Rodrigo Huerta Pegueros*
El
presidente Enrique Peña Nieto inició su mandato hace ya casi un año con la
firma de un pacto por México en donde involucró a los principales líderes
políticos del país y particularmente de los partidos políticos, miembros del
congreso de la Unión y gobernadores del país con el fin de impulsar una serie
de reformas que pretenden—según el discurso—transformar a México en los ámbitos
educativo, de telecomunicaciones, hacendario, financiero, de transparencia, la político-electoral y ña
energética.
Sorprendió
la vitalidad con lo que el nuevo gobierno inició sus trabajos, pero al paso de
los días, semanas y meses, las expectativas fueron bajando de tono y se
iniciaron una serie de confrontaciones entre los firmantes del pacto por México
por cuestiones de inequidad electoral—caso del PRI denunciado por el PAN en
Veracruz-y las movilizaciones en contra de la reforma educativa, la cual al
final fue aprobada en lo general pero con la salvedad de que su aplicación en
los hechos será difícil de lograr ante la oposición determinante de los
maestros ingtegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), organización que todavía está rechazándola.
Sobre
la reforma en telecomunicaciones, los enterados han externado su inconformidad
porque esta está aprobada a medias y no es posible aplicarla. No se diga la ola
de confrontaciones que produjo la reforma hacendaria no solo entre los partidos
políticos sino entre comunidades enteradas que fueron afectadas con nuevos
impuestos o alzas en los mismos como fue el caso específico de las territorios
fronterizos.
Hace
unos días los legisladores federales aprobaron casi por unanimidad la reforma
al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la cual abre las
posibilidades a que la ciudadanía solicite a cualquier sujeto que reciba dinero
del erario público (gobiernos) información al respecto a fin de transparentar
el uso y destino de los recursos públicos del Estado mexicano. Esta ha sido,
como lo han comentado, una de las reformas de mayor calado que han aporobado
los legisladores, con el único error de que entre los sujetos obligados a la
rendición de cuentas no se encuentren los grupos par,amentarios, lo cual ha
provocado una srie de cuestionamientos a los nada calificados diputados y
senadores del Congreso de la Unión.
Ahora
en estos días se ha iniciado ya un serio debate sobre la reforma
político-electoral, la cual tiene como fin el sancionar el abuso en el uso de
dinero en las elecciones lo cual daría como causal de nulidad de los comicios.
Asimismo se pretende la creación del Instituto Nacional de Elecciones, con facultades
novedosas como el de elegir a los consejeros estatales electorales a fin de
evitar la contaminación e intromisión de los gobernadores quienes se han apoderado actualmente de estos institutos.
También
se discute la permanencia o no de los tribunales electorales para ser asumidos
por el tribunal electoral de poder judicial de la federación.
La
reelección de diputados, senadores, alcaldes es otro de los debates que se
están daondo hoy dia en el congreso de la Unión sin que se haya llegado a
ninguna conclusión. Son entre otros los asuntos que se tienen en la agenda
legislativa y que deberán de aprobarse antes para pasar a debatir la reforma
energética, por lo cual el PAN ha elevado su costo frente al gobierno como es
el caso de la reelección inmediata de los diputados y senadores, lo cual han
rechazado ya los parlamentarios del PRI y el PRD pues consideran una indecencia
del panismo al proponer tal reforma.
Pero
si bien es cierto que los asuntos del pacto por México se centraron por meses
en el Congreso de la Unión, el gobierno de la República tenía que enfrentar la
otra realidad que es la social, la de justicia, seguridad pública y lo
financiero y económico, donde las cuentas le han salido hasta el momento muy
mal y esto se ha reflejado en el porcentaje de aceptación o aprobación
ciudadana al primer año de gestión del presidente Peña Nieto.
La
mala evaluación al primer año del presidente de la República tiene que ver con
el incumplimiento a las promesas de campaña en oos temas de bajar índices de
violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del estado mexicano,
la falta de resultados en las investigaciones a los miles de desaparecidos
durante el pasado sexenio, asi como la aplicación de la tortura como forma de
investigación, el alza histórica en el número de secuestros en el año 2013—que
supera los 2 mil 400—cuando la cifra récord había sido de poco mas de 1900.
Tanto
la organización internacional Human Right Watch (HRW) como el Observatorio
Nacional Ciudadano, han denunciado la falta de voluntad política del gobierno
federal para enfrentar la criminalidad y la inseguridad pública en el país, la
cual sigue siendo todo un lastre para el Estado mexicano.
Como
si fuera poco los señalamientos de estas dos organizaciones no gubernamentales
sobre el estado que guarda el país en cuestiones de seguridad pública y combate
a la criminalidad, el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray declaró
apenas este miércoles en el estado de Michoacán que lo que sucede en esta
entidad es una clara amenaza al Estado nacional y al propio estado de derecho.
El
discurso presidencial por un ldo y el discurso de sus colaboradores por otro,
son diametralmente opuestos en la lógica de la comunicación gubernamental, pues
los mensajes son encontrados y lo que se provoca es solo mas confusión e
incertidumbre entre la ciudadanía que ha esperado casi ya un año para ver si se
puede vislumbrar una luz al final del túnel, lo cual al parecer todavía
permanece en plena oscuridad.
El
año de Peña Nieto no agrada a la gente. Lo ha evaluado mal y casi lo reprueba.
Solo algunas instituciones internacionales le han dado el espaldarazo, aún y
cuando en el ámbito económico México está muy mal, pues el Producto Interno
Bruto que se había anunciado a principio de año que era del 3.4 por ciento ha
bajado a menos uno, lo cual habla de la errónea política económica que se ha
diseñado desde la Secretaría de Hacienda.
Por
lo tanto, en pocas palabras, si bien es cierto que las reformas anunciadas por
el presidente Peña en diciembre del 2012 le dieron un impulso a su popularidad,
el desempeño del gobierno en asuntos domésticos ha sido fatal y esto se ha
corroborado en las encuestas de opinión o entre politólogos, economistas y
organizaciones no gubernamentales, quienes han dado a conocer sus evaluaciones
que han sido de alguna forma coincidentes.
Dice
el presidente Peña Nieto que sus esperanzas de darle vuelta a la situación que
priva en el país será el resultado de las reformas propuestas al congreso de la
Unión, ya que ahí está sustentado y proyecto sexenal.
Lo
cierto es que ha pasado ya un año y solo le quedarán cinco para atender la
demanda social y hacer de México, como lo dijo en su discurso de toma de
posesión, un país mas democrático y en pleno desarrollo.
Periodista/Analista Político*
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