Rodrigo Huerta Pegueros*
Tras
la tormenta tropical Manuel que dejó serios daños en Guerrero y que todavía se
continúan padeciendo--pues ya está aquí el ciclón Raymond—las autoridades
federales dieron a conocer que se abrirían investigaciones, particularmente por
lo sucedido en el puerto de Acapulco—en la parte de la zona Diamante—donde
autoridades locales—municipio y estado—otorgaron licencias de construcción en
zonas no aptas para tales obras, sobre todo en zonas denominadas humedales y en
donde no solo se afectó el medio ambiente sino la vida natural y ecológica.
La
ambición pudo más que el deber de aplicar la legislación vigente.
El
presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado el interés para aplicar sanciones a
quienes cometieron tales fechorías y particularmente aplicarles lo que
dictamina la ley de responsabilidades para los funcionarios públicos, pues el
daño ocasionado a la población acapulqueña es impagable, sobre todo si se toma
en cuenta de que hubo varias personas que perdieron la vida en esta
contingencia histórica.
Pero
vayamos por partes:
El
gobierno federal dijo que iba abrir una investigación al respecto.
El
gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero se apresuró a decir que él entregaría
en una semana un expediente sobre los responsables. (no ha cumplido).
El
alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, no se quedó atrás y trató de lavarse
las manos y señaló que se daría la información necesaria para deslindar
responsabilidades.
Los
ciudadanos organizados, especialmente los arquitectos e ingenieros, fueron los
primeros en dar a conocer abierta y pulcramente la forma como los planes
director de desarrollo urbano para esa zona devastada de Acapulco por la
tormenta Manuel fueron violentados abiertamente y sin rubor alguno por
administraciones municipales recientes.
Con
toda esta información que se tiene, es posible que varias administraciones
locales y estatales se vean involucradas de otorgar licencias de construcción
en esos lugares que debieron prevalecer como pulmón verde para esa zona
turística pero no les fue posible retraerse de sus ambiciones los gobernantes
en turno.
Pero
mas allá de lo que podrían decir tanto el gobernador como el alcalde o como los
ciudadanos organizados, el gobierno federal cuenta con documentación fehaciente
en todos los medios de comunicación impresos y electrónicos de la época cuando
con bombo y platillo los gobernantes anunciaban la puesta en escena de obras de
construcción y después también con frivolidad desmedida inauguraban dichos
centros habitacionales, los edificios públicos, los fastuosos centros comerciales
de automóviles y centros de diversión.
Con
estos documentos se podrá asegurar que las autoridades locales y estatales
estuvieron de acuerdo para la construcción de inmuebles en zonas peligrosas y
de alta vulnerabilidad ecológica como se pudo constatar con los daños causados
por la tormenta tropical de Septiembre pasado.
El
gobierno federal deberá poner a trabajar a sus funcionarios del CISEN para que
vayan hasta lo mas profundo a desvelar lo que ocurrió y porqué y quiénes
ocurrió la tragedia de Manuel.
No
deberá el gobierno federal por ningún motivo esperarse a que el
gobernador—quien nuevamente incumplió su palabra al no entregar en tiempo y
forma los documentos prometidos por él mismo—les entregue un informe al
respecto pues este será sin duda inverosímil al igual que el entregado por el
alcalde de Acapulco, quien ha padecido de amnesia al olvidarse que uno de los principales
autores de la desgracia fue su compinche y ex colaborador de profesión, Alberto
López Rosas, quien fue alcalde de Acapulco a partir del año 2002 y quien mas
licencias de construcción otorgó a diestra y siniestra e incluso provocó la ira
de los aviadores al autorizar la construcción de edificios de mayor altura en
las cercanías del aeropuerto internacional acapulqueño.
Zeferino
Torreblanca Galindo, tanto como alcalde como Gobernador, tuvo mucho que ver
también con las licencias de construcción otorgadas en dicho perímetro y lo
mismo hizo el ínclito Manuel Añorve Baños y el inefable Félix Salgado y hasta
el propio Luis Walton quien tiene vela en el entierro al haber sido (o quizás
todavía lo sea) propietario de amplios terrenos en zonas de humedales donde
construyó varios negocios.
Por
lo tanto, los informes interesados tanto de Aguirre como de Walton tienen que
ser desechados por el gobierno federal y si en realidad quieren saber la verdad
pues tendrán que abrir su propia investigación y entrevistarse con la sociedad
organizada que ya habló al respecto y que tienen amplios conocimientos sobre el
tema y también reiterar que los medios de comunicación de la época tienen muchísimo
que aportar y de un valor verdaderamente importante.
Hablar
solo de permisos no es válido, es menester también hacer mención que para que
haya un delito se necesitan dos y además de los gobernantes corruptos hay
empresarios corruptores y quienes sin importarles lo que en el futuro les pudiese
pasar a sus clientes, hicieron lo posible para comparar conciencias, terrenos y
construir a su gusto con las consecuencias hoy hartamente documentadas.
Por
lo tanto el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto, si en
realidad quiere hacer justicia, deberá aplicar la ley tanto a corruptos como
corruptores, esto es, contra gobernante en turno y empresarios involucrados en
esas transacciones.
Sería
una medida ejemplar para que no se vuelva a vivir una tragedia como la pasada
en Acapulco producto de la desmedida ambición de autoridades y empresarios.
Esto
apenas comienza.
Todo
está por verse.
Ahora
veremos de que está hecho el Presidente Peña y que posibilidades tiene el
secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de congraciarse tanto con
su jefe como con los guerrerenses y particularmente con los acapulqueños si es
que se llega a un decisión político-jurídico para sancionar a todos los
involucrados en esta tragedia causada por un meteoro dañino como lo fue Manuel.
Periodista/Analista
Político*
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