Por Rodrigo Huerta Pegueros*
El caso del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo, del
estado de Tabasco, nos muestra una vez más en forma ejemplar el uso
discrecional de la procuración de justicia, al revelarse declaraciones en
contra de policías ministeriales inmiscuidos en casos de tortura y violación a
los derechos humanos.
Por lo tanto, es necesario y urgente que los legisladores
federales y locales del país puedan reconocer la necesidad de que estas
instituciones sean separadas del poder ejecutivo y transformadas en una
instancia autónoma y con ello devolverle la credibilidad que han perdido ante
la opinión pública nacional.
No solo en Guerrero se ha manejado en forma por demás
equivocada y discrecional la procuración de justica como lo demuestran los
hechos recientes cometidos por el ex procurador Alberto López Rosas, en el caso
de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, sino también con la forma como operó
la ex titular, Martha Elba Garzón Bernal, quien al dejar el cargo hace unos
días, reveló que varias investigaciones en curso por asesinatos de personajes
políticos no han sido concluidos por el
hecho de no haberse solicitado y por ende liberadas las ordenes de aprehensión
en contra los presuntos culpables.
También tenemos presentes las denuncias que en contra de
la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, se
interpusieron para acusarla de haber manejado a su antojo y por encargo tal
institución. Ante estas evidencias no queda más que pensar que algo no funciona
en estas dependencias de los gobiernos federales y estatales.
El más reciente caso del ex gobernador Granier de
Tabasco, mas allá de su borrachera y su boca floja, es paradigmático, pues se
continúan cometiendo los mismos delitos y excesos de autoridad que ocurrían en
el pasado reciente, pues no solo se incrimina a personas en contra de su propia
voluntad para declarar contra funcionarios de la administración pasada, sino
que se hacen montajes burdos como lo hacía hace unos años atrás el ex
secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna con el caso de Florence
Cassez.
En el caso Tabasco los que declararon bajo amenazas y
torturas, han desmentido su versión y han dado la cara ante la opinión pública para
decir que todo lo que se ha estado mostrando de parte del procurador de justicia
tabasqueño, Fernando Valenzuela, es un vil montaje y que temen por sus vidas ya
que han sido severamente amenazados de muerte por quienes los llevaron a
declarar y hasta el lugar donde presuntamente se escondían los más de 88
millones de pesos en efectivo.
Cuando volvemos a escuchar estas narrativas, lo único que
se nos viene a la memoria es los usos y costumbres del viejo régimen que
desgraciadamente está reviviendo en Tabasco el actual gobernador Arturo Núñez,
a quien no se le han olvidado sus raíces priistas y quizá los métodos que ahora
aplica a su viejo compañero de partido y compadre, Andrés Rafael Granier Melo a
quien ahora se le ha iniciado una investigación por peculado y quien será
citado a declarar ante la procuraduría, aún y cuando no le han logrado ubicar
su paradero, por lo tanto, difícilmente podrán comprobar que este haya sido oficial
y legalmente notificado y enterado de su nueva situación jurídica.
Lo mismo harán con los demás colaboradores de Granier,
particularmente los que tienen que ver con los dineros públicos, esto es al ex
secretario de finanzas y al ex subsecretario de egresos, según reveló en
entrevista el propio procurador Valenzuela.
El uso faccioso de la procuración de justicia en México ha
sido desde hace ya varios lustros una constante y un cuestionamiento que se
tiene en contra de la administración pública en el país, pues pocas acciones se
pueden llevar a cabo en contra de quienes utilizan indebidamente los recursos
económicos de los mexicanos, pues para ello deben actuar en consecuencia,
forman parte del mismo tinglado oficial y quien decide su operatividad y hasta
dónde llegar, es responsabilidad única y exclusiva de los ejecutivos estatales
o federal.
Guerrero es un caso ejemplar.
Aquí la procuraduría no ha logrado desentrañar ningún
hecho delictivo que se ha registrado en el territorio guerrerense contra
personas común y corriente o personajes de la vida económica, social,
partidistas o de gobierno, pues los mandatarios han optado por desviar la
acción justiciera y trasladar la responsabilidad al poder ejecutivo federal a
fin de que ahí se les de carpetazo y el tiempo logre el objetivo de su olvido.
Solo para recordar, ahí están también los usos facciosos
de las procuradurías en los casos del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy,
a quien se acusa de haber dejado endeudada la administración estatal y haber
hecho uso indebido de cientos de millones de pesos; la misma acusación se hace
al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat a quien se
señala como el responsable de haberse quedado con recursos materiales públicos
de millonaria cuantía y está también la acusación que la PGR hizo contra el ex
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por estar involucrado con el
narcotráfico y de haber logrado amasar una fortuna incalculable.
Aquí en Guerrero las acusaciones contra los ex
gobernadores no pasan de ser mero formulismo de escándalo, como el caso
reciente del ex mandatario Zeferino Torreblanca Galindo, a quien se le
imputaron una serie de malos manejos económicos, desviación de recursos
públicos pero que hasta la fecha no han sido suficientes para liberar alguna
orden de aprehensión en su contra ni a sus mas cercanos colaboradores.
Una vez mas, los mexicanos estamos ante la necesidad
urgente de que los legisladores federales y locales puedan hacer los cambios necesarios
en la legislación correspondiente para que la procuración de justicia en México
sea independiente y autónoma del poder ejecutivo y con ello no se pueda ni
manipular y menos inclinar la balanza en contra o a favor de gobernante,
funcionario, administrador, comerciante, empresario o ciudadano común, sino que
sea en realidad una instancia que persiga y sancione a quienes no solo
incumplan sus responsabilidades oficiales sino quienes abierta y burdamente
violenten la ley y se sepan protegidos por el también absurdo fuero
constitucional.
¿Podrán los legisladores guerrerenses, tanto en el
congreso local como en el congreso de la unión hacer el trabajo de proselitismo
y sacar adelante esta reforma legal que es mas necesaria que las demás reformas
anunciadas y que están en víspera de debate y discusión en ambas cámaras?
Esperemos que los representantes populares actúen en consecuencia a favor de los
votantes y no de sus propios intereses.
Periodista/Analista Político*
