Rodrigo Huerta Pegueros*
En
múltiples ocasiones, en diversidad de eventos, en debates públicos o privados,
en charlas de mesa, en discusiones sobre temas políticos, sociales, económicos,
culturales y sobre todo de justicia, el concepto de Estado de derecho es
utilizado para dar a entender que el desorden en que viven ciertas sociedades
es por la falta de aplicación de las normas que las rigen y que ellas mismas se
han dado.
Una
forma explícita de dar a conocer la ausencia de un Estado de derecho se
ejemplifica en la forma como el poder político utiliza las leyes que le
facultan para aplicar sanciones para quienes quebrantan las normas legales y
por ende cometen delitos que deben ser castigados con todo el peso de la
justicia.
Todas
las sociedades están regidas por normas legales y en cada Estado-nación existen
Constituciones que son llamadas carta magna o leyes supremas, que rigen a la
sociedad en su conjunto y de esta ley suprema se derivan otras leyes
secundarias que hacen posible la praxis en diferentes regiones con
características diversas; sin embargo,
la Constitución es la norma general irrenunciable y de acatamiento
puntual y total.
Por
lo tanto, si la sociedad utiliza el concepto de Estado de derecho para exigir
el cumplimiento de las leyes, esta petición es correcta, pero cuando el reclamo
proviene de una autoridad con plenos poderes legales y constitucionales, la
sola invocación carece de sentido, pues quien debe hacer prevalecer el Estado
de derecho es la propia autoridad invocante.
En
nuestro sistema político, los poderes públicos están debidamente identificados
y sus roles están delimitados por la propia Constitución Política. En México,
los poderes están definidos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ca uno de
estos tienen funciones específicas y por lo tanto sus acciones están acotadas.
El
poder ejecutivo es el encargado de administrar los bienes y servicios de la
nación, el legislativo se encarga de promover y crear leyes que sirvan para el
mejor funcionamiento de instituciones y habitantes del país y el judicial será
el vigilante que las normas constitucionales se apliquen y respeten en cada
rincón del país. Esta misma praxis se replica en cada una de las 31 entidades
de la República Mexicana y por lo tanto los gobernantes son los responsables de
que sea respetado el Estado de derecho.
Por
eso nos resulta difícil entender que algunos gobernantes invoquen la ausencia
del Estado de derecho en sus entidades federativas, cuando son ellos, los
representantes del poder público, los responsables de hacer prevalecer las
normas con la coordinación estrecha, mas no sumisa, de los otros dos poderes y
particularmente del poder judicial.
Por
ello, es importante y sobre todo determinante para el buen funcionamiento de
una administración pública, que la separación de poderes sean una realidad
tangible a fin de que la prevalencia del Estado de derecho sea una norma y no
la excepción de la norma como tal parece que hemos estado viviendo en una
entidad como Guerrero, donde las leyes raramente son aplicadas y menos
atendidas por grupos sociales y políticos, lo cual provoca una forma de
ingobernabilidad en un Estado democrático.
No
necesariamente debemos ser estudiosos del derecho para saber como sociedad
cuando los gobernantes no ejercen su poder constitucional y cuando abusan de
este. En Guerrero, bien podríamos decir que la ausencia del Estado de derecho
es consecuencia del desdén que tiene el poder ejecutivo para someterse a las
normas que rigen el funcionamiento de una sociedad y que está limitado por el
derecho.
Recordemos
que el Estado de derecho surgió para terminar con el poder absolutista de un
solo hombre y por ello se constituyeron los tres poderes del Estado y por tanto
los tribunales se hicieron autónomos y los parlamentos se convirtieron en
contrapesos del poder ejecutivo.
Sin
embargo no siempre un gobernante que haya sido electo bajo un sistema
democrático no siempre actúa dentro de un Estado de derecho, pues es necesario
puntualizar que para afirmar que en una entidad—como la de Guerrero—se hable de
que existe un Estado de derecho se debería cumplir con una serie de normas como
son, entre otras, que ‘’la ley debe ser mandato fundamental y que todos los
ciudadanos, incluidos los gobernantes deben someterse a las leyes y ser
juzgados en igualdad de condiciones sin hacer excepción alguna por alto que sea
el cargo que posea el individuo’’.
Asimismo
en un Estado de derecho ‘’se deben garantizar los derechos y libertades a
todos los ciudadanos’’ y es responsabilidad del gobierno que la ley se
cumpla y que en ella ‘’se vele por la
libertad de todos los individuos que viven bajo su tutela que es sin duda la
norma máxima que debe ser garantizada’’.
Si
tomamos al al pie de la letra estas afirmaciones y consideraciones sobre el
Estado de derecho, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en el estado
de Guerrero, hace falta la construcción de las condiciones para que se puedan
cumplir las normas básicas a fin de que la sociedad guerrerense pueda transitar
de un Estado cuasi absolutista a un Estado de derecho y democrático, donde las
normas se apliquen y las leyes sean las que forjen una nueva relación entre
gobierno y sociedad.
Periodista/Analista Político*
