Seguridad, estrategia
fallida
“Tenemos un pacto con el gobierno federal”, aseguraba uno
de los líderes de los caballeros templarios, al extorsionar a los presidentes
municipales de la tierra caliente michoacana.
Con la llegada del PRI a la
presidencia de la república, se anunció con
bombo y platillo un cambio radical, un viraje de 180 grados en la estrategia de
seguridad. Se presentó al entonces mesías en esa materia, Manuel Mondragón y
Kalb, como comisionado de seguridad nacional, quien hablaba de la necesidad de
una enorme depuración de los cuerpos policiacos, de la formación de un grupo de
elite llamado “Gendarmería nacional” y de la división del territorio mexicano
en 5 grandes cuadrantes, que facilitarían la implementación de operativos de la
policía federal, Ejército y Marina, para resguardar la integridad de los
mexicanos y bajar los índices de criminalidad en el país.
Durante los primeros meses
de la gestión Peñanietista, el gobierno federal hizo hasta lo imposible por
desmarcarse de la estrategia del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa,
la “Guerra contra el narco”, bastante
impopular debido al número de muertos (más de 60 mil) y al incremento de la
violencia que generó en su sexenio. Los
priistas plantearon un trabajo en tres
frentes: reconstrucción del tejido social, reactivación de la economía y desarticulación
de grupos delincuenciales dedicados al secuestro, extorsión, tráfico de drogas,
etc. A nivel discursivo, la “nueva
estrategia” sonaba muy bien, pero como
todo plan que no da resultados perceptibles, se fue desgastando con celeridad. Poco tiempo después de haberla anunciado, ya
la sociedad desconfiaba de su eficacia, sospechaba que el gobierno federal
manoseaba las cifras para simular una
baja en los índices de inseguridad; escepticismo basado en el violento panorama
reflejado en los medios de comunicación:
homicidios multitudinarios, descabezamientos, balaceras, narcomantas,
emboscadas, ataques a destacamentos militar-policiacos, luchas cruentas entre
carteles por el dominio del territorio, pueblos completos sometidos por el
narco y el surgimiento de grupos de autodefensa ante la impavidez de quienes
nos gobiernan.
Fueron 13 largos meses de
presenciar esas imágenes que cotidianamente publicaban y/o transmitían los
medios, dando cuenta de la lucha de civiles organizados contra narcotraficantes
en Michoacán, defendiendo a sus familias, su patrimonio, sus tierras;
totalmente desamparados por las autoridades, abandonados a su suerte. Pese a lo
adverso de la situación, las autodefensas encabezadas por Hipólito Mora y el
doctor José Manuel Mireles, autofinanciando su movimiento, lograron rescatar 80
municipios de la entidad, que bajo el yugo de los caballeros templarios habían
sido testigos de la brutalidad criminal. Fue hasta ese momento que el gobierno
federal tomó la decisión, en condiciones mucho más favorables, de intervenir en
el conflicto. Pero desde la primera declaración que dieron, se notó su
distanciamiento de la realidad. Primero, como por inspiración divina,
intentaron el desarme de los grupos de autodefensa, sin previa negociación.
Luego, frente a la resistencia, promovieron la regularización y conformación de
la policía rural. Finalmente, terminaron por criminalizar a todo aquel que
pensara diferente, que exigiera al gobierno el desmantelamiento de los caballeros templarios antes de dejar
las armas. Hipólito Mora fue el primer líder detenido sin tener pruebas
suficientes de su participación en algún delito. Dos meses después lo
liberaron. La semana pasada le tocó al doctor Mireles ser víctima del abuso de
poder de nuestras autoridades. Su delito, disentir con la estrategia de la autoridad
federal y promover la conformación de grupos de autodefensa tanto en Michoacán
como en otras partes del país. Al momento de su detención le siembran armas y
drogas, lo golpean, lo encapuchan, lo dejan incomunicado por más de 24 horas,
violando sus garantías individuales, muy
al estilo del PRI de los años setentas.
Lo más absurdo de todo lo
que está sucediendo, es la pérdida de brújula del gobierno federal. Lo que
inició como combate frontal a la delincuencia organizada, se desvió en contra
de la sociedad civil. El problema de México y Michoacán no son las
autodefensas, ni sus líderes; son los carteles de la droga, los grupos
delictivos que operan en esa parte del país. Las señales que están enviando
nuestras autoridades son un verdadero galimatías. Por una parte, se presentan
fotografías de funcionarios del PRI pactando con la maña; y por el otro, vemos
como toda la fuerza del Estado se está usando en sentido contrario,
amedrentando y reprimiendo civiles, en lugar de narcotraficantes.
Michoacán sigue siendo una
tierra caliente, con o sin Mireles. Estos atropellos y la información negativa que se ha difundido en
torno al ex secretario de gobierno, Jesús Reyna, al hijo del ex gobernador Fausto Vallejo, y a varios presidentes
municipales que tenían nexos con los caballeros templarios, dejan de manifiesto
que las complicidades, corrupción e
incapacidad de los gobiernos locales y federal, han cambiado el rumbo de la supuesta
estrategia de seguridad nacional, impidiendo la pacificación y el
restablecimiento del estado de derecho. ¿Será que el PRI de verdad tiene un
pacto con los narcos? ¿O sólo es sospechosismo político?
P.D. El número de homicidios
sigue prácticamente igual que en el sexenio pasado; los secuestros y
extorsiones se han elevado a niveles preocupantes del 2012 a la fecha; el
Ejército y la Marina siguen estando en las calles haciendo funciones de
policía. Más allá del discurso, no se perciben las diferencias entre la “nueva”
y la ya conocida estrategia de seguridad que tanto criticó el actual gobierno.
#Liberen al doctor Mireles, #todos
somos autodefensas.
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