Punto de
Acuerdo que promueve el senador Armando Ríos Piter para la creación de Comisión
Especial que dé seguimiento a los recursos públicos destinados para la
reconstrucción, tras el paso de fenómenos hidrometeorológicos. Avance, hoy martes 11 de febrero aparece publicado en La Gaceta del Senado.
liga:
En esta proposición, es acompañado por los senadores Aarón Irizar López (PRI), José Yunes
Zorrilla (PRI), Sofío Ramírez Hernández (PRD), Luz María Beristáin Navarrete
(PRD) y Zoé Robledo Aburto (PRD).
SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2014
GACETA: 79
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXII LEGISLATURA
MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2014
GACETA: 79
|
PROPOSICIONES
|
||||
|
De los Senadores Armando Ríos
Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Luz
María Beristáin Navarrete y Zoé Robledo Aburto, la que contiene punto de
acuerdo que solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento
de los recursos públicos para la atención de los fenómenos
hidrometeorológicos de 2013.
De los senadores Armando Ríos
Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Zoe
Robledo Aburto y Luz María Beristain Navarrete, integrantes
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad
que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 del
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta
asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la
siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo para la
creación de la Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos
para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, al tenor de
las siguientes:
Consideraciones.
En septiembre de 2013 diferentes
entidades federativas registraron fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y
derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta
tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano
Pacífico, dejando más de un centenar de decesos, miles de damnificados y
pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, regiones ganaderas y
pesqueras. La población civil y el sector privado resintieron el castigo de la
naturaleza.
Desde hace 125 años no se presentaban
lluvias de esta magnitud[1], provocando al menos 157 muertos y un
millón 698 mil 240 damnificados. Se registraron 491 municipios con alguna
afectación, lo que representa la quinta parte del territorio nacional, de las
26 entidades dañadas, en 14 se concentra el 58% de los municipios afectados:
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
De estos 19 estados de la república
que sufrieron algún tipo de daño, los más afectados fueron Guerrero, Veracruz
Tamaulipas y Sinaloa, sin olvidar a Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. La
Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para 386 municipios
y declaratorias de desastres naturales en 364 municipios.
El desbordamiento de ríos y los
numerosos deslaves provocaron daños a 25 mil 868 viviendas, tres mil 560
escuelas, mil 71 unidades médicas, 138 carreteras federales, 330 estatales, mil
223 vías de segundo orden y 347 puentes. En el campo también se resintieron los
efectos de la naturaleza, 569 mil 134 hectáreas de cultivo quedaron inundadas,
principalmente de sorgo y maíz, mientras que en el sector ganadero se perdieron
122 mil cabezas y 33 mil 190 colmenas.
En el caso de Guerrero 13,516
viviendas se reportaron dañadas, se colapsaron 152,813 hectáreas, de las cuales
103,000 son de maíz y están cubiertas por una aseguradora, la mitad (52,500)
son de diversos cultivos como café, mango, limón, etcétera. 49 de los 81
municipios resultaron con daños. En Tamaulipas 27 de los 43 municipios
resultaron con daños a infraestructura social. En el estado de Michoacán 20 de
los 103 municipios resultaron con daños, Veracruz 167 de los 213 municipios
fueron censados con perjuicios, finalmente Oaxaca 49 de los 570 municipios
respectivamente con daños. En su conjunto el número de pérdidas humanas rondo
en 153 fallecidos. Una de las características de esta tragedia es que el 71% de
los municipios con declaratorias de desastre en los últimos meses tienen
índices de marginación entre alto y muy alto.
El Fondo Nacional de Desastres
Naturales destinó 22 mil millones de pesos para atender la
contingencia y comenzar las labores de reconstrucción. Se estima que los daños
económicos de las tormentas tropical “Manuel “y el huracán “Ingrid”
ascienden a 15 mil millones de pesos, lo que coloca como el segundo desastre
hidrológico más caro para el país, solo por detrás de “Wilma” en 2005.
Ante la catástrofe natural, el Senado
de la República se dio a la tarea de responder a la emergencia nacional y a las
demandas de los gobernadores de las entidades afectadas; de este modo, el 26 de
septiembre de 2013 los Senadores Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes
Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín Robles Montoya, René Juárez
Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédecis, un
proyecto de decreto donde se proponía crear el “Fondo Extraordinario de
Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca”,
proponía la creación de un Fondo Extraordinario para la Reconstrucción de los
estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, con la asignación de 50 mil
millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014,
administrados por un Consejo de Reconstrucción, presidido por la Secretaría de
Gobernación y los gobernadores de los estados afectados a fin de destinar
recursos para:
a) Servicios Públicos: Reconstrucción
de infraestructura para garantizar la prestación de servicios públicos de agua
potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, suministro de
carburantes, infraestructura turística y transporte.
b) Gobierno: Garantizar la
reinstalación de servicios y funciones de la administración pública.
c) Seguridad pública: Garantizar la
seguridad e integridad de la población afectada durante el proceso de
reconstrucción, con énfasis en la protección de su patrimonio familiar.
d) Inversión pública: Gestionar y
canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector privado para la
reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad
federativa, y
e) Empleo: Un programa focalizado de
generación de empleo temporal.
Por la gravedad de los hechos, el 3
de octubre de 2013 los senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, José
Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez
Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel
Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda Gochi se presentó un punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a
través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias
financieras emergentes para los productores de los estados afectados. La
proposición con punto de acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución y
remito al Ejecutivo Federal.
En el marco de la discusión de la
reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de
2013, el Congreso de la Unión incorporó un transitorio en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2014, que establece recursos presupuestarios para la
reconstrucción de la infraestructura pública afectada en las entidades
federativas por los recientes fenómenos hidrometereológicos del huracán
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. El Transitorio Sexto de la “Ley de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014”, quedo
en los siguientes términos:
“SEXTO. Para atender y mitigar los
daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Guerrero,
se aprueban $7,000,000,000.00, para la creación de una reserva especial en el
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de procurar
la oportuna asignación y aplicación de recursos prioritarios para financiar la
reconstrucción de la infraestructura federal y estatal en el territorio de
dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por
el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN y la normativa específica que para tal
efecto emita la Secretaría.
Asimismo, durante el ejercicio fiscal
2014, el Ejecutivo Federal, a través de la banca de desarrollo y con el objeto
de fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero y sur del
país, elaborará estudios de preinversión y, en su caso, realizará proyectos
ejecutivos, entre los cuales deben considerarse los siguientes:
1. El desarrollo logístico e
industrial del Puerto Balsas (Costa Grande, Guerrero) - Puerto Lázaro Cárdenas
(Michoacán).
2. La autopista Intercostera que
conecte Michoacán en la Autopista Siglo XXI (Zihuatanejo - Acapulco - Salina
Cruz), hasta Puerto Chiapas.
3. La autopista Puebla - Tlapa-
Marquelia (Montaña, Costa Chica, Guerrero).
4. Mejorar accesos y libramientos de
la Autopista del Sol desde la Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos,
Chilpancingo y Acapulco.
5. Construcción de un proyecto
hidroeléctrico en el Río Papagayo.
6. Modernizar la infraestructura del
puerto de Acapulco.
7. "Modernización de los
distritos de riego de la región de Tierra caliente y la zona norte (Guerrero).
8. Corredor logístico Salina Cruz -
Coatzacoalcos.
9. Camino Filo Mayor en la Sierra de
Guerrero”.
A nivel estatal también se realizarán
diferentes esfuerzos presupuestarios para enfrentar el desafío de la
reconstrucción por estos meteoros, sin embargo, en México los daños que han
causado las lluvias, sequías y huracanes de 2000 a 2012 han ido en aumento en
México y acumulan pérdidas económicas por 284,351 millones de pesos,
equivalentes a más del presupuesto anual conjunto de las secretarías de Salud,
Desarrollo Social y Seguridad Pública.
Entre las causas que explican este
incremento en el costo y frecuencia de los desastres, se encuentran los efectos
del cambio climático y fenómenos sociales como la pobreza.
Sin embargo, el incremento de la
precipitación por el calentamiento global no es suficiente para explicar la
magnitud de los desastres, como los causados recientemente a estados como
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, a raíz de las tormentas Ingrid y Manuel de
septiembre pasado. “Los desastres no son naturales, como se dice, sino que son
socialmente construidos por familias que por precariedad económica se asientan
en zonas irregulares o desarrollos que se autorizan sin un diagnóstico previo”,
lo anterior de acuerdo con el Dr. Norlang García Arróliga, subdirector de
estudios económicos y sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred).
Es importante mencionar que existe
una correlación entre desastres naturales y pobreza, los estados del sureste
como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, son los que presentan mayor
número de declaratorias en los últimos años, estados donde el índice de
marginación es de los más altos a nivel nacional. De acuerdo al Índice de
Vulnerabilidad frente a inundaciones, desarrollado con el aval del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se calcula que el 25% de la
población, equivalente a 28 millones de mexicanos, vive en áreas susceptibles a
inundación. De ahí que la vulnerabilidad de la población se incremente como consecuencia
de sus bajos ingresos, malas condiciones de su vivienda y precarios accesos a
servicios de comunicación. La principal característica de este desastre natural
es que el 71% de los municipios con declaratoria de desastre durante 2013
tienen índices de marginación entre alto y muy alto.
El récord histórico por pérdidas
económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el
huracán Karl, en Veracruz y Alex, en Nuevo León,
Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 millones de pesos. Dichas
pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año
(62,335 millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la
Federación en 2010, así como las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 1985.
Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y huracanes se dispararon a
partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron
45,096 millones de pesos en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán,
Chiapas y Veracruz. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas por Ingrid y Manuel podrían
ascender a 75,000 millones de pesos, cifra que de ser confirmada por
autoridades gubernamentales, representaría el segundo año con mayores pérdidas
económicas de la última década.
El aumento en los montos de pérdidas
económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y
atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos
como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales (Fopreden).
Sin embargo, las cuentas de cómo se
han invertido estos recursos no han sido claras, de acuerdo a Daniel Rodríguez,
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de
la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de
Desastres. La política de prevención de desastre hay una serie de
contradicciones entre el marco normativo, donde se dice que debe haber una
planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, porque
acaba siendo una especie de oportunidad para negocios y para lucrar.
Un documento elaborado por la
Secretaría de la Función Pública (SFP), titulado Control y seguimiento
del Fonden[2], señala que las irregularidades más
frecuentes se detectaron en las auditorías a obras ejecutadas con recursos del
Fondo de Desastres Naturales:
El documento también menciona la
existencia de “pagos improcedentes” que utilizan recursos del Fonden para otro
tipo de programas, la realización de obra pública en municipios no considerados
dentro de la Declaratoria de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de
Gobernación. Aunque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
confirmó que se creó un Comité de Transparencia integrado por funcionarios
junto con la sociedad civil para supervisar lo que se destina a la
reconstrucción y mejoramiento tras los desastres, quienes suscribimos el
presente punto de acuerdo, consideramos también relevante la participación del
Poder Legislativo en la fiscalización y ejercicio de todos los recursos
relacionados con la reconstrucción.
Quienes suscribimos el presente Punto
de Acuerdo consideramos que el Congreso de la Unión, específicamente la
representación de la federación, está en la obligación de velar por el correcto
ejercicio de los recursos públicos en todas las entidades, municipios y
comunidades afectadas por las tormentas de Manuel e Ingrid, incluso de ser un
órgano de vigilancia y supervisión de las obras comprometidas.
Estamos convencidos de la creación de
una Comisión Especial para el Seguimiento de los Recursos Públicos para la
Atención de los Fenómenos Hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en el
artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, las facultades de
fiscalización del Congreso de la Unión, la Ley de Contabilidad Gubernamental y
las leyes reglamentarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, a
fin de realizar las siguientes funciones:
También consideramos importante que
esta Comisión Especial, desde las facultades del Senado de la República
implemente mecanismos de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder
Ejecutivo, los Ejecutivos Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio
de recursos públicos, dentro de los plazos fijados y con prioridad en los
municipios con mayor marginación y pobreza. Estamos convenidos de la necesidad
de convocar en el ejercicio de sus funciones a las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil de las entidades para fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto
a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
PRIMERO. Se constituye la Comisión Especial para el
seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos
hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
119 del Reglamento del Senado de la República.
SEGUNDO. La Comisión Especial para el seguimiento de los
recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013
tiene por objeto:
I. La elaboración de un diagnostico
integral de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013
en las entidades federativas;
II. El seguimiento del ejercicio de
los recursos federales destinados para la reconstrucción de la infraestructura
social y económica en las entidades federativas afectadas;
III. La implementación de mecanismos
de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, los Ejecutivos
Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio de recursos públicos.
IV. La coordinación con las
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, y
V. Las demás que establezca la Junta
de Coordinación Política.
TERCERO.- La Comisión Especial para el seguimiento de
los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de
2013 contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
su funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de
Senadores.
CUARTO. La Comisión Especial para el seguimiento de los
recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de
2013, se constituirá hasta por 15 miembros, reflejando la pluralidad del Senado
y permanecerá en funciones durante el tiempo necesario para cumplir su objeto o
hasta la conclusión de la LXII Legislatura.
Suscriben
Luz
María Beristain Navarrete
Zoe
Robledo Aburto
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República
a los 11 días del mes de febrero del año 2014. |
0 Comentarios