Jeremías Marquines
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de su presidente, Rafael Tovar y de Teresa tiene la obligación legal y moral de exigir al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos la devolución de 20 millones de pesos que de forma tramposa y cínica se adjudicó para terminar de construir el templo católico denominado Cristo Rey, de no hacerlo, estaría sentando un lamentable precedente de ilegalidad, de corrupción y de tráfico de influencias que dejarían sin legitimidad alguna a esa institución para exigir, a quien sea, el cumplimiento de obligaciones.
Sabiendo que atrás de la petición de recursos que hizo la asociación Cristo Rey, encabezada por el arzobispo de Acapulco Carlos Garfias Merlos, los presbíteros: Pérez Torres García García y Salvador Cisneros Preciado, y los laicos: Vicente Andrés Sánchez, Manuel Muñúzuri Victoria, Rosalba de la Cruz Olvera, y Deny Radilla Soberanes, todos integrantes de esa arquidiócesis, existía un fin distinto al expresado en documentos y proyectos, el Conaculta ignoró esta situación y validó la entrega de 20 millones de pesos del erario público, etiquetados previamente por la Cámara de Diputados, donde el diputado priísta y ex alcalde acusado de saquear las finanzas del ayuntamiento de Acapulco, Manuel Añorve maniobró usando su cargo de vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, y secretario de la Comisión de Presupuesto para burlar la prohibición de no destinar dinero público a fines religiosos.
La Asociación Cristo Rey, en el nombre carga con el pecado. Es una agrupación estrictamente religiosa integrada por curas y acólitos. Fue creada con el fin de burlar a las autoridades y recolectar dinero público para terminar de construir la nueva Catedral de Acapulco, denominada casualmente Cristo Rey. No es posible que los muy aguzados funcionarios de Conaculta que revisan a conciencia los requisitos que presentan estados y municipios para bajar los recursos que le han sido etiquetados, hayan pasado por alto la casualidad de una asociación que se llama Cristo Rey y que dice que el dinero lo quiere para hacer actividades culturales y artísticas, sin existir antecedente alguno. No es posible, por lo que sólo queda la duda razonable de que para que existiera tal liberación de estos dineros debió haber una instrucción de más alto nivel.
Según publicó el periódico El Sur, un diario local: “el diputado federal Manuel Añorve Baños aseguró que los recursos entregados a la Fundación Cristo Rey cuentan con el aval del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; mencionó que incluso hubo reuniones al respecto entre funcionarios de este organismo del gobierno federal con clérigos de Acapulco, violando con ello el principio de separación entre Iglesia y Estado estipulado en la Constitución del país en sus artículos 3, 40 y 130”.
La llamada “nueva catedral de Acapulco” desde hace años está incompleta, le falta por construir un gigantesco auditorio para mil personas, además de montones de detalles como iluminación, estacionamiento, salones, decorados, entre otros. Entre el 2010 y 2011 la asociación Cristo Rey intentó solicitar dinero federal de cultura para tal fin, pero el entonces gobierno panista se los negó porque su usó no estaba validado. Entonces esperaron a la llegada del PRI para hacer realidad su sueño. Para justificar la entrega de dinero público, el cura Garfias, asesorado por Añorve y personal de Conaculta, propuso construir algunos salones que tramposamente aseguran serán para talleres de música, artes plásticas, danza y teatro, todo con evidente orientación religiosa.
Sin embargo, aun cuando fuera cierto que el dinero sea para actividades culturales y artísticas, como argumentan, estas no cumplen con la función social que exige el uso de recursos públicos, pues en todo caso, las que harían serían actividades culturales y artísticas propias de la iglesia católica, dado que los salones y el auditorio están en el interior de ese centro de culto. Situación que en sí misma ya la hace inviable para recibir este dinero, pues su uso tiene un fin particular, y su objetivo no es para hacer actividades culturales sino para crear infraestructura religiosa.
Creo que sobre este asunto no hay más nada qué argumentar, este hecho es de naturaleza tramposa, cínica y corrupta. Sólo un sinvergüenza no vería en esta acción un acto pervertido y pecaminoso. La ley que rige la vida cristiana dice claramente: no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, dad al César lo que es del César y a dios lo que es de dios, preceptos que el arzobispo Garfias se los pasa por lo más ancho y gordo de su trasero, pues en asociación delictuosa con el diputado priísta Manuel Añorve han mentido y transado como los viles sinvergüenzas que son.
No sorprende a nadie que ambos individuos se asocien para transar, ya lo han hecho antes cuando Añorve fue alcalde y el cura Garfias lo redimió, incluso, el monseñor, paradójicamente, logró colocar, traficando influencias, a un sobrino suyo en la Secretaría de Cultura de Guerrero. Pero lo que sí sorprende e indigna es la participación lamentable de Conaculta, su omisión premeditada y su falta de escrúpulos en este asunto.
La cuestión está expuesta, ¿ahora qué se debe hacer? 1.- El Conaculta debe y está obligado a solicitar la devolución de estos 20 millones de pesos entregados con engaños y torciendo la ley. 2.- La comunidad cultural tiene que expresar su indignación por este ominoso caso enviando una carta a Rafael Tovar y de Teresa exigiendo la cancelación de este dinero y pidiendo una investigación al respecto; 4.- Solicitar que esos 20 millones se redireccionen para apoyar el desarrollo cultural del estado porque este año la Cámara de Diputados no le aprobó ningún proyecto. 5.- Designar persona culturalmente no grata al diputado trácala Manuel Añorve y al cura Garfias.
La cultura de Guerrero en quiebra
De nada sirvió elevar a rango de Secretaría de Cultura el antiguo IGC, Instituto de Cultura de Guerrero. Lo que el gobernador Ángel Aguirre hereda al pueblo de Guerrero es una Secretaría en quiebra y sin expectativas de mejorar, pues además, para empeorar las cosas, designó como subsecretario Jorge León Robledo, un trácala ex alcalde de Chilpancingo, por el simple mérito de ser su amigo de infancia.
Es público que desde hace meses, la Secug adeuda a distintos prestadores de servicio, creadores y promotores porque desde que Alejandra Fraustro fue directora endeudó a la dependencia malgastando el dinero en la contratación de eventos y festivales millonarios que le dejaron ganancias personales. Varios millones destinados originalmente a otras actividades prioritarias fueron desviados para cubrir los saldos de Alejandra Fraustro, lo que ha ocasionado la quiebra de esa Secretaría, sin embargo, y pese a estos antecedentes, fue protegida por Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta, quien la nombró, sin mérito alguno, directora de Culturas Populares, donde se ostenta como licenciada sin haberse titulado.
La gestión de la Fraustro por el antiguo IGC, transcurrió entre señalamientos públicos de malversación de recursos destinados a la cultura en Guerrero cuyas secuelas tienen en quiebra a la reciente Secug. La falta de dinero en esta dependencia ha ocasionado que el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guerrero Foecag, no haya emitido este año la convocatoria para apoyar a jóvenes creadores porque el gobierno estatal no destinó la parte económica que le corresponde para este programa, según dio a conocer el director de Recintos Culturales y Difusión de la Secretaría de Cultura, Juan Carranza Soriano.
La impunidad y la trácala son el pan de cada día en Guerrero. En lugar de exigir cuentas a Alejandra Fraustro por la quiebra en la Secug, su presencia sigue dominando en los ánimos de los titulares de esa maltrecha dependencia, pues con absoluto cinismo regresa a Guerrero luego de dejar endeudada a la Secretaría de Cultura, esta vez con el pretexto de traer una caravana artística llamada "Navidad en las Montañas" a la montaña alta de Guerrero, al municipio de Tlapa, donde regalarán cobijas y juguetes, mientras programas como los Paralibros se suspenden, promotores y prestadores de servicio siguen sin cobrar por la falta de dinero. Priorizar la trivialidad, el espectáculo, la desviación del dinero público para agradar a un gobernador banal que enloquece con los artistas de la farándula televisiva, parece ser la dominante de la política cultural de Guerrero.
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