Senador, sobre el tema de la Consulta Popular, ¿nos puede
adelantar cómo va?
Nosotros hemos
planteado la necesidad de una serie de cambios que son indispensables para
garantizar que la consulta popular sea viable y que no solamente se convierta
en una ley que sea, pues un conjunto de restricciones, de obstáculos, de
impedimentos, que por más que se aprueben en la ley, sean improcesables e
imposibles de cumplimiento, por parte de los ciudadanos y las ciudadanas del
país.
Para nosotros nos
parece una miopía que la discusión, especialmente la visión que ha tenido el
gobierno y el PRI sobre este particular, verse solamente sobre el tema
energético.
Y en esa intención de
restringir y de obstaculizar, lo que han imposibilitado es que, un derecho
ciudadano ya establecido en el artículo 35 de la Constitución, que posibilita,
que está vinculado a garantizar que la participación democrática, que la
democracia participativa, sea contundente, sea sólida, sea viable, pues esta
limitación, implícitamente termina afectando un importante derecho al cual
alcanzamos durante la Reforma Política del 2011.
De tal manera que lo
que queda en este planteamiento, con toda claridad, en la intención de que el
PRI lo vote en estos términos, es pues hacer un laberinto con demasiados
requisitos, con demasiados problemas para la aplicación de dicha consulta, y es
un verdadero vericueto que terminará empantanando la posibilidad de llevar a
cabo, consultas populares.
Hay una serie de
requisitos, desde el aviso de intención, la cantidad de firmas que se requiere,
y después la participación de la cámara de Diputados, en donde no se clarifica
el formato para las firmas, se deja un especie de toma de nota que pone,
digamos a los ciudadanos, en una franca aduana por parte del Poder Legislativo,
y que esto imposibilita la continuidad o la certeza en la continuidad del
trámite.
Posteriormente, la
participación del Instituto Nacional Electoral en la verificación de firmas; no
se tiene garantía de audiencia, lleva a cabo y desarrolla la Consulta Popular
pero con mucha falta de claridad en términos de cómo garantizarle que este
derecho sea cumplido.
Y por último la
participación de la Suprema Corte de Justicia, quien verifica la
constitucionalidad de la pregunta, pues todos estos procedimientos, toda esta
parte, se convierta –repito- en un laberinto, en la falta de elementos de buena
fe que permitan la reposición de firmas, en falta de instrumentos que
garanticen y que ayuden a que los ciudadanos y las ciudadanas lleven a cabo
este instrumento.
Por esta razón
nuestro voto será en contra. Si es que se subsanaran todas estas dificultades
que nos parece que procesalmente son indispensables, y si es que se garantizara
en el texto la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales, lo que
clarifica que se pueda llevar a cabo consultas populares en todos los temas,
incluido el que más nos preocupa y nos interesa que es el tema energético, pues
obviamente votaríamos a favor.
Pero como no vemos
intención de diálogo, intención de discusión, intención de avanzar en estos
sentidos, pues no podemos aprobar una consulta popular que está clara y
abiertamente en contra de un derecho constitucional, y clara y abiertamente en
contra de la posibilidad que preguntemos en uno de los principales asuntos del
país, que es el tema energético.
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