Rodrigo Huerta Pegueros*
El
estado vecino de Michoacán no es la única entidad del país que tiene severos
problemas de gobernabilidad sino también existen otras entidades como son
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde la situación social y política se han
deteriorado al grado de que la federación (léase gobierno de la República) ha
tenido que intervenir directamente para evitar que la delincuencia siga
avanzando, la corrupción se multiplique, las instituciones dejen de funcionar y
para que los gobernadores y alcaldes no dejen de asumir sus funciones para lo
que fueron electos.
Lo
que están padeciendo hoy día los michoacanos no es diferente a lo que en esta
entidad guerrerense se ha y continúa padeciendo. Esto es, que la delincuencia
común y organizada se encuentra posesionada de territorios completos, en donde
los alcaldes son marioneta de los narcotraficantes, en donde la policía en
lugar de combatirlos son partícipes de estas bandas, en donde la inseguridad
pública es la constante, donde los secuestros están a la orden del día, las
extorsiones siguen sin ser frenadas, donde el pago de piso es casi una
normalidad y donde los ciudadanos han tenido que organizarse y armarse para
defenderse y han constituido no solo policías comunitarias sino organizaciones
de autodefensa.
Pero
no solo en Michoacán los maestros hacen de las suyas ni son solo los normalistas
los que también se rebelan contra el gobierno sino una amplia porción de los
ciudadanos que solicitan que las instituciones de procurar e impartir justicia
funcionen, pues es ya larga la lista de personas que han sido ejecutadas,
líderes sociales asesinados y otros más amenazados y perseguidos y no se ha
logrado ningún resultado satisfactorio.
La
corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades
e instituciones que manejan amplios recursos públicos es una praxis intolerante
que no ha logrado ser, no solo evitada, sino frenada, lo cual propicia que los
gobernantes sean moralmente incapaces de exigir a los ciudadanos que cumplan
con sus deberes cívicos, sociales, políticos y económicos.
Si
en Michoacán la federación ha tenido que intervenir para que el crimen
organizado no se apodere del gobierno, en Guerrero ha sucedido lo mismo y se ha
evitado que se salgan con la suya por la participación directa, no solo de la
secretaría de gobernación, de la defensa nacional, de la armada de México y de
la policía federal sino del propio presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, tal y como lo ha dejado sentir en los últimos meses con motivo de la
tragedia de las tormentas que han azotado la región.
Pero
también no se nos debe olvidar que si también la federación ha tenido que
intervenir en Michoacán para frenar la proliferación de las policías
comunitarias o los grupos de autodefensa, lo mismo ha sucedido en Guerrero en
donde los conflictos en esta materia se le salieron de las manos al gobierno
estatal y fue necesario la intervención de la federación para que esto no se
convirtiera en un problema maypusculo de inseguridad pública, social y
política.
Lo
mismo podríamos decir del conflicto magisterial, el cual rebasó la capacidad
del gobernador del estado y tuvo que intervenir la secretaría de gobernación en
donde se firmaron acuerdos para que los maestros de la CETEG volvieran a clases
y el gobierno estatal tuvo que guardarse las amenazas que había proferido en
contra de los disidentes del magisterio.
Si
en Michoacán las cosas se salieron de control por algunos días, la intervención
de la federación impidió que esto escalara aún más y que todo volviera a una virtual
regularidad, lo cual prohijó que el gobernador Fausto Vallejo no fuese dimitido
de su labor por parte de los senadores de la República, tal y como en alguna
ocasión se llegó a proponer.
Esto
también se propuso en Guerrero por parte de los maestros disidentes, quienes
solicitaron la desaparición de poderes en la entidad ante la incapacidad del
gobernador Ángel Aguirre para atender y dar solución a sus demandas,
acompañadas de otras acusaciones que se le hicieron por cuestiones no solo de
nepotismo sino también de malos manejos de amplios recursos públicos federales
desviados.
Lo
que estamos viendo hoy día es una nueva imagen de gobernantes fallidos, quienes
han encausado a las entidades bajo su responsabilidad hacia un vacio de poder y
que se ha evitado gracias al control que ha asumido en varios renglones
institucionales por parte de la federación.
Luego
entonces, debemos tener en mente de que si el gobierno de Michoacán fuese
sujeto a un ejercicio de desaparición de poderes, esto podría abrir la puerta
para que se replicara en otras entidades, como Guerrero, donde la situación es
similar y en donde la escalada de la delincuencia organizada no ha llegado a
controlar la entidad gracias a la intpresencia de la federación y no porque los
gobernantes hayan asumido una actitud valiente y de confrontación contra los
criminales.
Los
reflectores están hoy dirigidos hacia el estado de Michoacán. Mucho tiempo los
tuvimos en Guerrero donde las cosas no han mejorado, sino que han tenido, mas
bien, un intermedio por causa de las tormentas que resultaron no solo una
tragedia para los habitantes que perdieron no solo casas y otros bienes sino
que sufrieron de pérdidas de vidas humanas y que destapó la cloaca de la
corrupción gubernamental, particularmente en Acapulco, donde los afectados no
son mas que víctimas de las corruptelas de autoridades con empresas constructoras,
donde el dinero y el tráfico de influencias fueron suficientes para levantar
construcciones en zonas prohibidas y que afectaron severamente nuestro medios
ambiente y la ecología de la zona.
Si
en Michoacán hay severos problemas de gobernabilidad, en Guerrero no podemos
echar las campanas a vuelo pues estamos en similares o peores circunstancias,
sin olvidar que también los vecinos de Oaxaca y los paisanos de Chiapas pasan
por circunstancias similares y que si no fuese por la federación, quien sabe en
que circunstancias operarían estos gobernantes fallidos.
Periodista/Analista
Político*
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