Guerrero y Michoacán: Estados
Intervenidos
Rodrigo Huerta Pegueros*
Lo
que está sucediendo ahora en el vecino estado de Michoacán, no es para nada
diferente a lo que ocurrió hace varios meses atrás en el estado de Guerrero,
cuando las fuerzas federales, atendiendo el llamado del gobernador Ángel
Heladio Aguirre Rivero, acudieron a enfrentar a los grupos criminales que
envolvieron en forma violenta y drástica la mayoría de los municipios y
provocaron el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa que ocuparon
territorios rurales y urbanos que estaban en una situación de indefensión
frente a quienes se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso,
la violación de mujeres y la venta de estupefacientes en forma impune.
La
aparición de los grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de Michoacán
fue provocado por cuestiones similares a las de Guerrero, donde los carteles de
las drogas, obligaban a los productores y a los explotadores de minas o
comerciantes de cualquier tipo y nivel e incluso a funcionarios públicos de los
ayuntamientos y el gobierno estatal, a entregarles ciertas cantidades de dinero
en forma mensual o de lo contrario sufrirían de actos violentos.
En
Guerrero está sobradamente documentado que los empresarios de los principales
municipios se quejaban de ser igualmente tratados por los criminales y extorsionados,
con la complacencia y muchas de las veces, con la participación de las propias
autoridades policiacas que permitían, coadyuvaban y operaban a favor del crimen
organizado.
La
respuesta del gobierno estatal fue siempre el que no estaban preparados para
enfrentarlos y que solo con la participación de la federación podrían hacerle
frente a este flagelo que no solo
consistiría en erradicar la producción y comercialización de drogas, sino
frenar y desterrar los delitos del secuestro, extorsión, pago de piso y
violación a mujeres que cometían y siguen cometiendo las bandas de criminales.
Lo
que había entonces en la entidad era a luces, un gobierno fallido, un
gobernante que no tenía posibilidad de cumplir con su responsabilidad primigenia
de otorgar seguridad pública y protección a los ciudadanos, acompañado de
gobiernos municipales igualmente débiles e indefensos, pero sobre todo
cooptados por los cárteles de las drogas.
El
gobierno federal llegó a Guerrero en auxilio a la población y realizó una serie
de acciones para descontaminar primero a las fuerzas policiales del estado y
los ayuntamientos, los cuales por cierto, salieron mal calificados y por ende
imposibilitados a ser parte de las nuevas corporaciones de seguridad pública.
La
violencia desatada en las regiones de la tierra caliente, de la capital del
estado, en la región de la costa chica y la montaña y en el municipio de Iguala
y Acapulco, tuvieron sus etapas de contención y lograron disuadir a los
cárteles de las drogas y evitar los enfrentamientos violentos, los cuales ahora
se dan en diferente contexto y en lugares alejados de los centros urbanos.
La
situación de Guerrero en el caso de su incapacidad para atender la demanda
social, no solo disminuyó sino que se
agravó con la presencia de los fenómenos naturales que azotaron la región
durante el pasado mes de septiembre y que afectó seriamente a varias regiones y
particularmente a municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo,
Coyuca de Benítez y Tixtla.
Los
daños causados no han sido reparados y las familias damnificadas han sido poco
menos que atendidas por los gobiernos federal y estatal, no digamos por las
autoridades locales que fueron desde un principio hechas a un lado por la
federación.
Durante
los eventos realizados por los gobiernos federal y estatal para atender a los
habitantes damnificados, una vez más el gobernador Aguirre Rivero fue seriamente
cuestionado por la ciudadanía que solicitó al mismísimo presidente de la
República, Enrique Peña Nieto que la ayuda se canalizara a través de
funcionarios federales pues no se tenía confianza en el gobierno estatal.
Una
vez más, el gobierno local quedó expuesto ante la federación como una
institución desacreditada, lo cual vino a agravarse con el pronunciamiento del
secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al prometer a los
ciudadanos de Acapulco una amplia investigación sobre los acontecimientos de la
tormenta tropical Manuel que devastó varias comunidades aledañas a la zona de
playas conocida como Acapulco Diamante y que fueron víctimas de las ambiciones
desmedidas de funcionarios locales, estatales y federales que unidos otorgaron
permisos y licencias de construcción y funcionamiento de casas habitación,
establecimientos comerciales, decisiones que fueron los causantes de la grave destrucción de la flora y fauna
impactando negativamente la ecología y el medio ambiente del área.
Frente
a este cuestionamiento, tanto el gobernador Aguirre como el alcalde de
Acapulco, Luis Walton Aburto, oficiosamente ofrecieron su concurso para
integrar los expedientes y dar así con los culpables del desastre en la zona
devastada por el fenómeno Manuel.
Sin
embargo, la investigación quedó truncada al no entregar ni en tiempo ni en
forma los documentos ofertados por ambos gobernantes a la federación y la
promesa de entregar resultados por parte del gobierno federal y particularmente
por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quedó en el limbo.
Las
organizaciones civiles involucradas en esta demanda de esclarecimiento de los
hechos, tampoco han realizado el trabajo que les corresponde como sociedad
civil para presionar a las autoridades y demandar que se haga justicia y se
corrijan las anomalías que existan todavía en el plan director urbano de
Acapulco y particularmente para aquella zona afectada.
Tras
el impasse de la tormenta, la inseguridad pública volvió a retomar su importancia
en la entidad y cada día más grupos de autodefensas aparecían a lo largo y
ancho de la entidad, lo cual provocó que el propio gobierno tratara de
unificarlos y al fracasar en el intento, promovió ante el Congreso del estado una
iniciativa de ley para constituir en el estado la figura de la policía rural, a
fin de que esta nueva figura fuese atendida por grupos comunitarios o
autodefensas, las cuales, una vez promulgada la ley mencionada, rechazaron
tajantemente integrarse como policías rurales.
Ha
sido no tradición sino una consecuencia, que las leyes que se emiten por parte
del legislativo son siempre consecuencia de una demanda social y en esta
ocasión no resultó así sino que fue consecuencia de una clara intención del
gobierno estatal para cooptar a quienes se alzaron en armas contra la
inseguridad pública y la presencia de criminales comunes u organizados en sus
regiones que no eran ni son hasta ahora, combatidos por las autoridades locales
ni estatal y en forma circunstancial son enfrentados por las autoridades federales.
En
Guerrero, tras todos estos acontecimientos, el gobierno federal y
particularmente el presidente Peña Nieto, llegó hasta la mismísima capital del
estado para dar a conocer que en este año del 2014 se invertirán dentro del
llamado Plan Nuevo Guerrero poco más de 30 mil millones de pesos en diferentes
obras, las más, en infraestructura carretera y menos en obras sociales y para
la reconstrucción de los municipios dañados por los pasados fenómenos naturales
se entregarían poco más de 7 mil millones de pesos.
Sin
embargo, quedó claramente especificado que los recursos que serán invertidos en
Guerrero van a ser manejados por la federación y no por el gobierno estatal,
menos por los ayuntamientos, ya que existe ahora, una amplia desconfianza de la
federación en la forma como en Guerrero los recursos públicos son utilizados y
donde no existe la más mínima praxis de transparencia y rendición de cuentas y
si en cambio está clasificada la entidad como una de las tres con el más alto
grado de corrupción.
Con
tal motivo, la federación desplegó en Guerrero a dos personajes para atender
los asuntos de la seguridad pública y el desarrollo social que son nada menos
que el comisionado nacional de seguridad pública federal, dependiente de la
secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb y la secretaria de
desarrollo social, Rosario Robles Berlanga.
Luego
entonces, la entidad quedó intervenida y el gobernador Aguirre maniatado u
debilitado para operar a sus anchas y para hacerse de recursos frescos para
operar este año pre electoral.
Lo
ocurrido en los últimos días en el estado con las autodefensas y la inseguridad
pública—que será materia de otra reflexión—es reflejo de la ausencia de
gobierno y de que la procuración de justicia no es más que una entelequia ya
que no tiene ni los equipos necesarios para investigar mucho menos los agentes
preparados para llevar a cabo tales labores.
Esta
es una realidad que duele y cala frente a una situación caótica que se vive en
materia de la prevalencia del estado de derecho tal y como hace unas semanas
calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al realizar en
terreno una investigación a fondo sobre la operatividad de los grupos
comunitarios y de autodefensa en Guerrero.
Lo
que pasa en el vecino estado de Michoacán es cuantitativamente similar a lo de
Guerrero, salvo la forma como el gobierno federal implementó su estrategia para
combatir al crimen organizado y para regularizar a los grupos de autodefensa
que estaban implementando ya, como grupos paramilitares, acciones efectivas
contra el enemigo común que son los carteles de las drogas y los grupos que los
estaban extorsionando.
Allá
en Michoacán existe un comisionado plenipotenciario para decidir sobre
seguridad y desarrollo. Su actuación ha resultado en poco tiempo efectiva y
efectista, sin embargo, en Guerrero, los comisionados para la seguridad no han
operado en la misma forma y no han frenado ni al crimen organizado quienes no
han disminuido su accionar para la extorsión, la violación, el secuestro y la
venta de drogas y por otro lado, la comisionada para el desarrollo social no ha
logrado implementar con éxito ni siquiera la cruzada nacional contra el hambre,
mucho menos la atención a los grupos de damnificados por las pasadas lluvias
quienes todavía claman la presencia de la federación.
En
Michoacán el gobierno también está intervenido. El gobernador Fausto Vallejo es
solo un acompañante de la federación y nada puede oprear con libertad, lo cual
al igual que en Guerrero, para cada paso que deba de dar, debe solicitar
permiso primero al gobierno federal.
Por
eso causa hilaridad que el gobernador Aguirre diga que para frenar la violencia
y la reproducción de grupos de autodefensa, no solicitará la intervención de la
federación, cuando esta está ahí, en forma permanente, interviniendo y un
ejemplo fehaciente y reciente es la presencia del comisionado nacional para la
seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb quien el pasado viernes 31
de enero estuvo presidiendo una reunión sobre el tema de Chilpancingo y quien
fue no solo un mentís y un tapaboca para un gobernante Aguirre quien no solo es
un dependiente de la federación sino que vive una creciente debilidad política e
institucional como su homólogo Vallejo, lo que se puede visualizar desde ahora,
precisamente a año y medio de las elecciones locales y la entrega del poder.
Periodista/Analista Político*
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