Rodrigo Huerta Pegueros*
No
se habla de otra cosa en los medios de comunicación más quedel inusitado número
de funcionarios cesados y designados por el gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero. La mayoría de los comentarios son desfavorables y en cambio la mayoría
son cuestionados por su desempeño en las funciones que anteriormente desempeñaban
en la misma administración pública estatal.
El
caso del nuevo secretario de gobierno del estado, Florentino Cruz Ramírez, éste
ha logrado obtener el beneficio de la duda para ver si en poco tiempo puede dar
los resultados que se esperan de él, aunque muy pocos le ven espolones como
para ser un efectivo interlocutor del gobernador Aguirre, sobre todo cuando
éste ha demostrado que puede cambiar de opinión de un momento a otro y puede
sacar de balance los acuerdos previos que se hayan tomado en otras instancias
conforme a lo anteriormente pactado. Florentino como rector de la UAG no fue un
dechado de virtudes y tampoco se puede decir que su administración fue exitosa,
en cambio fue cuestionado por amplios sectores académicos y estudiantiles por
la forma displicente en que tomaba las decisiones y un tanto autoritario, tal
como posteriormente lo pudo reiterar durante su ingreso a las filas partidistas
donde se le vió un tanto distanciado con las praxis de los verdaderos hombres
de izquierda. Sin embargo logró sobreponerse y tejió relaciones con personajes
de dudosa reputación quienes hoy le han reiterado su beneplácito por haber
asumido tal posición que según éstos, le depara ya su inclusión dentro de las
listas de aspirantes a la gubernatura del estado, por el prurito de que logró
desbancar al senador Socorro Sofío Ramírez Hernández de la posición que hoy
ostenta y que según los amigos del gobernador, le tenía reservado para éste.
Sea como sea, Florentino tendrá que ofertar resultados en poco tiempo para así
lograr cambiar la imagen que de él tienen muchos guerrerenses como un político
a la vieja escuela.
Dos
personajes desconocidos por la ciudadanía guerrerense han sido colocados en
lugares claves en la administración estatal como son los casos del nuevo titular
de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana, Sergio Javier
Lara Montellanos, un almirante de carrera y en funciones como comandante de la
octava región naval con sede en Acapulco, quien con todo y su investidura,
protestó como funcionario estatal, lo cual ante la opinión pública fue un
despropósito, pues no debió haber aceptado protestar sin antes no haber sido
relevado de su posición que ostenta dentro de la administración pública federal
y sobre todo dentro de las fuerzas armadas de México, por lo tanto, hoy se le
puede cuestionar al almirante respecto a su lealtad como servidor público si
esta está ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y está frente
al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. Asimismo se le podría preguntar si
seguirá siendo un efectivo de la Armada de México o dejará de serlo para que
así solo pueda recibir su salario de parte del gobierno del estado o si también
lo recibirá por parte de la federación. La ética en estos casos y más para un
militar en funciones, es preciso dejar resuelta, pues de violentarla iniciaría
con el pie izquierdo su participación en la labor para lo cual se le designó en
Guerrero.
No
es lo mismo, pero parecido, el caso del ex delegado de la PGR en Guerrero,
Iñaki Blanco Cabrera quien ha sido designado como el próximo procurador general
de justicia del estado, cargo que tendrá que ser ratificado por el Congreso del
estado en unos días más. Este personaje tiene sobre sí una sombra respecto a
los logros que tuvo al frente de la delegación de la PGR y los porqués el
propio mandatario estatal lo ha postulado. Podría ser que tenga una carta
presentación brillante pero hasta el momento desconocida por los guerrerenses o
porque es el resultado de un pago de favores o una imposición desde la cúpula
de la administración federal. Esto está por develarse, aunque la opinión
pública se pregunta si en Guerrero no existen personas de calidad profesional y
moral para hacerse cargo de esta dependencia?
La
misma pregunta se hacen los tuiteros sobre la designación que hizo el
gobernador Aguirre y que se leyó como un acto de provocación de autoritarismo,
de Alberto López Rosas como titular de la nueva Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, cuando el mencionado está bajo investigación por parte de los
legisladores locales quienes después de dos años de lo sucedido con los
normalistas de Ayotzinapa (dos muertos) no han atendido diligentemente como se
suponía iban hacerlo, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) de abrir juicio político junto al también ex secretario de
seguridad pública y protección civil, Ramón Almonte Borja. La bravuconada del
gobernador solo manda un mensaje a la opinión pública, de que en esta entidad
solo el poder ejecutivo decide y los demás poderes (legislativo y judicial)
obedecen. Mala, muy mala decisión y así ha sido calificada ya por la mayoría en
esta entidad.
Por
lo que hace al funcionamiento de la comunicación social, el gobernador Aguirre
se decidió destituir a su compadre, Pedro Julio Valdés Vilchis como director
general y nombró en su lugar a la periodista María Fernanda Lasso Martínez,
quien se desempeñaba como enlace con los medios nacionales. También nombró como
vocero del gobierno a José Villanueva Manzanarez, quien se ha desempeñado como
director del Colegio de bachilleres y subsecretario en la SEG, lo cual a la
vista de todos es un despropósito ya que no tiene las herramientas para poder
lograr un exitoso papel en tal encargo, pues no es solo cuestión de lealtad o
de protección lo que debe mover al funcionario a actuar sino a ofertar a
propios y extraños la mejor información que se genere dentro de la
administración estatal. El caso de Fernanda Lasso, tendrá que mostrar en poco
tiempo el cambio de estrategia de comunicación gubernamental que va a
implementar para que la población guerrerense tenga de primera mano información
que le genere confianza hacia lo que hacen los funcionarios del gobierno del
estado, sobre todo, tendrá que iniciar un trabajo de barrido respecto a quienes
hoy están incrustados dentro de dicha dirección sin ofertar ningún resultado
tangible según la función para la cual han sido empleados. Pero quizá lo mas
relevante de su actividad será hacer transparente el uso y destino de los
recursos económicos que maneja a fin de evitar que funcionarios de dicha
dependencia hagan mal uso de estos al mostrar listas falsas o alteradas de
comunicadores beneficiarios de subsidios. Un barrido dentro de dicha
dependencia no le caería nada mal y recuperaría credibilidad dentro del gremio
periodístico.
Sorpresivo,
para decir lo meos, fue la destitución que hizo el gobernador Aguirre en la
contraloría general del estado en donde en lugar de Juio César Hernández
Martínez colocó a Antonio Arredondo Aburto, quien se desempeñaba como contralor
de la Secretaría de Educación Guerrero y en donde fue cuestionado duramente por
los maestros por decidir descuentos incorrectos y sin ninguna comprobación,
además de que hubo faltantes millonarios que nunca fueron debidamente aclarados.
Hoy se dice que al gobernador no le gustó que Hernández Martínez hiciera su
trabajo más allá de sus disposiciones por lo que abrió cloacas donde no tendría
que haberlo hecho. O sea, que el ex contralor salió por hacer mejor el papel
para el que fue designado y se le utilizó solamente para hacer escándalo en
contra de la pasada administración. Ahora con un contralor general a modo, el
gobernador sabe que todo se realizará sin sobresaltos. Vaya cambios.
Ni
fu ni fa, como se dice vulgarmente, se emitieron opiniones sobre el nuevo
titular de la Secretaría de cultura, Manuel Zepeda Mata o del nombramiento del
Secretario del Medio Ambiente, Tulio Ismael Estrada. Y cuando decimos que no
causó ningún efecto, es porque en Guerrero la cultura no ha tenido un papel protagónico
y la protección al medio ambiente ha sido solo utilizada para caswtigar a
algunos empresarios o grupos sociales, pero no se tiene una vacación por
proteger nuestro entorno, sobre todo ante los inversionistas hoteleros o de
complejos de vivienda o condominales depredadores y que todo lo resuelven con
el pago en fectivo de favores recibidos por los goebrnantes. Asi ha sido la
forma como en Guerrero los nichos naturales han perdido su calidad y es el
momento de hacer algo por ellos y proteger no solo lo que sucede en la tierra
sino en mar, lagunas y mantos acuíferos de la entidad. No olvidemos que la
guerra del futuro se sustentará en el uso y destino del agua potable y por ello
desde ahora dse deben tomar las decisiones correctas mas allá de politiquerías
del actual gobierno en cuanto a la construcción de la hidroeléctrica de La
Parota.
Por
cierto que en estos nuevos nombramientos que hizo el gobernador Aguirre no
faltaron los Todólogos que bien pueden ser removidos a su antojo y sin chistar
por el gobernador. Por ello no hubo reacción alguna cuando se designó a Sergio
Olvera de la Cruz como nuevo titular de la Promotora Turística de Guerrero y se
envió a su ex titular, Juan Salgado Tenorio a la dirección del colegio de
bachilleres o la designación del ex líder estatal del PRD, Martín Mora Aguirre
como subsecretario apra asuntos agrarios, cuando este personaje ha sido
cuestionado por su desastroza gestión para otorgar fertilizantes a los
campesinos, quienes en los primeros años se le alebrestaron al gobernador y le
hicieron una serie de bloqueos que tuvo que soportar el mandatario sin chistar.
Ahora, quien sabe por qué, o quizá porque se apellida Aguirre (nepotismo nunca
faltarás) tuvo esta deferencia.
Los
demás designados están tratando de hacerse notar y quizá uno de ellos fue el
operador del gobierno estatal ante los policías comunitarios y me refiero a
Oscar Chávez (no el cantante) a quien se le nonbró subsecreario de
coordinación, enlace y atención de organizaciones sociales, mientras que a José
Eduardo Figueroa Zúñiga se le designó como el operador del seguro popular y a
Alberto Catalán Bastida como subsecreario de promoción y vinculación social.
Finalmente
el gobernador Aguirre tuvo a bien designar a un ‘’puente’’ en la secretaría de
seguridad pública al nombrar a Leonardo Octavio Vázquez Pérez como
subsecretario de prevención y operación judicial y encargado del despacho de la
SSP-PC y lo mismo hizo con Gilberto Cuevas González al nombrarlo como subsecretario de trabajo y previsión social
(por si acaso le dan un revés en el Congreso con el titular Alberto López Rosas).
Periodista/Analista
Político*
