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca.
El debate aquí no
es el doble juego que el gobierno estadounidense realiza respecto a la libertad
de prensa. O si se debe hacer uso o no del aparato de inteligencia
gubernamental a ciudadanos y empresas norteamericanos; es sobre quien decide
los criterios para justificar una intrusión de dichas características, quien
dentro de las altas esferas del poder determina a que tienen derecho y a que no
los ciudadanos. En un mundo que muchas veces imita y la mayoría de las veces
replica de manera cinica los comportamientos emergidos de Estados Unidos, no
deberíamos preguntarnos si alguien escudriña nuestros documentos mas intimos,
solo para proteger, no la seguridad de la sociedad sino el simple Status Quo.
