Efrén García Villalvazo
En
un ambiente dominado por campañas en contra del hambre generalizada en nuestro
país por la ya muy evidente pérdida desde hace años de nuestra seguridad
alimentaria, con un soberanía alimentaria puesta en riesgo por un irresponsable
favorecimiento de negocios de importación de alimento contra la producción
modestamente alcanzada por el campo mexicano, pero que tiene como gran virtud
la generación de autoempleo en la zona rural y utilización de su producción
como autoconsumo, es que LA ACUICULTURA aparece en el escenario nacional y
ofrece una vía de solución.
El
gran movimiento hacia la producción por acuicultura se inició en México con la
introducción de una especie exótica: la tilapia. En los años 60 se
consideró que sería una gran solución sembrar de manera indiscriminada este pez
de elevada tasa de fecundidad y altamente competitivo en los cuerpos de agua de
nuestro país y la consecuencia con los años fue la pérdida de especies
pesqueras mexicanas que no aguantaron la presión que ejercía este animalito que
sobrevivía en todos los ambientes acuáticos a los que tenía oportunidad de
llegar. En la práctica es ya una avecindada obligada del país y conforma
una de las pesquerías más importantes de México, siendo considerada una especie
de precio económico que forma parte de la canasta básica del mexicano.
Entre
los años 70 y 80 se inició en los estados norteños de Sinaloa y Sonora la
adecuación y desarrollo tecnológico del cultivo del camarón blanco y azul, los
cuales crearon mucha expectativa debido al elevado valor económico que
representaba esta especie y a la clara posibilidad de que fuera exportado a los
Estados Unidos por empresarios que en ese momento tenían flotas camaroneras
operando en las costas del Pacífico norte y sur de nuestro país. El
proceso de crecimiento apoyado por ventas casi exclusivas al vecino país ayudó
a conformar una de las superficies de acuicultura más grandes del continente,
con el consiguiente beneficio económico de las regiones que se pudieron
involucrar en lo que en aquel entonces era un lucrativo negocio.
En
la carrera a largo plazo y a trote corto que representa el desarrollo y el
crecimiento en condiciones de sustentabilidad, dos versiones operativas se
fueron perfilando en el horizonte de la producción acuícola de nuestro país: la
acuicultura de los “ricos” y la acuicultura de los “pobres”.
La
primera es una acuicultura con perfil fuertemente empresarial, muchos de ellos
exportadores de pescados y mariscos antes de iniciarse en esta actividad; está
conformada de grupos de inversionistas que tienen capacidad para contratar
créditos de la banca comercial y presentar las garantías que son requeridas en
este tipo de operaciones, y que cómodamente se acogen a los recursos del Estado
pues al fin y al cabo “son a fondo perdido”. La especie predominante es
el camarón por las virtudes de este producto ya antes expuestas. Las
superficies de las granjas rebasan con facilidad operaciones de más de 400 ha.
La
segunda es una acuicultura que se maneja sobre el filo de cumplimiento de las
condiciones mínimas que se tienen que conjuntar para llevar a cabo una
actividad que aunque debe generar excedentes no tiene la capacidad competitiva
ni los volúmenes de producción necesarios para poder abordar el mercado interno
del país, conformándose muy apenas con abastecer negocios locales ubicados
cerca de las regiones productoras. La especie predominante es
la tilapia debido a las ya mencionadas capacidades de crecimiento en casi
cualquier tipo de condiciones. Las superficies de las explotaciones
rondan las 2 ha, con muy pocos casos en el máximo de 5 ha.
Una
competencia desigual por lo recursos aportados por el Estado para el desarrollo
de esta actividad comenzó y a la fecha ha tomado dimensiones francamente
absurdas por los propósitos a los que se apunta por seguir sosteniendo
situaciones que de origen eran insostenibles. El desarrollo de ambas
acuiculturas fue asimétrico y una desigualdad aún mayor en la ecuación de
producción acuícola se fue generando, dejando de lado la alimentación del
pueblo por medio de una especie barata como es la tilapia para privilegiar una
especie como el camarón que producía abundante ingreso de divisas para ser
repartidas entre unos cuantos.
La
versión del año 2014 de apoyo a la producción por acuicultura es un claro
ejemplo de esta planeación que desactiva la participación del pequeño y mediano
productor en nuestro país. Las Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la SAGARPA y CONAPESCA
fueron diseñadas muy a modo para apoyar al sector fuertemente empresarial representado
por los productores de camarón del noroeste, pues entre los requisitos que se
pedían se incluía un Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental,
permiso o concesión de CONAGUA para uso de agua de bienes nacionales, el
ingreso al Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y demostrar que en
especie o en cuentas bancarias se cuenta con una aportación por el 50% del
costo del proyecto para poder ser favorecido por un apoyo.
Sobre
esto hay que manifestar que el requisito de SEMARNAT tiene un costo aproximado
de 25 mil pesos en el caso de un proyecto pequeño, más un ingreso del trámite
en la dependencia con un costo de casi 9 mil quinientos pesos más; tratándose
de CONAGUA tenemos casos de solicitudes no atendidas por la dependencia con más
de 12 años de antigüedad, por lo que este requisito puede llegar a ser casi
imposible de cumplir por una persona del área rural que no tiene los contactos
ni los recursos para lograr que la maquinaria burocrática se movilice, teniendo
como agravante además de que la Ley de Aguas Nacionales considera al
agua para acuicultura en el mismo orden de prelación que el uso industrial y
turístico, asunto absurdo desde el punto de vista que es una actividad que
produce alimento tal como la agricultura o la ganadería ; el ingreso al RNPA es
gratuito y no presenta mayor problema, sin embargo la atención en las
subdelegaciones de CONAPESCA no facilita el primer ingreso ni se orienta al
productor sobre las ventajas de estar empadronado, por lo que se tiene poca
participación en general; en cuanto a la presentación del 50% de los recursos
económicos para aspirar a un proyecto, si consideramos que una unidad acuícola
modesta tiene un precio por arriba de los 350 mil pesos, es poco probable que
un productor del campo pueda presentar 175 mil para cumplir con este requisito
si es que el terreno en que se desarrolla no se puede aportar como parte de sus
activos.
Obviamente
el sector empresarial si los puede cumplir y por tanto tiene acceso a recursos
que en teoría deberían orientarse al desarrollo de un sector acuícola en
general, que en estos momentos quiere pero que definitivamente no puede ni
nacer ni crecer en estas condiciones de falta de apoyo económico.
Como
última noticia se recibió en las subdelegaciones la información de que los
recursos se iban a limitar aún más debido a que se había destinado un monto
extraordinario por más de 600 millones de pesos para atender la situación
de emergencia que se ha presentado en la camaronicultura del noroeste –la de
los “ricos”- debido a la aparición desde el verano del año pasado de la
enfermedad denominada como Síndrome de Necrosis Aguda del
Hepatopáncreas o en su versión corta, Síndrome de Mortalidad
Temprana, provocada por un activísimo virus que de la mano con una bacteria de
presencia común en estanquería de engorda ha arrasado con las operaciones de
cultivo de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, teniéndose el antecedente
de que el año pasado se perdió nada menos que el 90% de la producción de
camarón de cultivo de los estados citados. El recurso será utilizado para
la compra de cría para iniciar el segundo ciclo de producción del año, puesto
que se tienen noticias de que ya se ha perdido por la misma causa casi la
totalidad del primero, sin que hasta la fecha se haya presentado una solución
razonable para eliminar los precursores de la enfermedad, asunto que por cierto
a estas alturas del año es todavía tema de estudio. En otras palabras,
significa que lo más probable es que en cuanto se siembren los estanques con
esta cría serán atacados por la enfermedad y morirán antes de un mes de
cultivo. Seiscientos millones de pesos que pudieran haber sido utilizados
de mucha mejor manera serán tirados a la basura.
Para
la “otra” parte de los acuicultores esto solo significa una cosa: si el año
pasado recibieron poco y pocos son los que en este año tenían posibilidades de
recibir recursos por haber cumplido con sus requisitos, de seguro no
recibirán nada.
Revisemos
entonces las premisas planteadas por el Ejecutivo Federal en su Cruzada contra
el Hambre: una de las principales es que el pueblo produzca el alimento que va
consumir, generando de paso autoempleo que promueva el arraigo del campesino,
ganadero y pescador a su lugar de origen. En la práctica, con las
iniciativas puestas en la mesa por las dependencias encargadas del sector
primario, eso no va a suceder.
Los
empresarios de la “acuicultura de los ricos” se cansarán de perder dinero
–aunque sea del Estado- y migrarán sus bonos por medios electrónicos a otras
inversiones menos riesgosas y más rentables. Los de la acuicultura de los
pobres abandonarán tierra y familia para migrar a medios urbanos, al extranjero
o a campos de cultivo lejanos, en donde en el mejor de los casos se emplearan
casi como esclavos para poder sobrevivir. La oportunidad que entonces se
perderá para consolidar la producción en el campo será inmensa y lamentable.
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