Que no había tenido
la participación de los grupos parlamentarios, y que por ser motivo de
solamente una visión de un legislador, pues generó, no solamente que no se
pudiera debatir dicha ley, sino que hoy estemos emplazados a discutir la ley de
telecomunicaciones en un futuro periodo extraordinario.
Pero este contexto
integral que vivimos aquí en el Senado y en el propio contexto del Congreso de
la Unión, ha estado acompañado por importantes movilizaciones, de cientos, de
miles, de hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores en toda la república.
Hace tan solo algunos
días vimos como Paseo de la Reforma de manera inesperada, por la comunicación
que se hizo a través de las redes sociales, generó que miles de personas
salieran a marchar para defender su acceso a la información, para defender los
derechos que hoy el internet y la banda ancha, han posibilitado para miles,
para millones de hombres y mujeres en todo el territorio nacional.
Y lo traigo esto a
consideración compañeros y compañeras, porque no es cosa menor que en el debate
de la iniciativa que presentara el presidente Peña Nieto, pues tiene muchos
filos que van en contra del espíritu de la reforma constitucional y que van en
contra del derecho a la información que ya está consolidado en el artículo
Sexto y en el artículo Séptimo constitucional, que va en contra del espíritu de
esa reforma, que este Congreso de la Unión hizo suya y que logró por unanimidad
de votos, sacar adelante.
Estamos hablando de
que en esa iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, se mantiene el
bloqueo de señal en zonas determinadas, la censura previa de contenidos, el
almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial, la obligación de
los concesionarios de proporcionar la localización geográfica en tiempo real,
de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, a solicitud de los titulares
de las instancias de seguridad, la obligación de permitir intervención por
parte del gobierno de las comunicaciones privadas, así como la obligación de
los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las
comunicaciones efectuadas durante dos años.
También, la intención
de esta iniciativa, de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales
de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos, para lo que ellos
consideran seguridad pública, así como la solicitud de las autoridades
competentes.
Este corolario de
temas, compañeros y compañeras, es un debate que está en las calles el día de
hoy, es un debate que mantienen los ciudadanos y las ciudadanas de este país en
las redes sociales.
Porque es una
iniciativa la que presentó Peña Nieto, que va en contra de lo que se ha
alcanzado en materia de derechos a la información, y esto debería ser
preocupación de todas y de todos los legisladores, no solamente los que estamos
hoy en la permanente, sino los que estamos a punto de discutir un dictamen que
leía yo, hoy declaraciones del presidente de la Comisión de Comunicaciones, de
Javier Lozano, quien insiste en querer ser la persona que vaya administrando a
cuenta gotas ese dictamen que se va a discutir.
Y va en una visión
bastante, bastante limitada, tratando de dar planteamientos sobre cómo mejorar
ese dictamen que a todas luces ha sido rechazado por la sociedad, que a todas
luces mantiene esa visión de inhibir, de limitar, de bloquear el acceso a la
información que tan preciada es por la gente, y que reitero, ha sido motivo de
movilización de muchas personas que están pendientes y que están preocupadas
por esta iniciativa.
Y lo que queda claro
de las declaraciones del presidente de la Comisión de Comunicaciones, es que se
carece de una visión integral, que no hay interés de garantizar que el acceso a
la información sea verdaderamente un derecho que en esta ley reglamentaria esté
claramente consolidado.
Y precisamente por
eso compañeros y compañeras, yo ofrezco a ustedes para su lectura, para su
revisión, para su análisis y para que conceptos que están en esta iniciativa,
sean incorporados al debate, una visión integral de lo que tenemos que tener en
un país de 115 millones de personas, con las graves carencias que tenemos de
acceso a información en nuestro país, pues una visión integral de un modelo que
garantice que no haya un solo joven, que no haya un solo adulto mayor, que no
haya un solo niño, que no tenga en el internet y en la banda ancha, un
verdadero instrumento democrático de acceso a lo que es la información como un
elemento de justicia social.
Y por eso compañeros
esta iniciativa que estamos presentando, que busca regular los artículos Sexto
y Séptimo constitucionales, establece la inviolabilidad de la libertad de
difundir opiniones, información e ideas a través de las tecnologías de la
información y comunicación.
Establecemos la protección
de los datos personales conforme lo dispuesto por la ley en materia de
Transparencia y Acceso a la Información.
Únicamente en el
planteamiento que estamos haciendo, podrán llevarse a cabo acciones que
bloqueen o impidan el acceso a cualquier sitio o portal de internet, mediante
orden o resolución judicial debidamente fundada y motivada.
Estamos planteando
como un principio indispensable la libertad para el usuario de accesar a
cualquier contenido que esté disponible en el internet, sea cual fuera la
naturaleza de éste -Y lo quiero subrayar porque es uno de los principios de una
sociedad moderna- tener capacidad de decidir y libertad plena de qué es lo que
se puede conocer a través del internet.
La protección al
usuario en cuanto a datos personales, no podrán ser divulgados ni revelados a
terceras personas conforme a la ley en materia de protección de datos
personales.
La obligación de los
prestadores de servicios de internet a garantizar la confidencialidad de los
datos que les sean proporcionados por el usuario, para que no sean divulgados a
terceras personas.
Las comunicaciones o
archivos, serán totalmente confidenciales para la protección del usuario, en su
defecto las autoridades serán las únicas con la facultad de solicitar la
información necesitada, antes debidamente fundamentada.
Por último, el acceso
libre al servicio público de conexión a internet, será mediante el
aprovechamiento de los recursos, inmuebles e instalaciones de las dependencias
y entidades del Estado Mexicano.
Les comparto esta
iniciativa, compañeros y compañeras, porque este debate que hoy estamos
llevando a cabo en el Congreso de La Unión, y que será motivo de un periodo
extraordinario, no es exclusivo de México.
Brasil recientemente
acaba de aprobar una iniciativa, un dictamen que va en favor del acceso a la
información. Si México quiere ser un país donde la democracia, donde la
justicia social, donde la distribución del ingreso, sean plenos y sean reales
para todas y todos sus ciudadanos, entonces tenemos que encontrar, que lo que
aprobamos en la discusión constitucional se vuelva una realidad en las leyes
reglamentarias.
No estaremos de acuerdo
en el Partido de la Revolución Democrática de hacerle el juego al gobierno y
hacerle el juego al presidente de la Comisión de Comunicaciones, pero sobre
todo, impulsaremos esto como un derecho ciudadano, porque compañeros y
compañeras, hay cientos, hay miles, hay millones de usuarios de internet que
hoy lo que reclaman de nosotros, es verdadero acceso a la banda ancha, es
acceso a la información, y es capacidad de encontrar en este elemento de
tecnología un instrumento de democracia, como el que requiere el país moderno
que estamos destinados a ser.
Revisémoslo
y discutámoslo y no le hagamos el juego a los intereses económicos que dijimos
en la reforma constitucional que estábamos definidos a confrontar y que ahora
en la propuesta de dictamen y en la iniciativa del titular del ejecutivo,
contrae el espíritu de lo que aquí votamos.
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