Rodrigo Huerta Pegueros*
Cuando
el actual gobernador de Guerrero. Ángel Heladio Aguirre Rivero fue postulado
por la coalición de izquierda para que compitiera por la gubernatura en contra de
su partido, el PRI, tuvo a bien adoptar y abrazar los postulados del PRD y la
plataforma político electoral suscrita por los otros dos partidos como fueron
el PMC y el PT.
En
este documento se especifica que los gobiernos emenados de estos partidos no
harán nada que vaya en contra de los movimientos populares ni utilice la fuerza
pública para reprimirlos.
Además
se comprometía a ser garantes de que los liderazgos sociales fuesen atendidos
en sus peticiones como norma de un gobierno democrático y progresista.
Al
parecer, al paso de estos dos años que han transcurrido, el gobierno estatal ha
olvidado estos postulados y compromisos y ha actuado contrario a lo que es el
ideario de las fuerzas políticas de la izquierda mexicana y se ha ubicado
abiertamente en contraposición al aliarse abiertamente con los grupos mas
conservadores de la región y ha aplicado sin tapujos una política abiertamente
priista a fin de congraciarse con el jefe de las instituciones federales, en
este caso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Ejemplos
que saltan a la vista son los últimos acontecimientos que se han registrado en
la entidad y que tienen que ver con los líderes de movimientos sociales que han
sido asesinados a plena luz del día y que a meses de ocurridos, nada se sabe de
los que cometieron dichas fechorías y se ha tratado de dar largas a los asuntos
tratando de pasarle la responsabilidad de investigación de esos crímenes a la
Procuraduría General de la República (PGR), misma que ya ha rechazado tal
obligación y ha dicho con todas sus palabras a los responsables de la procuración
de justicia del estado (PGJE) que son ellos los que tienen la responsabilidad
de indaar y dar con el paradero de los responsables de los múltiples
asesinatos.
No
hablemos de los asesinatos políticos ocurridos antes de que asumiera su
responsabilidad gubernamental el gobernador Aguirre, los cuales no han sido
tocados o mejor dicho no han querido tocarse ni llegarse a fondo de los hechos
tal y como lo mencionó durante su renuncia a la procuraduría estatal la ex
responsable, Marthe Elba Garzón Bernal.
Pero
lo que no se puede entender, es lo que ha ocurrido con los grupos de policías comunitarias,
con las autodefensas y las ciudadanas, las cuales en principio y desde sus orígenes
fueron alentadas por el gobierno aguirrista—antes y ahora—a las cuales se les
brindó toda clase de canonjías y hasta se les doió de armamento y de dinero
para que se fortalecieran y coadyuvaran a la prestación de un servicio que el propio
gobierno estatal no podía otorgar, o sea, la seguridad pública.
Así
surgieron primero la CRAC y posteriormente, alentado por el gobernador, la
UPOEG, y con ello otra clase de grupos que también se alzaron para defenderse
de la delincuencia común y de la organizada, particularmente la que tiene que
ver con el narcotráfico y que además operan como extorsionadores, secuestradores
y cobradores de piso.
Lo
sucedido posteriormente a la puesta en escena de estos grupos de autodefensa o
policías ciudadanas fue algo que nadie puede entender y que quizá nadie
pretenda hacerlo ya que se convirtió en un galimatías en donde el propio
gobernador Aguirre estaba y está mas que confuindido.
Fue
entonces cuando apareció el ejército
mexicano y la marina armada de México, a quienes se les solicitó su presencia y
ayuda de parte de las comunidades que no tienen confianza en la forma como
operan las policías locales y estatales y a quienes se les acusa de estar
coludidos con los miembros del crimen organizado.
Asi
las regiones de la tierra caliente, primero, después las de la región de la
montaña alta y baja y después las regiones de las dos costas y la parte serrana
del centro del estado, fueron cubiertas por policías ciudadanas y comunitarias para
defenderse de los criminales, aunque muchas de estos nuevos grupos-según dicho
por los miembros de las fuerzas federales-, estaban infiltradas por los propios
narcotraficantes.
De
ahí surgieron los hechos deleznables de los desplazados en varias regiones de
la entidad donde familias y pueblos enteros fueron arrasados por la violencia y
la fuerza bruta de los criminales quienes así se hacían de recursos humanos
como jóvenes y mujeresa a quienes abusaban y se llevaban sin mas ni mas.
El
caos asomó en el gobierno estatal y se vió confundido y sin instrumentos para
hacer que el Estado de Derecho imperase en la entidad.
Fue
entonces cuando la federación decidió actuar y tratar de poner orden a estos
grupos que surgieron con el consentimiento del gobierno estatal y otros que aparecieron
en plena confunsión para hacer su agosto.
De
ahí que ahora, los grupos comunitarios se vean envueltos en una guerra sin
cuartel que les ha declarado el gobierno federal y en particular los miembros
de las fuerzas armadas—léase ejército, marina y policía federal preventiva—quienes
tienen el propósito de someterlos a la ley y el orden, sin fijarse por el
momento si son policías buenos o malos.
Luego
entonces, el gobierno democrático y progresista de Guerrero con Aguirre a la
cabeza, ha doblado las manos y ha aparecido ahora al lado de las fuerzas
federales y se les ha sumado a la batida contra estos grupos irregulares
llamados policías comunitarios, autodefensas o ciudadanos, utilizando para ello
la frase del presiente Peña Nieto que dijera en su reciente primer informe de
gobierno de que utilizará los instrumentos del Estado democrático para que
nadie haga justicia por su propia mano.
Luego
entonces, estamos frente a un gobernante del PRD que ha asumido como suyos los
postulados de un gobierno priista, sin que nadie en esta entidad le diga nada
ni chiste para nada, como si todo lo que se está haciendo estuviese bien y que
lo que haga o deje de hacer el gobernador no afectará en el futuro la imagen y
la promoción de un PRD que pretendía ser alternativa en esta entidad pero que
ha sucumbido a su propia política pragmática.
Las
policías comunitarias o de autodefensa, son producto de un gobierno deficiente
en proporcionar seguridad pública a su población, luego entonces, no se les
debe tratar como delincuentes y menos como criminales sino como parte de una
causa popular que fue en su momento convalidada por el propio gobierno estatal.
Que
no se le olvide al PRD en Guerrero, mucho menos a los que pretenden gobernarlo que
un flaco favor le está haciendo el gobierno aguirrista con estos desplantes de
autoritarismo, de autismo a las demandas populares pues nadie en sus cabales
podrán creer que el PRD de Guerrero pueda ser en el próximo sexenio una
alternativa viable para hacer que esta entidad pueda lograr su desarrollo y el
bienestar para sus habitantes.
Periodista/Analista
Político*
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