Desde el inicio de la presente
legislatura, hemos venido argumentando, tanto desde esta tribuna como en las
comisiones de Hacienda y las distintas en las que nos toca participar, la
importancia de configurar un Sistema Nacional de Fiscalización, que garantice
el seguimiento del gasto público, y que de manera especial combata lo que se ha
convertido en el principal cáncer de nuestra sociedad.
El escándalo de Oceanografía tan solo
mostrado hace algunas semanas, demuestra que la corrupción es el principal
flagelo de la vida pública; es algo que le pega a las ciudadanas y a los
ciudadanos y que si no logramos nosotros construir un andamiaje institucional que logre cambiar la forma en la que opere el
gasto público, pues difícilmente vamos a evitar este tipo de escándalos que
terminan dañando la imagen de quienes se dedican al actuar público, en todos
los rincones del país, en todos los partidos políticos, porque
desafortunadamente nuestro sistema está funcionando mal.
Y solamente a través de un Sistema
Nacional de Fiscalización será posible generar un nuevo andamiaje que logre
transformar de raíz y de fondo, la manera en la cual el gasto público se está
llevando a cabo, no solamente en la forma en la que se planea y se programa,
sino la forma en la que se ejecuta y la forma en la que se le da seguimiento
por parte de la sociedad.
Es escandaloso ver notas que aparecen
en el periódico, como por ejemplo, que el 96 por ciento de las denuncias que ha
hecho la Auditoría Superior de la Federación, han quedado sin rumbo, o no han
tenido una conclusión.
De tal manera que tenemos un avance en
la conformación de esta auditoría, como parte del Poder Legislativo, sin
embargo no le estamos dando suficiente capacidad para poder darle a los
ciudadanos y a las ciudadanas, certidumbre de que el presupuesto, que cada peso
y cada centavo, se está utilizando bien en beneficio de la gente, y que no se
está quedando en el bolsillo de algún funcionario, en el bolsillo de algún
legislador, ya sea por moches, ya sea por tráfico de influencias, ya sea por
los múltiples temas que desafortunadamente hoy son parte de la vida pública y
que afectan a nuestro país.
Y que de manera particular afectan
obviamente a quienes de aquí, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados,
debemos de representar los intereses de la gente, y que si no logramos hacer un
cambio en las instituciones, pues difícilmente la confianza y la credibilidad que
debe de predominar en esta asamblea, va a poder ratificarse.
Revisando por ejemplo el informe de la
cuenta pública del 2012, sobresalen algunas observaciones en distintos ámbitos,
ya sea seguridad pública, ya sea salud, ya sea deuda de los estados, ya sea
gasto por parte de la Secretaría de Hacienda como gobierno federal, o por parte
de los gobiernos de los estados.
En materia de Salud, el seguro popular
objetó irregularidades por el 23 por ciento de su presupuesto, por medio de
operaciones financieras no registradas; es decir, el Seguro Popular, uno de
cada cuatro pesos que se gastaron tiene irregularidades según la Auditoría
Superior de la Federación.
En materia de deuda subnacional, el
informe indica que las obligaciones financieras de estados que superan el
porcentaje preocupantemente de los recursos federales obtenidos, son Coahuila,
que ya se ha vuelto famoso con casi 300 por ciento; Quintana Roo con 235 por
ciento, o Nuevo León con el 208 por ciento, situación preocupante para las
finanzas públicas de esos estados, pero para las finanzas públicas nacionales.
En materia de seguridad pública, la
opacidad afectó en algunos casos hasta el 39 por ciento de los fondos
destinados para tal efecto en situaciones como transferencias indebidas,
adquisiciones suntuarias e incumplimiento de responsabilidades a nivel federal
y estatal.
Cuatro de cada diez pesos que se están
gastando hoy en Seguridad Pública, según la Auditoría Superior de la
Federación, enfrentan este tipo de problemas, y entonces compañeros y compañeras,
cuando queremos hacer una discusión de un tema, por ejemplo como puede ser el
mando único, que es un tema indispensable para garantizar una evolución de la
forma en la que estamos atendiendo casos de inseguridad como el que tiene
Michoacán, como el que tiene Morelos, o como el que puede tener el Estado de
Guerrero, que es de donde yo vengo, pues se enfrentan con presidentes
municipales, muchas veces que sabiendo de las distorsiones que son posibles a
realizarse en materia de gasto de seguridad, prefieren ir en contra de avanzar
en una lógica de trabajo compartido para poder seguir aprovechando estas áreas
de opacidad.
Y si así siguiéramos compañeros y
compañeras, pues tenemos un número inagotable de ejemplos que año tras año, que
la Auditoría Superior de la Federación, saca sus números, hace su revisión, nos
vamos dando cuenta de cómo el gasto público tiene innumerables deficiencias. Es
por eso compañeros y compañeras, que someto a ustedes, la revisión de esta
iniciativa.
Consideramos que es indispensable
conformar un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio
Público, y esto no solamente es una propuesta de un servidor, es el propio
planteamiento que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría
le ha pedido a los diputados que resuelvan para garantizar que las
investigaciones que ellos hagan, no se queden ahí, huecas, al vacío, sino que
haya una autoridad que permita aterrizar, revisar y castigar a aquellos que
están haciendo mal uso del gasto público.
Es por eso, que en adición a la
discusión que hemos dado en este Senado, en materia de transparencia con la
autonomía del IFAI, en materia de la Comisión de Combate a la Corrupción,
sometemos a ustedes la conformación de este tribunal, para garantizar que el
Sistema Nacional de Fiscalización, sea un objetivo claro y con rumbo de parte
de esta legislatura.
Si queremos evitar, compañeros y
compañeras, más escándalos como Oceanografía que terminan tocando todas las
fibras sensibles de muchos actores importantes de la vida pública nacional,
entonces tenemos que hacer que la evolución sea de fondo, que el cambio
institucional sea trascendente, y que le demos al país una lógica, un nuevo
marco institucional que permita el combate a la corrupción, y que permita, la
evaluación por parte de los ciudadanos y ciudadanas del gasto público.
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