Enrique Vargas Orozco
SE NEGOCIARÁ POR LA
VÍA POLÍTICA LA LIBERACIÓN DE NESTORA, SUÁSTEGUI Y OTROS
Al reafirmar que su
gobierno no persigue a ningún luchador social, el gobernador Ángel Aguirre
Rivero aceptó “negociar por la vía política” la liberación de cuatro dirigentes
que fueron encarcelados por diversos delitos, como en los casos de Nestora
Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos Herrera y Marco Antonio Suástegui y
otros más, que están recluidos en diferentes penales federales de alta
seguridad, convino con diputados federales a los que recibió el martes.
Los legisladores
fueron encabezados por el diputado perredista Roberto López Suárez, quien
planteó que buscan que salgan de la cárcel lo más pronto posible, lo que puede
lograrse si el proceso no tarda más de unas cuantas semanas.
Por su parte, el
gobernador Aguirre Rivero explicó que como muestra de su compromiso con las
causas justas, su gobierno trabaja con organizaciones sociales y de defensa de
los derechos humanos una Ley der Amnistía para presos políticos.
No se habla de una
liberación inmediata, pero se planteó que el gobernador muestra voluntad para
revisar los casos señalados y otros a fin de explorar opciones “que permitan
que el proceso legal al que están sujetos por diversos delitos sea justo”.
En el caso de Nestora,
el diputado López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la
cámara de diputados federal, dijo que fue a visitarla en el centro
penitenciario de Nayarit y que sus condiciones son difíciles, por lo que
pedirán en una primera opción que se le traslade al penal federal del DF, como
parte de las medidas cautelares.
Acompañaron al
gobernador el procurador Iñaky Blanco Cabrera, el presidente de la Coddehum,
Ramón Navarrete Magdaleno, y el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva.
Se trata sin duda de
una determinación importante que muestra la decisión del gobernador Aguirre de
actuar con justicia en el caso de esos luchadores sociales que cayeron en
excesos con las acciones que desarrollaban, originalmente válidas, pero que
llevaron hasta situaciones que quedaron clasificadas como delitos, como
secuestros, agresión a policías municipales en Tixtla y los abusos cometidos
con los grupos de policías comunitarios contra la sociedad y personas en lo
particular.
En el caso de Marco
Antonio Suástegui también abusó de la fuerza de los grupos que manejaba, provocando
una serie de agresiones y robos, que pretendía quedaran en la impunidad, hasta
que se decidió aplicarles la ley.
Sin embargo, se
reconoce que no son delincuentes comunes, sino que enarbolando una causa social
en busca de seguridad para sus comunidades o de defensa de sus tierras, se
excedieron frecuentemente, y con conocimiento de causa o sin ella traspasaron
los límites de la legalidad, por lo que están sujetos a un juicio penal, en el
que se aportan pruebas a favor y en contra de cada caso.
El gobernador Aguirre
Rivero demuestra ahora que no hay una consigna o una determinación de perseguir
a luchadores sociales como ocurrió en otras épocas, en las que fueron perseguidos,
asesinados, encarcelados o desaparecidos.
Nada de eso ha
ocurrido ahora, sino que todos fueron aprehendidos por orden de un juez, se les
recluyó en penales donde no sufrieron daños y ahora, ante la demanda social y
de los legisladores federales que acudieron a buscarlo, hay el acuerdo de
explorar las vías legales y políticas que permitan que la mayoría de los
encausados puedan salir en libertad antes de recibir una condena que podría ser
mucho mayor.
Hay ahora, la buena
disposición del gobernante para facilitar y apoyar la liberación, porque
demuestra que no busca ejercer represión, pero si cuidar el respeto a la
sociedad y mantener los necesarios niveles de gobernabilidad.
Los diputados gestores
son integrantes del PRD y el gobernador AAR también lo es, de modo que eso
debió facilitar la solución más positiva.
También habrá que
exigir a quienes están bajo proceso penal y que pueden ser liberados con una
ley de amnistía o por otro procedimiento político-legal, que si dejan la
prisión deben respetar la ley y el derecho de los demás ciudadanos, en caso de
que pretendieran seguir con su “lucha social”, no caer de nuevo en los abusos y
los excesos que los llevaron a prisión, porque si vuelven a cometer delitos por
ese camino, debe aplicárseles la ley con toda severidad, sin posibilidades de
que nuevamente se les beneficie con la amnistía, ya que serían delincuentes
reincidentes y esa es una situación mucho más delicada.
AGUIRRE Y CHUAYFFET
FACILITARÁN EL TRÁMITE A LA UNIVERSIDAD, PRO CON CAMBIOS IMPORTANTES.
El gobernador Ángel
Aguirre y el secretario de Educación, Emilio Chuayffet acordaron darles
facilidades a la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y
Artes para que avances en la integración de esa escuela, pero tendrán que
cambiar su denominación a Universidad Intercultural, además de trabajar y
mejorar el plan de estudios y las carreras que se impulsarán a fin de que tenga
viabilidad jurídica y presupuestal.
El mandatario estatal
fue quien buscó la entrevista con el titular de la SEP quien escuchó a los
promotores de ese proyecto y les propuso varias opciones, pero finalmente quedó
la de denominarla como Universidad Intercultural.
Después de que el
gobernador Aguirre los recibió aquí se desarrollaron mesas de trabajo y más
adelante se pidió la entrevista con Chuayffet, quien ofreció darles las
facilidades para que se constituya esa opción educativa, aunque deben hacer los
cambios y los ajustes necesarios, para que alcance validez oficial más delante
y deje de ser una universidad “patito”.
De esta manera,
Guerrero podrá contar con una nueva institución de educación superior, pero con
la garantía de que tendrá el personal, la estructura y los planes de estudios
que den validez a los estudios que ahí se hagan.
evargasoro@hotmail.com
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