Miguel Ángel Mata Mata
Al camarada Florentino Cruz
Ramírez, quien conoce del significado y significante del sustantivo Dignidad
Tres
acontecimientos sucedidos en el estado de Guerrero en la última semana
evidencian que el Estado de Derecho ha sido secuestrado en Guerrero por un pequeño grupo de privilegiados
burócratas empleados del Poder Ejecutivo para quienes la justicia existe,
mientras que para el pueblo ésta es un anhelo inalcanzable al que puede
accederse siempre y cuando se cuente con el Don Divino de la cercanía con
déspotas que alguna vez fueron humildes. Hoy es diferente: a todos condenan a
su triste realidad: no pertenecen a la casta divina del sur del país.
1) El subdelegado del Registro Público de
la Propiedad en la entidad llegó ebrio a la casa de su ex mujer. Frente a su
suegra e hijos golpeó hasta desfigurar el rostro de quien se negó a tener
relaciones sexuales con él. Cesó en su demostración de fuerza hasta que vecinos
y familiares de la víctima entraron al hogar. Él amenazó, al huir. Ella tuvo el
valor de subir la
fotografía de su rostro desfigurado a las redes sociales. Recibió miles y miles
de comentarios de apoyo. Todos
exigieron el castigo al mal funcionario público. Los hechos sucedieron un 13 de
junio. La indignación tocó el corazón del gobernador hasta el 30 de junio
cuando instruyó el cese inmediato (¿?) del energúmeno. Posterior a los
acontecimientos todos esperaban la aprehensión del fulano, a quien todos ubican
como ente cercano al nepotismo guerrerense. La procuraduría de Justicia jamás
informó del número de averiguación del caso ni la emisión de la orden de
aprehensión correspondiente. El señor Medina, dicen, gozó de las libertades y
beneficios de la familia en el poder para abandonar el país. ¿Justicia a los
enemigos y justicia y gracia a los amigos? Tal vez.
2). San Luis La Loma y San Luis San Pedro
son poblados de Técpan de Galeana que forman parte de las leyendas
guerrerenses. Todo tipo de historias, leyendas o rumores tienen su origen ahí.
Fue en esos lugares en donde, al igual que en otros municipios del estado, de
pronto aparecieron ciudadanos armados e instalaron retenes para “auto defenderse”
del crimen organizado. Cerraron la carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo.
En menos de 24 horas estaban con ellos el secretario de gobierno, el procurador de justicia y el asesor
y jefe de gabinete de facto del gobierno estatal. Rápida solución y los
bloqueadores retiraron el bloqueo, pero dejaron retenes “de revisión” en la
zona. Semanas después otro grupo de ciudadanos instaló otro bloqueo en la misma
carretera: protestaban porque los primeros abusaban, les tomaban fotos, los
amenazaban. El bloqueo no mereció la llegada de la “nomenklatura” guerrerense.
Les enviaron anti motines y al director de gobernación quien empantanó el
conflicto al grado que el desalojo de la carretera se logró luego de 50 horas.
Nadie informó de compromisos con uno y otro grupo. La única versión oficial la
ofreció un comandante militar de Acapulco que sostuvo ante medios de
comunicación: “los que bloquean en Costa Grande (se refería a los primeros)
tienen nexos con el crimen organizado”. ¿Justicia a los a enemigos y justicia y
gracia a los amigos? Parece que sí.
3). El Pedregoso es un poblado cercano al
Puerto de Acapulco. Se llega al lugar luego de pasar el bello y famoso
balneario Pie de la Cuesta. Asentado en una planicie cerca a otra comunidad
llamada San Isidro ha sido mención constante en casos de ejecuciones
aparentemente relacionadas con el crimen organizado, según boletines del
gobierno. La semana pasada fue asesinado en su casa, con su arma de cargo, uno
de los escoltas del Secretario de Trabajo del Gobierno de Guerrero. En las
redes sociales se hizo mención del asunto. Antes de cumplidas 24 horas del
homicidio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero emitió un
boletín oficial en donde daban cuenta del caso: la esposa, los hijos y sobrinos
pagaron ocho mil pesos para ejecutar a quien aun era elemento de la Policía
Investigadora Ministerial. Rápida solución a un caso de homicidio en una
entidad donde las muertes violentas llegan a 114 por cada cien mil habitantes y
los asuntos resueltos no llegan al uno por ciento. ¿Justicia a los enemigos y
justicia y gracia a los enemigos? Es
evidente.
Son tres
casos que evidencian que la justicia en Guerrero esta secuestrada por un puñado
de déspotas, quienes no dudan en beneficiarse con el aparato del estado para
dar solución a sus asuntos personales o cercanos y echan al cesto de la basura
los anhelos de justicia de quienes no gozan del privilegio de tener sus raíces
en Ometepec.
El caso
es grave según el punto de vista de los teóricos para quienes el Estado existe
siempre y cuando garantice la seguridad personal, jurídica y patrimonial de los
ciudadanos. En nuestro caso no hay seguridad personal ante la realidad del
crimen organizado y grupos de autodefensa ilegales; tampoco garantiza la seguridad
jurídica, evidenciado en tres ilustrativos casos en donde la ley se mueve por
preferencias de familia o lugar de origen. ¿Se garantiza aun la seguridad
patrimonial? De ser así estaríamos ante la realidad evidente y objetiva de un
Estado Fallido.
TRASCENDIÓ
QUE la
elección llevada a cabo en 14 entidades de la República atrajo la atención de
operadores tanto del PRI como del PRD y MC del estado de Guerrero, quienes
viajaron hasta entidades lejanas como Baja California o cercanas como Oaxaca
para vivir con intensidad
la experiencia electoral.
QUE por
el PRI viajaron a Baja California el coordinador de los diputados locales del
PRI, Héctor Apreza patrón acompañado por Héctor Astudillo Flores. A Oaxaca
viajó el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto. En redes se
cuestionó el viaje de éstos pero, lamentablemente para los cuestionadores, el
viaje en fin de semana no es considerado una falta legal grave. En todo caso
sería un atentado a la moral y ética política que ni es conocida ni menos
aplicada en Guerrero. Asi que…
NUMERARIA
1) Las agresiones a la libertad de
expresión durante el primer semestre del año se incrementaron más del 46% en
comparación con el mismo periodo de 2012, reportó la organización Artículo 19,
en su segundo informe trimestral de 2013 sobre el tema.
2) A las 100 agresiones a la
libertad de expresión, documentadas durante el segundo trimestre del año –del 1
de abril al 30 de junio-, se suman las 51 reportadas de enero a marzo, lo que
arroja un total de 151 agresiones en seis meses.
3) Durante el segundo trimestre del año
se documentaron 32 agresiones físicas en contra de periodistas; un asesinato;
un ataque con granada; 16 amenazas verbales, dos de ellas de muerte; cinco
privaciones ilegales de la libertad; seis intimidaciones y seis sanciones
judiciales.
4) Las entidades más violentas para
ejercer la libertad de expresión fueron: Tlaxcala con 17 casos, Veracruz con
12, Guerrero con 12, Chiapas con 10 y Coahuila con ocho. La información
recabada por Artículo 19, revela que los principales perpetradores de las
agresiones fueron servidores públicos y policías de los tres niveles de
gobierno. A ellos se les vincula con 32 agresiones.
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