Rodrigo Huerta Pegueros*
En
México cada año se conmemoran los días del Periodista (4 de Enero), el día
internacional de la prensa (3 de Mayo) y el día de la Libertad de Expresión (7
de junio) y en cada fecha, los comunicadores hacen una especie de corte de caja
para conocer el ambiente en el que se desarrollan sus actividades cotidianas.
Los
resultados cada vez son menos esperanzadores al reconocer que la tarea de
mantener informada a la sociedad mexicana es cada día más difícil y con riesgos
mayores que el comunicador debe correr para cumplir con su tarea.
Por
ello no ha sido gratuito y nada halagador que la propia asamblea de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya calificado a México como uno de
los países más peligrosos de la región para ejercer esta actividad y solo es superado
por el pequeño país centroamericano de Honduras.
Sin
enfrentar una guerra declarada contra ningún país y cuando no se utilizan armas
sofisticadas o prohibidas—como las químicas— en estos dos países
latinoamericanos los periodistas se enfrentan con enemigos sin rostros, pero
plenamente identificados en grupos afines como son los miembros del crimen
organizado, las fuerzas del orden público así como funcionarios públicos o
gobernantes intolerantes y permisivos al ejercicio de la libertad de prensa, de
expresión y difusión de las ideas, derechos que están debidamente protegidos
por instancias internacionales y locales.
Los
periodistas celebran al principio de cada año el hecho de realizar un trabajo sui
generis que lo conecta a diario con la comunidad y refleja sus aspiraciones y
obstáculos en diversidad de formas de comunicación y a través de las distintas
plataformas que hoy se tienen con las nuevas tecnologías que hacen verosímil el
recuento de lo que ocurre tanto en el entorno próximo como lejano pero que a la
vez está en tiempo real.
La
realidad es hoy muy próxima a la percepción y este es uno de los tantos avances
que se ha logrado a través de los años para mantener una sociedad mas y mejor
informada a fin de que pueda enfrentar con mayores éxitos los retos que a
diario se le presentan. No es una ilusión la frase acuñada de que ‘’información
es poder’’.
Sin
embargo, frente a los avances tanto en el aspecto de la vida democrática como
en las tecnologías de la información, los periodistas siguen siendo ampliamente
vulnerables y son blanco fácil de agresiones por parte del poder público y los
llamados poderes fácticos.
Los
comunicadores que desean hacer un ejercicio pleno de su libertad de expresión y
de investigación, no solo tienen que enfrentar bloqueos para allegarse la
información que está en las instancias públicas sino también obstáculos que les
representan los propios medios de comunicación donde se ejerce, no hace mucho
tiempo atrás, la llamada autocensura para blindarse de cualquier ataque de los
grupos poderosos que pudiesen sentirse afectados por las publicaciones
aparecidas tanto en medios impresos como a través de la radio o la televisión o
en los medios digitales que cada día cobran mayor presencia en las redes
sociales de la internet.
México
es un país donde la libertad de prensa, expresión y opinión ha sufrido
constante acoso, primero por parte de grupos políticos y caciquiles y
actualmente de parte de los llamados poderes fácticos donde se entrecruzan
empresarios, dirigentes sindicales y criminales de cuello blanco y del crimen
organizado. Estas situaciones de peligro para el ejercicio periodístico, no
solo no ha desaparecido desde antes del triunfo de la Revolución Mexicana sino
que se ha incrementado y cobra decenas de vidas de periodistas, editorialistas,
columnistas, corresponsales, conductores de noticias, directivos, reporteros
gráficos, camarógrafos y han alcanzado también a trabajadores de talleres y
voceadores.
La
lista de crímenes y agresiones contra los periodistas y comunicadores de México
es interminable y hasta el momento no se puede decir que la actividad esté
blindada y el ambiente mejorando con las reformas legales que han introducido
los legisladores federales, ni con la puesta en escena de las defensorías
especializadas a nivel federal y locales.
Las
entidades defensoras de derechos humanos en el país, han incluido a los
periodistas como entes similares por el desarrollo de su actividad tendiente a
servir a la sociedad a través de la difusión de la información, la reflexión y
la manifestación de las ideas.
Con
todo y esto, los informadores continúan siendo presa fácil de agresiones,
asesinatos, desapariciones y detenciones injustificadas y nunca aclaradas,
mucho menos sancionados los autores materiales e intelectuales, lo cual ha
fomentado el escandaloso incremento de la impunidad tanto en el país como en
las 32 entidades, siendo un ejemplo de estos hechos arbitrarios y bochornosos
el estado de Guerrero donde durante los últimos quince años han sido asesinados
y desaparecidos cerca de dos decenas de comunicadores y ni un solo caso ha sido
debidamente esclarecido, por lo que los culpables siguen disfrutando de una
libertad inmerecida y los comunicadores continúan clamando y exigiendo justicia.
GUERRERO
PELIGROSO PARA EL PERIODISMO
Desde
hace ya varios lustros, los periodistas en esta entidad han sido presa fácil de
los grupos de poder y han sometido a través del uso de la violencia a los
detentadores de los medios de comunicación y a los trabajadores de la
información, quienes en la mayoría de las veces han tenido que enfrentar solos
a quienes se sienten intocables o impunes. Muy contados han sido los
propietarios de los medios quienes se han solidarizado con sus trabajadores y
defendido su derecho a la información, a la difusión de las ideas y sobre todo
a su libertad de expresión. Los más, han tenido que plegarse a los designios de
los detentadores del poder público o privado y por lo tanto han evitado ser
sujetos de la violencia física y material, sino también los boicots comerciales
u oficiales y la desaparición de trabajadores, por lo que asumen como escudo a
todo esto, la autocensura o el aplauso fácil.
Simplemente
para refrescar la memoria de los sucesos trágicos que costaron la vida a
compañeros periodistas de esta entidad y que están todavía sus casos sin
resolver, recordemos los asesinatos de Rafael Villafuerte Aguilar, director del
semanario La Razón a quien le quitaron la vida en el año 2003, mientras que a
Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político lo desaparecieron
en el año del 2004, en tanto que al director del diario Despertar de la Costa,
Misael Tamayo Hernández fue asesinado en el 2006 y un año después, en el 2007,
fue privado de la vida el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez
Dillanes.
Dos
años mas tarde, el periodista Jean Paul Ibarra Ramírez del periódico El Correo
fue asesinado y unos días después la misma suerte corrió el periodista del
semanario El Quijote, Juan Carlos Hernández Martínez y cinco meses después en
el puerto de Acapulco fue encontrado sin vida el locutor de la estación W
Radio, Juan Daniel Martínez Gil y medio año después en el 2010, el director del
periódico El Oportuno de la costa chica, Jorge Ochoa Martínez corrió la misma
mala suerte.
Evaristo
Pacheco Solís, del semanario Visión Nocturna también fue víctima de la
intolerancia y la impunidad en el 2010 y tres meses mas tarde, la pareja de
periodistas, Juan Francisco Rodríguez Ríos corresponsal del diario Sol de
Acapulco y María Elba Hernández Galeana del periódico Independiente fueron
acribillados a plena luz del día.
Un
año más tarde, 2011, en el día de la Libertad de Expresión (7 de junio) el
reportero del diario Novedades de Acapulco, Marco Antonio López Ortiz fue
secuestrado y desaparecido en la recién inaugurada administración del
gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. El recuento de los agravios cometidos
contra el periodismo guerrerense hasta el 2011 eran de 11 periodistas
asesinados y uno desaparecido, aunque habrá que decir que el cuerpo del periodista
Leodegario Aguilera Lucas nunca ha sido encontrado y el que supuestamente se
presentó calcinado nunca ha sido reconocido por sus familiares.
La
desaparición de López Ortiz sirvió apra que los periodistas de la región
exigieran a las autoridades su búsqueda y presentación, demanda que nunca fue
escuchada y menos atendida, por lo que los medios de comunicación se sintieron
mas vulnerables y decidieron como herramienta de defensa la autocensura lo cual
devino en una merma en la información que la opinión pública recibía antes y
evitaron cuestionar e investigar asuntos del crimen organizado y demás que
tienen que ver con excesos, abusos y corrupción del poder público.
Hasta
el momento de redactar estas líneas, las autoridades del estado de Guerrero no
han dado explicación alguna sobre los asesinatos y desapariciones de los
comunicadores arriba citados y por otro lado, han hecho caso omiso a las
demandas de los periodistas para que se respete el derecho a la información pública
y se sancione a los culpables de las agresiones, atropellos y amenazas en
contra de los trabajadores de los distintos medios de comunicación tanto
locales, regionales y nacionales.
Los
últimos hechos dejan ver el peligro que conlleva recabar información o cubrir
eventos públicos, tal y como les sucedió al corresponsal de la revista Proceso,
Ezequiel Flores y al fotógrafo, José Luis de la Cruz González quienes fueron
agredidos verbal y físicamente por un agente del ministerio público federal, un
miembro de la policía federal y varios uniformados estatales y municipales. Los
afectados presentaron sendas denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y ante la Fiscalía Federal para la Protección de los Periodistas.
Sin
embargo estos hechos se suman a una serie de eventos que atentan abiertamente
contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión como es el caso del
corresponsal del periódico El Sur, Sergio Ferrer en la región de la montaña,
quien fue agredido abiertamente por policías municipales. O lo ocurrido a
Bernardino Hernández, reportero y fotógrafo de Acapulco quien no solo fue
agredido por policías federales sino que fue despojado de dinero en efectivo y
herramientas de trabajo, lo mismo le sucedió al fotógrafo Pedro Pardo al tratar
de cubrir un hecho sangriento ocurrido en Acapulco y quien fue agredido por un
policía municipal.
En
el pasado reciente, periodistas de los diferentes medios de comunicación como el
caso de Erick Chavelas, quien fue agredido por el jefe de seguridad del gobernador,
teniente Felipe de Jesús Órnelas Rebollo, por tratar de cumplir con su función
de informar de las actividades oficiales; otras agresiones y abuso de poder han
sufrido también los periodistas Magdalena Cisneros, Francisca Meza, Valeria
Juárez, Daniel Velázquez y Jesús Trigo, entre otros.
El
recuento de afectaciones contra el gremio periodístico en el estado de Guerrero
suman también atentados contra instalaciones de periódicos y televisoras, lo
cual ha provocado que se instaure la autocensura en la entidad lo que va en
detrimento al derecho a la información que debe ser garantizado por el estado
pero que muchas de las veces son los representantes del gobierno en contubernio
con poderes fácticos los que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión,
de prensa y de la difusión de las ideas.
Este
siete de Junio próximo, cuando se conmemore un año más del día de la Libertad
de Expresión, el estado de Guerrero llegará como uno de los estados mas
peligrosos para ejercer esta profesión y será momento para realizar un nuevo
recuento de la situación prevaleciente y también para conocer como se encuentra
el periodismo en el mundo y en México.
Periodista/Analista
Político*
