MICHOACÁN: LABORATORIO Y PROCONSULADO

Ricardo Mejía Berdeja

La gran tragedia para Michoacán ha sido la utilización de dicha entidad federativa, por parte de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como un laboratorio experimental para sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública.

El 11 de diciembre de 2006, a menos de dos semanas de asumir la Presidencia, Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, en la que participaron 4 mil 260 elementos del Ejército, mil 54 miembros de la Marina, 300 policías federales y agentes fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes llegaron a la entidad con aeronaves e imponentes vehículos; tal como ahora lo hacen en el actual periodo de Peña Nieto.

Calderón Hinojosa no obtuvo ni un solo logro relevante  con aquella operación y sí desató una guerra que inundó al país en sangre y que agravó los problemas ya existentes en Michoacán.

En dicho estado se multiplicó el crimen organizado; el control y los cobros por parte de los cárteles de las drogas se expandieron a prácticamente todas las actividades productivas y en medio de la incapacidad y la corrupción de las autoridades, así como del asesinato a sangre fría de varios funcionarios, surgieron las autodefensas.

Estos grupos comenzaron a organizarse en municipios como Coalcomán o Tepalcatepec, lugar de donde surge la propuesta inicial que tomó inspiración en el ejemplo  del municipio autónomo de Cherán. Dentro de la organización de las autodefensas, se ve involucrada toda la población, desde pequeños comerciantes hasta campesinos, taxistas, propietarios de restaurantes, mueblerías, etc., pues justamente toda la población se veía sometida a los robos, extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y cobro de piso y de “seguridad” por parte del cártel predominante en la región. Sin embargo, a pesar de que todos los sectores productivos de dichas sociedades se mantenían en alerta, la red de defensa fue dirigida por ganaderos y empresarios agrícolas, cuyo líder es el médico y profesor  Mireles. Durante febrero y marzo de 2013, mientras llevaban a cabo sus primeras acciones contra los Templarios, e indirectamente contra los gobiernos municipales y estatal, que habían demostrado estar infiltrados en diversos niveles, el ejército y el Gobierno Federal intentaron disuadirlos para dejar las armas aunque después hubo un acuerdo con los “alzados” para combatir a la delincuencia organizada, afianzando el convenio con el envío de 5 mil soldados y policías federales el 21 de mayo pasado.

El origen de los grupos de auto defensas es la incapacidad del estado para hacer frente a la delincuencia, el hartazgo ciudadano frente al sometimiento del poder gubernamental a los grupos criminales, sin embargo a este origen legítimo siguió la tolerancia del gobierno federal a su libre actuación, desbordándose su presencia en tierra caliente y varios municipios, con lo cual el gobierno federal reprodujó la estrategia que en su tiempo operara el General Óscar Naranjo, asesor colombiano de Peña Nieto, de auspiciar  "grupos ciudadanos" que combatieran a la delincuencia.

Una vez que las auto defensas adelantaron posiciones, que estos grupos de autodefensa ya se habían expandido  a 14 municipios, más de 60 localidades y anunciaran su próxima presencia en otros 5 municipios que incluían Apatzingán y Uruapan, principales bastiones del cártel de los Templarios, y que los grupos de “opositores” a las autodefensas bloquearon carreteras e incendiaron camiones y negocios en diversos puntos de Michoacán, fue cuando el gobierno federal decidió dar un nuevo viraje.

Esta estrategia surgió dando la instrucción prioritaria e inmediata de desarmar a las autodefensas aprovechando una coyuntura importantísima y estratégica, “cayó” la avioneta en la que viajaba el líder de los grupos rebeldes armados, el doctor José Manuel Mireles, mientras las autodefensas avanzaban hacia Apatzingán y Uruapan, principales bastiones del cártel de los Templarios y, a su vez, diversos grupos “opositores” a las autodefensas bloqueaban carreteras, incendiaban camiones y negocios en diversos puntos de Michoacán.

“Vamos a Tierra Caliente, a las comunidades. Vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer el desarrollo por el bien de todos los michoacanos”, dijo Osorio Chong la mañana del lunes 13 de enero y en la madrugada del día 14, a través de las redes sociales, la población de Michoacán denunciaba y pedía ayuda ante el primer enfrentamiento entre las fuerzas federales y las autodefensas, quienes luchaban por mantener sus armas. El resultado de la primera acción de este plan fue la reprobable muerte de personas, incluida una niña de 11 años, aunque la cifra oficial solamente reconozca tres muertos. Frente a las versiones encontradas por los hechos sangrientos de Antúnez en Parácuaro, la Comisión Permanente solicitó información al Ejecutivo federal.

Después vendría la designación de Alfredo Castillo Cervantes como Procónsul en Michoacán, con amplias facultades para terminar de anular a Fausto Vallejo y quien se encargó de nombrar a los nuevos encargados de la procuración de justicia y seguridad pública,  todos de la fuerza mexiquense peñista, sepultando el federalismo. En una clara intervención centralista de Enrique Peña Nieto, con la designación de Alfredo Castillo se inaugura una nueva forma de desaparición virtual de los poderes de una entidad.

El recién nombrado comisionado federal de seguridad en Michoacán, llegó en 2010 a resolver el caso de la niña Paulette con una versión inverosímil, y como Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR se hizo cargo de la investigación del estallido en la Torre B de las oficinas de Pemex también sin resultados, para reemplazar finalmente a Humberto Benítez Treviño de la Procuraduría del Consumidor, tras el escándalo denominado #LadyProfeco.

Pero lo más relevante de Castillo Cervantes es que ha sido relevado de su cargo como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, justo cuando  han crecido las críticas por el alza de precios  a  consecuencia de la reforma hacendaria y la reetiquetación provocada por los impuestos a los alimentos "chatarra", entre otros aspectos, frente a lo cual la PROFECO fue omisa y negligente.

Esta designación remueve en los hechos a Fausto Vallejo y pretende demostrar que las acciones del gobierno en el caso Michoacán van en serio, cuando no es más que un nuevo acto de histrionismo y teatralidad.

El gobierno federal ha designado en los hechos a un nuevo gobernador de facto, generando otra irregularidad más en una entidad que no necesita más vicios de poder: un auténtico proconsulado a similitud de aquellos que operaban en la antigua Roma cuando se enviaba a las provincias a personajes con todos los poderes para tomar el control absoluto de los lugares a los que se les enviaba.