Alfredo Nava Pérez
Las declaraciones estridentes del
perredista, David Jiménez Rumbo, dirigente del Grupo Guerrero, una de las
fracciones más grandes del PRD en la entidad, han colocado nuevamente el tema
de la despenalización del aborto en los medios de comunicación locales,
provocando un debate bastante ríspido entre miembros de ese partido político.
“El PRD no lucha por homosexuales, lesbianas ni abortistas”, aseveró Jiménez
Rumbo, y sobre las activistas dijo que
“están mal de la cabeza, nadie las quiere, nadie las pela, no tienen ni
marido, nunca van a parir ni a abortar porque ni marido tienen”. Sin duda son
afirmaciones muy desafortunadas, sobre todo al provenir de la izquierda, altisonantes
por su contenido, políticamente incorrectas por lo que denotan: intolerancia,
homofobia, discriminación y desprecio a quienes piensan diferente. Pero más
allá del discurso retrogrado de algunos perredistas, lo verdaderamente
importante es la iniciativa de ley que mandó el gobernador del estado, Ángel
Aguirre Rivero, al congreso local, que propone la no criminalización de las
mujeres que por alguna razón deciden interrumpir su embarazo. El tema ya es polémico en sí mismo, por la
carga dogmática que conlleva para los hombre y mujeres de fe, y si además le
sumamos la forma tan abrupta en que el ejecutivo estatal lanzó la iniciativa,
sin previo consenso social y sin acuerdo con los diputados locales del PRD, que
en última instancia avalarían el dictamen, tenemos como resultado un cóctel
molotov, con posibilidad de estallar en cualquier momento, condenando la
propuesta a ser otra de las nacidas para perder.
En esta añeja pugna entre dos instituciones:
Iglesia y Estado, entre dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se han cometido siempre
los mismos errores, los gobiernos no difunden la información suficiente en
relación al tema de la interrupción del embarazo y cómo se convierte en un problema
de salud pública al no contar con una regulación que facilite el control de
dicho procedimiento, garantizando la libertad
en la toma de decisiones por parte de las mujeres; los gobiernos no buscan
alcanzar un consenso con los sectores de la sociedad que si bien no abanderan
esta causa, tampoco la rechazan del todo, porque están conscientes de la
problemática que se desprende a partir de la práctica de abortos clandestinos; incluso
algunos fieles católicos (es una especulación), más flexibles en sus creencias,
podrían apoyar la despenalización del aborto por cuestiones de salud pública.
Pero para eso, se necesita mucho trabajo político y, por consecuencia, recursos
económicos, para llevar a cabo una buena campaña de información y
sensibilización de la sociedad en general, para que se pueda entender la
dimensión del problema, logrando los acuerdos que legitimen una decisión de tal
envergadura.
Por otro lado, la postura de la
cúpula eclesiástica en relación al tema ha sido históricamente muy clara e
inflexible, por decir lo menos; siempre han estado ahí, dando la batalla
congruente a sus convicciones, intentando frenar la despenalización del aborto,
con el argumento del derecho a la vida desde la concepción; defendiendo sus
verdades, sus dogmas, a pesar de que la dura realidad guerrerense, llena de
pobreza, marginación, discriminación y violencia hacia las mujeres, les esté
gritando, que quizás en esta ocasión y bajo las circunstancias de nuestra
entidad, están equivocando el camino.
Son dos instituciones, dos cúpulas
aferradas a sus verdades, contrapuestas a una realidad apabullante que lacera
todos los días a la población de guerrero: los abortos clandestinos practicados
en condiciones de alto riesgo, que en muchas ocasiones ponen en peligro la vida
de las mujeres que se someten a ese procedimiento quirúrgico. Son muy diversas
las razones por las que una mujer decide interrumpir su embarazo y no se vale
que tanto el gobierno como la iglesia las banalice e ignore. El problema de
salud pública es grave, un poco de sensatez y apertura de estos dos poderes no
le vendría mal al Estado de Guerrero. Ojalá que la iniciativa de ley prospere
en el congreso local y que las mujeres guerrerenses no queden sólo en las manos
de Dios.
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